EEUU afronta presiones para mitigar crisis humanitaria en la frontera sur 

WASHINGTON— La crisis de los migrantes centroamericanos en la frontera sur no se resolvería con un cierre de la franja fronteriza ni con un presunto plan en ciernes para dejar en el limbo a solicitantes de asilo en México, como ha sugerido la Administración Trump, según indicaron este miércoles varios expertos.

El domingo pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cerró durante poco más de cinco horas el puerto de San Ysidro (California) para frenar el paso a una caravana de migrantes centroamericanos alojados en albergues o improvisadas tiendas de carpa en un antiguo estadio en Tijuana.

El cierre, en respuesta a centenares de migrantes que intentaron irrumpir a través de una valla fronteriza, dejó varados a decenas de miles de peatones y vehículos, y causó pérdidas por al menos $5,3 millones a negocios entre San Diego y Tijuana.

Se trata de uno de los puertos fronterizos más activos del mundo, por donde pasan a diario más de 90,000 personas, y donde el comercio del sur de California genera ingresos por entre $10 millones y $15 millones, según la empresa consultora transfronteriza “Crossborder Group”.

Ahora, tras las críticas por la represión de migrantes con gases lacrimógenos, la Administración Trump sopesa alternativas, aunque insiste en que hay muchos “criminales” en la caravana” y no todos los que han acampado en México califican para asilo o serían aceptados en EEUU.

La Administración también se queja del “fraude rampante” en solicitudes de asilo, y remacha que ni la pobreza ni el deseo de la reunificación familiar son razones para obtener esa protección, y promete mantener en pie las restricciones para estos migrantes.

De los 78,564 casos de “miedo creíble” presentados en el año fiscal 2017,  la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) dio luz verde a 60,566 para proseguir el proceso de asilo, manteniendo la tendencia a la baja de los últimos años en el número de casos aprobados, según el Foro Nacional de Inmigración.

Frustrado con los tribunales que han frenado sus restricciones, el presidente Donald Trump ha amenazado en varias ocasiones con un cierre permanente de la frontera, poniendo en riesgo el intercambio comercial diario de $1,600 millones entre EEUU y México.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo ayer que el secretario de Estado, Mike Pompeo, asistirá el próximo sábado a la investidura del entrante presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y al día siguiente se reunirá con el próximo canciller, Marcelo Ebrard, para discutir asuntos relacionados con la seguridad fronteriza.

Hasta ahora, México ha servido como una “válvula de escape”, al procesar asilo para unos  3,400 migrantes centroamericanos -de los 8,247 en las “caravanas”-, pero la Administración Trump quiere pactar un acuerdo con el entrante gobierno de AMLO para obligarlos a quedarse en territorio mexicano hasta que se resuelvan sus casos.

“Quédate en México”

Para la Administración, el plan en ciernes, denominado “Quédate en México” (“Remain in Mexico”), es una apuesta de doble ganancia, porque ahorra gastos por la detención y procesamiento de solicitantes de asilo, en el marco de su manifiesta política de eliminar la práctica de “atrapar y soltar” a inmigrantes indocumentados al interior de EEUU.

Estados Unidos ha gastado al menos $72 millones para su despliegue de casi 6,000 soldados en la frontera, aunque el costo aumentará si permanecen en la zona después del 15 de diciembre. Esa cifra es aparte de los millones que gasta el gobierno, dentro de su política de “tolerancia cero”,  para alojar a los migrantes en centros de detención mientras se resuelven sus casos.

La Casa Blanca no ha precisado si EEUU daría asistencia a México para bregar con la situación en la frontera común, una de las condiciones para hacerlo viable como “tercer país seguro”, algo distinto al plan en ciernes.

El polémico acuerdo, de implementarse, normalizaría el limbo en el que se encuentran más de 6,000 migrantes centroamericanos tan sólo en la frontera entre Tijuana y San Diego, muchos de los cuales llevan esperando varias semanas para siquiera llegar al frente de la cola en un puerto de entrada y solicitar asilo.

Varios expertos coincidieron hoy en que el plan sólo agravaría el caos, además de que, por ley y por una reciente orden judicial, EEUU tiene la obligación de procesar a solicitantes de asilo.

Lee Gelernt, un abogado de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), dijo que aún no ha visto una propuesta específica pero considera que “dejar varados en México a solicitantes de asilo puede exponerlos al peligro”.

“La Administración Trump debería centrar sus esfuerzos en proveer un proceso de asilo legal y justo suelo estadounidense, en vez de buscar más formas de minarlo”, afirmó Gelernt, cuyo grupo ha impugnado en las cortes las restricciones al asilo.

Por su parte,  Duncan Wood, presidente del Instituto de México del Centro Woodrow Wilson, dijo que “claramente, la Administración está haciendo un cálculo de que puede lograr eventualmente un acuerdo con México respecto a servir como tercer vía para los migrantes, tomando el ejemplo de la Unión Europea y Turquía”.

“Al hacer más difícil el ingreso a EEUU, la Administración espera que los migrantes se vean forzados a buscar refugio en México”, agregó.

Wood vaticinó que AMLO afrontará presiones dentro de su propio partido, Morena, para responder a cualquier incidente en la frontera, tomando en cuenta el sentimiento “anti-estadounidense” en varios sectores del país.

En entrevista telefónica desde Tijuana, Francesca Fontanini, portavoz para América Latina de la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR), dijo que, a raíz del incidente del domingo pasado, México ha registrado en la zona el doble de solicitudes de asilo de migrantes centroamericanos.

“Hemos observado dos tipos de reacciones: personas que están pidiendo regresar a sus países, y personas que están solicitando asilo en México. Parte de eso se debe a que están mejor informados, y a que reconocen las dificultades” de ingresar a EEUU, dijo Fontanini, quien ha recabado testimonios de los migrantes.

Philip Wolgin, director de política migratoria del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), señaló que el acuerdo en ciernes no establecería a México como “un tercer país seguro”, no frenaría la emigración ilegal de Centroamérica, y no está claro que sería reafirmado por las cortes.

Wolgin recetó varias soluciones: reducir las tensiones y evitar más ataques con gases lacrimógenos; ampliar la capacidad para procesar de forma ordenada los casos de asilo; ayudar a México a fortalecer su capacidad para otorgar asilo, y combatir las causas de la emigración ilegal desde el “Triángulo del Norte”. 

Mientras, Ebrard, el entrante canciller de México, dijo ayer que no habrá deportación de solicitantes de asilo.

“México nunca ha deportado -en toda su historia que yo sepa- a ningún migrante en Tijuana porque esté esperando a que le den asilo. México, desde luego, no está pensando en deportarlos. Entonces, ¿Qué hay que hacer? Pues prepararse para asumir que van a estar una parte de ellos en territorio mexicano y en esa zona durante los próximos meses”, señaló.

Las largas colas y tensa espera en los puertos de entrada no se deben a la “invasión” de migrantes de la que ha advertido Trump, sino a una serie de medidas de su gobierno para restringir el acceso al asilo, incluyendo la detención prolongada de familias.

Una crisis anunciada

La Administración Trump ha dicho que los migrantes tienen que usar los puntos de entrada oficiales para evitar la separación familiar pero, sobre el terreno, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) les cierran el paso, o les dicen que “vuelvan más tarde” por falta de espacio o recursos para procesarlos.

El jefe de la Patrulla Fronteriza en San Diego (California), Rodney Scott, ha dicho que la agencia se había preparado para la llegada de la caravana a la frontera sur, pero un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del DHS, difundido en septiembre pasado, reveló que la instrucción para los agentes era desalentar los cruces.

Una de las “acciones operacionales” del DHS para bloquear el acceso al asilo ha sido reducir drásticamente el número de solicitantes procesados a diario –un proceso conocido en inglés como “metering”- de tal manera que la espera en México sea tan larga como frustrante.

El DHS reconoció que esa táctica para “el manejo de las colas” comenzó como un programa “piloto” en junio pasado, por órdenes de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. Sólo que ahora, según activistas, la práctica ya no es un experimento sino que se ha convertido en la nueva normalidad.

Así, las opciones para los migrantes son pocas: permanecer en albergues o al intemperie en México sin saber si podrán llegar a un puerto de entrada, ni cuándo, o lanzarse por puntos no establecidos, a nado o en zonas remotas y peligrosas, y arriesgar el arresto y deportación.

Jueces, no soldados

En vez de destinar más fondos para la contratación de jueces de inmigración –para aliviar el retraso actual de 714,067 casos en los tribunales, la Administración solo ha solicitado para el año fiscal 2019 poco más de $39 millones, es decir, una reducción del 47% sobre el año anterior.

Por ello, el consenso entre grupos humanitarios es que la Administración solicite al Congreso fondos para ampliar la capacidad de la CBP para procesar más casos de asilo, tanto en sus instalaciones como en el número de oficiales.

En el puerto de San Ysidro, por ejemplo, sólo hay capacidad para detener y procesar a un máximo de 300 solicitantes, pero en las últimas semanas el promedio no supera los 60.

Nicole Ramos, directora del Proyecto de Derechos de la Frontera del grupo “Al Otro Lado”, señaló que la negativa de EEUU de preparar más recursos para la llegada de los migrantes “ha creado una crisis humanitaria en Tijuana y otras ciudades fronterizas en México”.

“Es inconcebible que un gobierno, presuntamente entre los más ricos y poderosos del mundo, optó por instalar alambrados de púa y soldados, en vez de elaborar estrategias y espacios para procesar a los refugiados de forma expedita y con la dignidad humana que todos los seres humanos merecen”, se quejó Ramos.

“Esta respuesta disminuye enormemente la reputación de EEUU como un defensor de los derechos humanos”, argumentó.

Grupos como “Al Otro Lado” y el “National Lawyers Guild”, del lado estadounidense, lideran una campaña para “reclutar” a voluntarios y abogados para asistir a los migrantes con información y ayuda legal.