Inmigrantes indocumentados no pueden poseer armas en Estados Unidos

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó una apelación de Víctor Manuel Torres, un residente de San José, California que fue condenado por violar la ley federal

Inmigrantes indocumentados no pueden poseer armas de fuego. (Archivo)

Inmigrantes indocumentados no pueden poseer armas de fuego. (Archivo) Crédito: Getty Images

Una ley que prohíbe a los inmigrantes indocumentados poseer armas de fuego no viola la Segunda Enmienda, determinó un tribunal federal de apelaciones esta semana.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó una apelación de Víctor Manuel Torres, un residente de San José, California que fue condenado por violar la ley federal.

Torres apeló, argumentando que los inmigrantes que están en el país sin permiso legal tienen el derecho de la Segunda Enmienda a poseer un arma, reportó el periódico Los Angeles Times.

La Segunda Enmienda a la Constitución de Estados Unidos garantiza el derecho de las personas a portar armas. Pero el Noveno Circuito dijo que el derecho constitucional no era ilimitado, y que la ley federal era un ejercicio válido de la autoridad del Congreso.

“Los intereses del gobierno en controlar el crimen y garantizar la seguridad pública se promueven al mantener las armas de fuego fuera del alcance de los extranjeros ilegales”, escribió el Juez N. Randy Smith, del Noveno Circuito, designado por el expresidente George W. Bush.

El panel observó que los inmigrantes indocumentados están sujetos a deportación y “son difíciles de monitorear debido a un incentivo inherente para falsificar información y evadir a las autoridades”.

Armas en despliegue durante una conferencia de prensa en Los Angeles. (Aurelia Ventura/La Opinion)
Armas en despliegue durante una conferencia de prensa en Los Angeles. (Aurelia Ventura/La Opinion)

Estos inmigrantes “ya han demostrado que no pueden o no están dispuestos a cumplir su conducta con las leyes de este país”, escribió Smith, secundado por el Juez Jefe del Noveno Circuito Sidney R. Thomas, designado por el expresidente Clinton y Sharon L. Gleason, una juez de distrito de Alaska nombrada por el expresidente Obama.

Torres, nacido en México en 1985, tenía 4 años cuando ingresó al país sin permiso con una hermana menor y su madre.

La corte dijo que fue expulsado de la escuela secundaria en 2000 porque era miembro de la pandilla Sur Santos Pride, a la que se unió a los 14 años.

En 2002, cuando tenía 16 años, sus padres lo enviaron de regreso a México.

Cuando Torres llegó a la edad adulta, trató tres veces de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, lográndolo la tercera vez en 2005.

Se unió a su familia en San José, trabajó para el negocio de paisajismo de su padre y se casó con una ciudadana estadounidense en el 2012. Nunca solicitó el estatus legal.

En 2014, la policía de la ciudad de Los Gatos lo arrestó después de descubrir que tenía una bicicleta robada, un revólver cargado, lo que parecían ser silenciadores hechos en casa para la pistola y cortadores de pernos.

Un jurado lo declaró culpable y lo sentenciaron a 27 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada.

Adam G. Gasner, el abogado de Torres, dijo que el inmigrante enfrentará la deportación después de salir de la prisión.

Gasner dijo que creía que era injusto que un inmigrante indocumentado que posee un arma para proteger la propiedad u obtener alimentos siga sujeto a una condena por delito grave.

“La Constitución se aplica a las personas indocumentadas en todos los demás aspectos”, dijo Gasner quien aún no ha decidido si apelará la decisión.

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