Tepesiana: ‘No somos una carga pública’

El alcalde Eric Garcetti y la supervisora Hilda Solís hablaron sobre el impacto en la ciudad y el condado de Los Ángeles si se consuma el cambio propuesto a la carga pública
Tepesiana: ‘No somos una carga pública’
El alcalde angelino Eric Garcetti señaló que “la propuesta de #PublicCharge es inaceptable y no representa los valores de este país”. / @mayorOFLA

Verónica Lagunas, una inmigrante salvadoreña amparada con el Estatus de Protección Temporal (TPS) quien en el pasado recibió cupones de alimentos, dice que los inmigrantes que se ven obligados a pedir beneficios, no son una carga pública porque ellos han trabajado y pagado impuestos.

“Cuando yo solicité los cupones del WIC, Programa de Nutrición Complementaria Especial para Mujeres, Bebés y Niños, estaba embarazada y fuera del trabajo”, explica.

Detalla que esos cupones le sirvieron para comprar huevos, leche y comida. “Esos cupones permitieron que mis hijos comieran”, dice.

Pero en cuatro meses, volvió a su trabajo como conserje en el que ha estado por 14 años.

Verónica Lagunas, una madre amparada bajo el programa TPS, que recibió beneficios públicos, habla del impacto que tendría en la comunidad latina, el cambio propuesto por la administración Trump. (Araceli Martínez/La Opinión).

Verónica considera como muy trágica para la comunidad latina, la propuesta de la administración Trump para ampliar la definición de las personas que podrían ser consideradas carga pública para trámites migratorios.

“Cuando yo pedí ayuda, no sentía que era una carga, porque durante mucho tiempo yo había trabajado y pagado impuestos. A veces, pedimos un poco de apoyo cuando la economía está mala, pero en cuanto uno se recupera, se pone a trabajar”, dice.

Verónica Lagunas asistió a la conferencia de prensa en la que el alcalde Eric Garcetti y la supervisora Hilda Solís denunciaron el devastador impacto que la regla de la carga pública tendría en las familias de Los Ángeles.

Bajo la propuesta de Trump, cualquier inmigrante documentado que solicite la Residencia Permanente Legal o una visa puede ser rechazado si su familia usa beneficios públicos como cuidado de salud, asistencia para la vivienda, la comida y créditos tributarios creados para las familias y niños de ingresos medios.

Garcetti y Solís urgieron a los angelinos a mandar comentarios públicos al secretario de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen a través del registro público.

“Crear miedo y tomar como blanco a los inmigrantes no hace nada para aumentar la seguridad y fortalecer nuestra economía. No es más que una desgracia pública, y una vergüenza”, afirma el alcalde Garcetti.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís dice que la comunidad tienen que hacerse oír, y por eso los comentarios en línea son muy importantes en el periodo de 60 días que se ha abierto.

Si no paramos esta regla propuesta, más gente va a vivir en la calle, nuestros niños no van a tener sus vacunas, y no van a tener que comer o recibir los servicios que merecen”, sentencia.

La semana pasada, la Junta de Supervisores aprobó unánimemente una acción para oponerse a estos cambios y desarrollar una campaña de educación y respuesta a nivel del condado.

A su vez la oficina del alcalde lanzó el portal lamayor.org/StrongFamiliesLA — que ayuda a las personas preocupadas a compartir sus comentarios, experiencias e historias con el Departamento de Seguridad Nacional en tanto que Washington evalúa las revisiones a la regla.

Las consecuencias

Garcetti y Solís describieron el impacto adverso que tendría la regla de la carga pública en las comunidades y economía angelina.

En el condado de Los Ángeles, más de un millón de inmigrantes reciben Asistencia Temporal para Familias en Necesidad (TANF), cobertura médica a través de MediCal, cupones de alimentos del programa de Asistencia de Nutrición Complementaria (SNAP) y beneficios para el pago de la renta de la vivienda bajo el programa Sección 8.

Si el 25% de las familias de inmigrantes del condado de Los Ángeles renuncian a sus beneficios, el costo anual a la economía local sería por más de 54 millones de dólares en cupones de alimentos CalFresh y más de 8.4 millones de dólares de asistencia a través de TANF (CalWorks).

Si le quitan a 8,500 inmigrantes, los beneficios dela sección 8, se quedarían sin un techo.

La concejal Nury Martínez, autora de la resolución del Concejo de la ciudad de Los Ángeles, que se opone al cambio a la regla, dice que el impacto sería devastador para el bienestar de las familias y niños quienes legalmente reciben servicios públicos como comida.

“También va a desanimar a los inmigrantes de solicitar beneficios porque su residencia permanente estaría en riesgo”, comenta.

Qué hacer

Rigo Reyes, director de la Oficina de Asuntos para Inmigrantes del condado de Los Ángeles recuerda que las puertas del condado continúan abiertas para los inmigrantes y que hay servicios disponibles para que los soliciten y los reciban.

“Queremos que la gente sepa que entendemos su ansiedad, el temor, y mala información que reciben”, subraya.

“Si tienen duda de cómo les afectaría recibir estos beneficios con relación a su estatus, llamen para conectarlos con una agencia de asistencia legal para que miren su caso en particular”, expone.

Y remarca que la propuesta de la carga pública no se ha implementado, y ahora se está en el periodo de comentarios públicos. “Después de ahí, se decidirá si se aprueba. Lo que se apruebe no va a impactar retroactivamente a quienes recibieron beneficios”, enfatiza.