Editorial: El efecto de la presidencia en los tribunales de EEUU


Catorce años después del fallecimiento de Ronald Reagan y casi 30 años después de su presidencia, nueve de los jueces que designó a Tribunales de Apelaciones y 13 en las cortes federales siguen en funciones.

A pesar del lapso transcurrido, los magistrados que él eligió siguen afirmando hoy desde el estrado los valores de aquella administración que los eligió.

En este momento el Comité Judicial del Senado celebra audiencias para confirmar al juez Brett Kavanaugh a la Suprema Corte de Justicia. Esta designación, la segunda del presidente Donald Trump al Alto Tribunal, tiene una gran importancia porque vuelca decididamente en favor de los conservadores el equilibrio del panel.

La Suprema Corte tiene la palabra final sobre la legalidad de una ley o una acción, pero solamente escucha entre 80 y 90 casos al año de miles que le son sometidos. Los otros casos se deciden en tribunales inferiores. El Circuito Federal de Apelaciones recibe casi 60,000 casos y los jueces de distrito aproximadamente 270,00 casos.

Es decir que los jueces de los tribunales inferiores son los que en la práctica tienen una influencia más directa e inmediata sobre los individuos. Y precisamente, estos magistrados son los que están siendo nombrados, detrás de las bambalinas y a gran velocidad por la Casa Blanca, y confirmados por el Senado, en donde los republicanos en el poder temen perder su mayoría en las elecciones legislativas de noviembre.

En tan solo 19 meses de gobierno, Trump ha nombrado a 137 jueces. Se estima que si sigue a este ritmo puede reemplazar hasta un tercio de todos los jueces del país, al final de su primer período de cuatro años. Hasta junio pasado se estimaba que 88% de los nuevos jueces eran anglos y 76% hombres, un porcentaje que no refleja ni la composición ni las experiencias de los estadounidenses.

Muchos menos reflejan el pensamiento prevalente en el país. La gran mayoría de los jueces seleccionados por Trump fueron recomendados por la Sociedad Federalista, un centro de estudios conservador que forma abogados que se integran a gobiernos republicanos y al poder judicial.

La filosofía de la organización es que los jueces “interpretan la ley, no la hacen”. Ellos dicen que la idea es seguir la intención original de los firmantes de la Constitución. Esto significa, como señaló en una ocasión el juez Kavanaugh, que las armas de asalto no pueden ser prohibidas porque no se hace referencia a ello en la Constitución. Es ni más ni menos que una justificación para negar los avances de las minorías y los derechos individuales, la oposición al control de armas y el papel regulador del gobierno.

En los tribunales quedará el peor recuerdo de esta presidencia.