Juez federal anula mayoría de restricciones de Sessions al proceso de asilo para víctimas de violencia
El juez Emmet Sullivan ordenó que la Administración retornar a EEUU a los demandantes que fueron deportados bajo las nuevas restricciones de asilo
Con el acuerdo, las familias podrían tener la opción de aplicar por asilo. Crédito: John Moore | Getty Images
WASHINGTON — Un tribunal federal en Washington anuló este miércoles la mayoría de las restricciones de la Administración Trump al proceso de asilo para inmigrantes que huyen de la violencia doméstica o de las pandillas, al afirmar que éstas no tienen “base legal”.
En un documento de 107 páginas, el juez federal, Emmet Sullivan, explicó que las restricciones anunciadas en junio pasado por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, para que las autoridades puedan negar asilo a quienes han sido víctimas de violencia doméstica o de las pandillas no tienen fundamento.
“No hay una base legal para una veda categórica” contra quienes solicitan asilo por ese tipo de casos, dijo Sullivan, al bloquear de forma permanente las restricciones, impugnadas en una demanda colectiva.
En su memorándum, Sullivan señaló que cuando el Congreso aprobó el “Acta de Refugiados de 1980”, sus intenciones fueron muy claras: su propósito era hacer cumplir “la política histórica de EEUU de responder a las necesidades urgentes de personas sujetas a la persecución” en sus países de origen.
El Congreso aprobó otra ley en 1996, el “Acta de Inmigración y Nacionalidad” (INA), que permite deportar de forma expedita a personas que no pueden establecer un caso de “miedo creíble” a la persecución, logrando un equilibrio entre un sistema migratorio eficiente y protección para quienes tienen casos de asilo legítimos, agregó Sullivan.
Es la voluntad del Congreso, y no “los caprichos del Ejecutivo”, lo que determina las normas para deportaciones expeditas, y por ello el tribunal considera que las restricciones son “ilegales”, precisó el magistrado.
El juez federal, designado por la Administración Clinton, también ordenó que la Administración Trump no sólo devuelva a EEUU a los demandantes que fueron deportados bajo las restricciones sino también que les provea “nuevas determinaciones sobre miedo creíble, congruentes con las leyes de inmigración”.
El dictamen de Sullivan respondió así a una demanda interpuesta por la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) y el Centro para Estudios de Género y Refugiados (CGRS) contra el fiscal general interino, Matthew Whitaker, para impugnar las deportaciones de esos solicitantes de asilo.
La demanda “Grace v. Whitaker” fue entablada en nombre de inmigrantes que alegaron que fueron víctimas de abuso sexual, secuestro y golpizas.
Aunque las autoridades creyeron en la sinceridad de los solicitantes de asilo, les negaron sus casos al aplicar las nuevas restricciones.
Jennifer Chang Newell, abogada del “Proyecto de Derechos de los Inmigrantes” de ACLU, dijo en un comunicado que el dictamen es una “derrota” para los ataques de la Administración contra los derechos de los solicitantes de asilo.
El esfuerzo del gobierno de anular las protecciones de asilo “es ilegal e incongruente con el compromiso de larga data de nuestro país de proteger a inmigrantes que huyen para salvar sus vidas”, agregó.
Eunice Lee, co-directora legal del CGRS, dijo que el dictamen de Sullivan significa que el sistema de asilo sigue abierto a los refugiados en la frontera, incluyendo a los que huyen de violencia doméstica o de las pandillas.
El derecho internacional protege a estos individuos, que además tienen un “derecho inequívoco a solicitar asilo” en EEUU, subrayó Lee.
El dictamen de Sullivan es otro revés a la política migratoria de la Administración Trump para frenar el paso a solicitantes de asilo, y no está claro si el Departamento de Justicia lo apelará.
Sin embargo, un portavoz del Departamento de Justicia, Steve Stafford, dijo a la prensa que “el asilo es solo para quienes tienen miedo creíble a la persecución por su raza, nacionalidad, religión, opinión política, o asociación en un grupos social particular”, y la orden de Sessions cumplía con ese requisito.
“Estamos revisando nuestras opciones respecto a este dictamen, y seguiremos restableciendo el imperio de la ley en nuestro sistema de inmigración”, aseguró Stafford.
En agosto pasado, Sullivan también había ordenado el regreso de una madre y su hija menor, que habían sido deportadas a El Salvador, pese a que recibió garantías del gobierno de que los demandantes no serían expulsados mientras se ventilaba el caso.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, acudirá a una audiencia en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes mañana, jueves, donde se prevé que afrontará duras críticas de la oposición demócrata por la continua represión de inmigrantes en la frontera sur.
Ante la llegada de caravanas de inmigrantes en la frontera sur, Nielsen ha dicho en las últimas semanas que la pobreza o los deseos de reunificación familiar no son razones para pedir asilo o cruzar ilegalmente la frontera, repitiendo los argumentos de la Administración contra estos inmigrantes.
El pasado 8 de noviembre, la Administración Trump volvió a apretar las tuercas al sistema de asilo, al anunciar nuevos reglamentos que niegan el acceso a esa protección a inmigrantes que no entren por los puntos de entrada oficiales.
Los reglamentos figuraron entre las primeras medidas que anunció Whitaker, un día después de ser nombrado al cargo en reemplazo de Sessions.
