California a un paso de eliminar fianzas antes del juicio
El proyecto de ley que saca el dinero de las decisiones de libertad para los acusados del sistema penal, está sobre la mesa del gobernador
El senador Robert Hertzberg. Crédito: Cortesía Oficina del Senador
Esta semana, California quedó a un paso de eliminar totalmente el sistema de fianzas en efectivo, que en la práctica significa que la capacidad de pago determina quienes son los acusados que permanecen en la cárcel antes de su enjuiciamiento en el sistema penal del estado.
Tras dos años de estancamiento y negociaciones en la legislatura estatal, la asamblea y el senado de California aprobaron esta semana el proyecto de ley SB 10 del senador Bob Hertzberg, demócrata de Van Nuys y AB 42 del asambleísta Rob Bonta, demócrata de Oakland, que elimina las fianzas y las substituye con un sistema de “evaluación de riesgo”.
Si la Ley de Reforma a las Fianzas de California recibe la firma del gobernador Jerry Brown, este sería el primer estado en eliminar el dinero como llave para la libertad, y el sistema judicial comenzaría a usar un sistema de estimación de riesgo aplicado a cada acusado.
Aquí, la fianza promedio es $50,000 dólares, de los cuales $5,000 van a los bolsillos de los agentes o “bail agents”, tres veces más que en el resto del país, y diversos estudios han señalado cómo esto afecta desproporcionadamente a las personas de minorías étnicas.
Los legisladores y los grupos que aún respaldan el cambio, celebraron entusiasmados.
El senador Hertzberg, enarbolando una hoja de papel desde el pleno del senado, dijo tras el voto que “estamos un poco más cerca de un futuro en el que la libertad de las personas no depende de un menú de precios como el de esta lista de fianzas que tengo en la mano”.
Su coautor, el asambleísta Bonta, dijo que “nuestro sistema penal no debe favorecer a los ricos y castigar a los pobres, y con este proyecto, la evaluación se basará en la conducta, hechos y circunstancias de la persona y no el tamaño de su cartera”.
Pero no todo el mundo piensa que la versión del proyecto que fue aprobada por los legisladores es aceptable. De hecho, las últimas modificaciones al mismo causaron la pérdida de algunos aliados para la SB 10, que pasaron de apoyar la reforma a oponerse radicalmente a ella y pedir al gobernador Brown que la vete, llamándola “engañosa”.
Entre los “antes aliados” que ahora se oponen a la medida están la Unión de Libertades Civiles ACLU y la Asociación de Defensores Públicos de California, entre otros, quienes han pedido a Brown que rechace el proyecto, tal y como fue aprobado por la legislatura.
Los grupos argumentan que un sistema de riesgo sería controlado por el sector judicial y de justicia y daría “demasiado poder” a estos para determinar quién sale libre y quién no.
Los tres directores ejecutivos de la ACLU en California -Norte, Sur y San Diego y condado Imperial) hicieron una declaración conjunta esta semana, anunciando el cambio de postura.
“Por mucho que apoyemos el final de las prácticas predatorias de préstamo que caracterizan a la industria de las fianzas, este proyecto no promete una reducción substancial de la detención antes del juicio”, dijeron. “SB10 tampoco ofrece suficiente protección contra los prejuicios raciales y disparidades de nuestro sistema”.
Otros partidarios de la reforma siguen apoyándola, reconociendo que no es perfecta, pero indicando que es un paso seguro a un sistema más justo.
“Este es apenas el comienzo de una reforma que servirá para construir un sistema judicial más justo”, reza la declaración de una coalición de grupos que incluye al Western Center on Law and Poverty y la Federación de Trabajadores de California, entre otros.
Agregaron que continuarían la presión en futuras sesiones de la legislatura y con un nuevo gobernador -ambos comienzan el próximo enero tras las elecciones de noviembre- “para asegurar que SB 10 es solo la base de reformas más ambiciosas en los próximos años”.
Pero el experto constitucionalista Erwin Chemerinsky dijo que las últimas enmiendas al proyecto de ley, realizadas bajo presión del sector policial y de justicia, resultarían en un sistema en el que los jueces tendrían demasiado control sobre la libertad de los detenidos.
“El problema es que la actual versión del proyecto no incluye un criterio para determinar el riesgo de liberación de las personas y le deja los detalles a los condados y localidades, dando a los jueces total discreción de liberar y bajo qué condiciones”, dijo Chemerinksly.
Pero partidarios de la reforma, como el Sindicato Internacional de Trabajadores del Servicio (SEIU) dijeron que el rechazo a esta reforma sigue dejando a los detenidos en las manos de un sistema “racista y depredador de fianzas”.
“Esta ley eliminará totalmente este sistema, que ha separado a tantas madres y padres inocentes de sus hijos”, dijo SEIU en un comunicado.
En los próximos días se verá cuál es la respuesta de Brown. La legislatura de California termina su sesión a finales de este mes.
