Administración Trump acepta reabrir casos de asilo de ciertas familias separadas en la frontera
El acuerdo es una victoria significativa para grupos defensores de los inmigrantes que han impugnado ante las cortes la separación de familias
Activistas esperan que los familiares deportados puedan reunirse con sus hijos. (Archivo) Crédito: Archivo/EFE
WASHINGTON— La Administración Trump ha aceptado reabrir los casos de asilo que fueron rechazados a más de 1,000 padres separados de sus hijos en la frontera sur, como parte de un acuerdo alcanzado este miércoles y que supone una victoria significativa para defensores de la comunidad inmigrante.
El acuerdo, difundido por el gobierno cerca de la medianoche, es fruto de las negociaciones en el caso “Dora v. Sessions”, al que la Administración decidió sumar otras dos demandas que impugnan la política de “tolerancia cero” y la separación de familias, “Ms. L v. ICE” y “M.M.M v. Sessions”.
Así, el gobierno de Estados Unidos ha aceptado que todos los padres que fueron separados de sus hijos y que perdieron sus casos de asilo al fallar en la etapa de “miedo creíble”, tengan una segunda oportunidad para presentar sus casos, incluyendo nuevas pruebas.
Sin embargo, el acuerdo, que se logró en cuestión de alrededor de tres semanas, no cubre a los padres que ya fueron deportados, según el documento de siete páginas.
“El gobierno no tiene intenciones ni acepta regresar a Estados Unidos a padres deportados o facilitar ningún regreso de esos padres”, aunque los abogados podrán defender “casos individuales” dentro de la demanda colectiva en el caso “Ms. L”, explicó el documento.
“Una labor masiva” en adelante
El acuerdo aún tiene que ser aprobado por el juez federal en Los Angeles (California), Dana Sabraw, quien ha programado una audiencia para el próximo viernes, aunque no se prevé una decisión inmediata.
En declaraciones a este diario, Simón Sandoval Moshenberg, un director legal del “Legal Aid Justice Center” (LAJC), en Virginia, dijo que ahora viene “la labor masiva” de identificar a los inmigrantes que podrían beneficiarse del acuerdo y empezar a gestionar su representación legal.
“El gobierno decidió hacer un acuerdo global y sentarnos a todos (los implicados en los tres casos) en la misma mesa… esto es una segunda oportunidad para que estos padres puedan presentar nuevas evidencias, nuevos testimonios y, sobre todo, tener el derecho a obtener asistencia legal”, señaló.
“El problema fue que la vasta mayoría de padres no pasaron las entrevistas de miedo creíble porque estaban tan traumatizados en ese momento que solo podían pensar en el paradero de sus hijos”, enfatizó.
El universo de posibles beneficiarios, según Sandoval, podría ascender a cerca de 3,000, porque el acuerdo combinó las tres demandas colectivas.
Algunos padres siguen detenidos con sus hijos en zonas remotas en Texas y otros fueron puestos en libertad en diversas partes del país. Por ahora no hay un cronograma establecido para empezar esta labor.
Demandas clave contra el gobierno
El pasado 21 de agosto, el grupo “Muslim Advocates” y LAJC presentaron la demanda ““Dora v. Sessions”en un tribunal de la capital estadounidense, en nombre de 29 padresque fueron separados de sus hijos en el marco de la política de “tolerancia cero” en la frontera sur.
Estos padres fueron sometidos a entrevistas para establecer su “miedo creíble” a la persecución en sus países de origen, que en ese momento parecían su única forma de evitar la deportación expedita.
Cuando se realizaron esas entrevistas, los padres estaban sufriendo sufrido un fuerte trauma por la separación de sus hijos –“LAJC” tiene audio de una madre centroamericana que no hilvanar frase mientras lloraba por su hijo-, y no estaban en condiciones para defender sus casos de asilo, dijo Sandoval Moshenberg.
Como no pudieron contestar bien las preguntas, o siquiera entenderlas, las autoridades migratorias rechazaron sus peticiones de asilo y procedieron a tramitar la deportación de muchos de los padres. El acuerdo significa que aún los padres que tienen órdenes de deportación final pueden reabrir sus casos de asilo.
El caso “Ms. L” fue presentado por la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) en nombre de una madre congolesa que había sido separada de su hija de siete años, cubre a padres indocumentados que entraron con sus hijos y pasaron a la custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS); tienen hijos que fueron separados y enviados a albergues del gobierno a partir del pasado 26 de junio, y padres de hijos que han tenido presencia física en EEUU desde esa fecha.
Esa demanda excluye a padres con antecedentes criminales o enfermedades contagiosas, o aquellos que fueron detenidos al interior de EEUU.
El caso “M.M.M” cubre a los menores de 18 años que fueron separados de sus padres en la frontera antes de la fecha del acuerdo y que han sido o serán reunificados con sus padres por una orden judicial dictada en el caso de “Ms.L”. También en este caso, los menores deben mostrar presencia física en el país desde al menos el pasado 26 de junio.
Sirine Shebaya, abogada del grupo “Muslim Advocates”, consideró que el acuerdo es “una victoria significativa para los padres que fueron privados de una verdadera oportunidad de asilo”.
“Los padres en estas demandas vinieron a EEUU huyendo de indecible violencia, en busca de refugio para ellos y sus hijos. El gobierno los separó a la fuerza de sus hijos, causándoles un trauma sicológico severo… con este acuerdo, finalmente tendrán una verdadera oportunidad de que se les escuche y puedan asegurar la seguridad y estabilidad para ellos y sus familias”, subrayó.
