Activistas y abogados exigen pronta puesta en libertad de niños migrantes en albergues
Pese al plazo vencido, aunque queda niños inmigrantes sin reunirse con sus familias
En Navidad muere otro niño en manos de ICE. Crédito: John Moore/Getty Images
WASHINGTON— La niña guatemalteca “Mary”, de 9 años de edad, figura entre los centenares de niños migrantes bajo custodia federal que aún no han sido reunificados con sus padres, 71 días después de un plazo fijado por un juez federal, según activistas y abogados de la comunidad inmigrante, que este viernes exigieron respuestas a la Administración Trump.
El pasado 26 de julio, el juez federal, Dana Sabraw, fijo un plazo para que la Administración Trump pusiera en libertad y reunificara a más de 2,550 niños migrantes que, en el marco de la política de “tolerancia cero”, fueron separados de sus padres en la frontera.
Los niños y jóvenes menores de 18 años fueron enviados a albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), donde se sumaron a más de 12,000 niños no acompañados bajo su custodia.
La Administración Trump cumplió con varios días de retraso los dos plazos fijados para los niños separados, uno para menores de cinco años, y otro para el resto. Sin embargo, ha alegado siempre que no puede reunificar a más de un centenar de niños aún en los albergues de ORR, entre ellos “Mary”, entre otros factores porque los padres han sido deportados o éstos tienen antecedentes criminales.
Eso ha generado airadas protestas de grupos como la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), que demandó al gobierno para frenar la separación de familias, y de activistas que exigen una pronta solución para los menores.
La abogada Astrid Lockhood, del “Federal Practice Group”, representa a una veintena de familias separadas en la frontera, varias de las cuales, como la de “Mary”, siguen esperando la reunificación con sus hijos, y afirmó a este diario que estas familias “no pueden esperar más”.
“Esta niña entró a EEUU con su tía y un hijo de ésta, porque sus padres ya estaban acá. Una trabajadora social nos ayudó con la reunificación de ese niño con su madre, pero con Mary no hemos tenido suerte; ella sigue detenida”, dijo Lockhood, en entrevista telefónica.
La niña, que usa el pseudónimo de “Mary” para proteger su identidad, no está amparada a una demanda colectiva de ACLU porque no entró con sus padres, según explicó la abogada.
Su padre, al parecer, tiene una ofensa menor y eso lo descalifica para reunificarse con la menor, pero Lockwood indicó que aún cuando él se mudó de vivienda para que la madre pudiera recuperar a su hija, todo esfuerzo ha sido inútil.
Las denuncias de los abogados se producen en medio de informes de que la Administración está ampliando los centros de detención en la frontera sur, para acomodar al creciente número de arrestos de inmigrantes indocumentados.
Por su parte, la senadora demócrata por California, Dianne Feinstein, condenó un informe divulgado el martes pasado por el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que detalló el caos y descoordinación de las autoridades encargadas de la separación de familias.
Al igual que otros demócratas, Feinstein también condenó las condiciones en los centros de detención, que no son aptas para la detención prolongada de inmigrantes.
El informe del Inspector General es importante, tomando en cuenta que el Congreso no ha ordenado una investigación plena sobre el efecto de la política de “tolerancia cero” en la frontera, implementada para disuadir la inmigración ilegal desde Centroamérica.
A la defensiva, el DHS dijo que el informe solo confirma la dificultad de hacer cumplir las leyes de inmigración que carecen de eficacia y, a su juicio, requieren una reforma. Una portavoz del DHS, Katie Waldman, sin embargo, aseguró que la agencia continuará refiriendo a quienes crucen ilegalmente la frontera a los fiscales para su enjuiciamiento.
La Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) ha organizado una protesta y vigilia para mañana sábado en Tornillo (Texas), para denunciar el “encarcelamiento inhumano y la separación de familias”.
Tornillo es una de varias localidades seleccionadas por la Administración Trump para expandir los centros de detención de familias inmigrantes.
