USCIS busca endurecer política que ayuda a inmigrantes con pago por “green card” u otro beneficio

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) continúa con cambios en sus reglas de operación que, sin esperar a reformas en el Congreso, ayudan a implementar la política migratoria del presidente Donald Trump con base en sus órdenes ejecutivas, como “Comprar americano, contratar a estadounidenses”.

En esta ocasión, la dependencia a cargo de Francis Cissna puso a discusión durante 60 días la política que exime a inmigrantes del pago por la solicitud de cualquier beneficio, como Residencia Legal Permanente o naturalización.

La propuesta es revisar el Formulario I-912 o Solicitud de exención de tarifas, donde el inmigrante expone las razones por las que solicita la excención de pago.

“Un beneficio con comprobación de medios (económicos) es un beneficio público en el que la elegibilidad… el monto del beneficio o ambos se basan en el nivel de ingresos de un individuo”, apunta la autoridad, que especifica que esa selección “puede variar de un estado a otro, según las pautas del nivel de ingresos del estado”.

Como resultado, USCIS afirma que ha otorgado exenciones de tarifas “a personas que no calificarían según el umbral de pobreza y los criterios de dificultades financieras”, es decir, a quienes debió cobrar el servicio.

Actualmente, quienes solicitan ese beneficio pueden escribir una carta que incluyen en su Formulario I-912, pero la autoridad propone endurecer ese proceso.

“No aceptaremos una carta del solicitante que indique que no puede pagar los honorarios de presentación o los honorarios de servicios biométricos sin un Formulario I-912 completado y la documentación de respaldo, para incluir las transcripciones de impuestos federales o un carta de Verificación de No-Presentación de impuestos”, la cual otorga la Oficina de Recaudación de Impuestos (IRS).

La autoridad afirma que otorgará la ayuda si el ingreso familiar anual de quien aplica por un beneficio es igual o ingerior al 150 por ciento de las Pautas Federales de Pobreza (FPG) o si la persona puede demostrar dificultades financieras.

La política del formulario propuesto no cambiará el tipo de servicios que son aplicables para este beneficio, que son más de 30, incluidos remoción de condicionantes de “green card”, incluso aplicar por un Estatus de Protección Temporal (TPS), pago para servicios biométricos, certificados de naturalización, entre otros.

USCIS afirma que realiza este ajuste debido que la exención de tarifas ha aumentado en los últimos ocho años y, por ejemplo, de $344.3 millones de dólares del año fiscal 2016 pasó a $367.9 millones de dólares en 2017.

Agrega que los costos de procesamiento de beneficios migratorios representan el 95 por ciento de los recursos con los que la Dependencia de Seguridad Nacional (DHS) opera.

“Los ingresos por honorarios respaldan más del 95 por ciento del presupuesto”, apunta.

Esta política se suma a la recién anunciada propuesta de “carga pública” que permitirá a oficiales de inmigración determinar si un inmigrante podría representar un problema para las arcas del gobierno federal al solicitar ayuda de alimento o médica.