Jeff Sessions pide a jueces combatir fraude migratorio


WASHINGTON — El fiscal general, Jeff Sessions, instó este lunes a los jueces de Inmigración a combatir el fraude migratorio, al defender la política de “tolerancia cero” en la frontera sur y las controvertidas normas para evaluar la gestión de esos magistrados.

Durante un acto en la Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria (EOIR), en Falls Church (Virginia), Sessions dio la bienvenida a 44 nuevos jueces de Inmigración, y explicó que la meta de la Administración es incrementar en un 50% el número de jueces de Inmigración.

“Mientras continuamos restablecimiento el imperio de la ley en nuestro sistema migratorio, enviaremos un claro mensaje al mundo de que las prácticas de ilegalidad del pasado se acabaron… el número de extranjeros ilegales y el número de reclamos sin fundamento bajarán”, afirmó.

En la actualidad, hay unos 334 jueces de Inmigración desplazados en 60 tribunales en todo el país, apoyados por abogados y personal administrativo, y tienen a su cargo determinar casos de asilo y refugio, o casos de deportación si los inmigrantes no presentan casos válidos.

Los jueces de inmigración están bajo la supervisión del Departamento de Justicia, con la obligación “de decidir casos de forma eficiente y asegurar que las leyes federales funcionan de forma eficaz, justa y consecuente”, dijo Sessions.

En ese sentido, sin mencionar nombres, Sessions afirmó que “muchos en este país” no creen en resguardar el sistema migratorio sino que se oponen a cualquier medida policial que funcione y muestran una “filosofía de fronteras abiertas”.

“Déjenme decirlo claramente: es perfectamente legítimo, moral y decente que una nación tenga un sistema de  inmigración ilegal y hacerlo cumplir”, y fomentar uno de “fronteras abiertas” es “radical y peligroso”, afirmó.

El Acta de Inmigración y Naturalización (INA) “no es perfecta pero llanamente delinea un esquema racional para la inmigración, que indica a nuestros oficiales y jueces a quiénes se puede admitir, a cuántos y bajo qué circunstancias”, explicó el fiscal general.

Sessions señaló que los abogados de Inmigración intentan obviar la ley para “avanzar los intereses de sus clientes”, pero que el deber de los jueces es evitar que se cometa fraude migratorio.

En alusión a las nuevas normas para evaluar la gestión de los jueces, Sessions dijo que no ofrecerá disculpas por exigir que los magistrados trabajen “a un alto nivel, de forma eficaz y eficiente”.

Asimismo, apoyó la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de criminalizar “al 100%” de los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera y someterlos a un juicio criminal en los tribunales federales.

Según Sessions, los fiscales del Departamento de Justicia ya están procesando judicialmente a más del 90% de los casos referidos a esa agencia por el DHS, es decir, el doble o triple respecto a años anteriores, “y tiene algún efecto disuasorio”.

La política de “tolerancia cero” en la frontera sur, explicó, tiene el objetivo de castigar los cruces ilegales entre los puertos de entrada al país que ponen en riesgo a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Sessions repitió su consabida queja sobre los presuntos abusos del sistema de asilo que, a su juicio, perjudican tanto las leyes en vigor como la seguridad pública y a personas que tienen reclamos justos.

El fiscal general también defendió los cambios que ordenó en el proceso de asilo, de manera que los jueces de inmigración y la Junta de Apelaciones  porque éstos “no tienen la autoridad de cerrar administrativamente los casos”.

“Su trabajo es aplicar la ley, aún en casos difíciles”, enfatizó Sessions, al dirigirse a los nuevos jueces.

Grupos cívicos de la comunidad inmigrante, entre éstos “DHS Watch” de “America´s Voice”, han condenado la política de “tolerancia cero” en la frontera sur y han acusado a Sessions de querer convertir a los jueces de inmigración en una “fuerza de deportación”, en vez de respetar su independencia jurídica.

El  pasado 8 de agosto, la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, en inglés), el sindicato de jueces, presentó una queja ante el Departamento de Justicia, en la que acusó a Sessions de tener “bajo acecho” a los jueces y exigió que no interfiera con las decisiones de los jueces.

En declaraciones a este diario, la jueza angelina Ashley Tabbador, presidenta de NAIJ, dijo hoy que tanto el tono como el contenido del discurso de Sessions subrayan la necesidad de que los tribunales de Inmigración salgan del dominio del Departamento de Justicia y puedan funcionar como sistema independiente.

Sessions quiere imponer las políticas de la Administración a un sistema judicial que se supone debe tomar decisiones con independencia respecto a los casos que evalúa, y a NAIJ le preocupa profundamente que el fiscal general esté poniendo énfasis en la cantidad y no la calidad de la labor de los jueces, explicó Tabbador.

Sessions habló de “maximizar la producción” de los jueces, y enfatizó la “eficiencia” pero omitió por completo discutir el “debido proceso” de los clientes, señaló la jueza de Los Angeles (California).

Tabbador repitió que la imposición de cuotas y plazos que deben cumplir los jueces al evaluar la actuación de los jueces es “indefensible”, entre otras cosas porque los jueces toman decisiones sobre los casos únicamente con base a los hechos y las leyes, y no por qué opinan de las partes o abogados involucrados.