Varios notarios de Los Ángeles enfrentan condenas por fraude migratorio

Fiscal Jackie Lacey elogia a nueva unidad por condenas en estafas migratorias
Varios notarios de Los Ángeles enfrentan condenas por fraude migratorio
Un grupo de abogados alertaron acerca de los fraudes que se cometen en trámites migratorios a través de notarios. (ARchivo)
Foto: ARchivo / La Opinión - Aurelia Ventura

La Fiscal de Distrito del condado de Los Ángeles Jackie Lacey elogió este martes la labor de la Unidad de Fraude de Notario, la cual está dedicada a enjuiciar a los que cometen estafas de inmigración y a los que ejercen abogacía sin licencia.

“Nuestra gran diversidad atrae a demasiadas personas buscando manipular o engañar a algunos de nuestra población recién llegada para robarles su dinero bien ganado”, dijo la fiscal Lacey. “Como resultado, muchos de nuestros vecinos son más susceptibles a ser víctimas de fraude y otros crímenes financieros debido a sus orígenes culturales y situación económica”.

“Todos – sin importar su estado migratorio – merecen protección en contra de estos crímenes y merecen justicia cuando han caído víctima”, añadió la Fiscal de Distrito Lacey. “Enjuiciaré agresivamente a todos los que abusan de otra persona por tener diferente lenguaje, cultura o estado migratorio”.

La Unidad de Fraude de Notario enjuicia casos involucrando fraude migratorio y el ejercer abogacía sin licencia por parte de ladrones quienes cobran pagos altos a las víctimas sin llevar a cabo ningún servicio.

El término “notario” es una palabra que frecuentemente se intercambia con “abogado” en algunos países de América Latina. En California, es ilegal el que consultores de inmigración se identifiquen como “notarios” porque insinúa que son abogados licenciados.

La unidad trata estos casos, no solo entre la gran población latina del Condado de Los Ángeles, pero en todas las diversas comunidades de diferentes culturas, lenguas y orígenes.

Romina Zadorian

La necesidad de este esfuerzo especializado es todavía más necesario aquí, donde más de una tercera parte de las 10 millones de personas que viven en el condado nacieron fuera de los Estados Unidos y se habla en casa más de 185 lenguajes, de acuerdo a la información más reciente de la Oficina del Censo de EEUU.

La Unidad de Fraude de Notario está formada por dos fiscales asociados y una investigadora bajo la División de Protección al Consumidor. Llevan a cabo programas comunitarios de educación, participan en grupos especiales de inmigración, redactan legislación para proteger al consumidor de mejor manera y entrenan a fiscales, oficiales de la policía y defensores del consumidor.

Condenas recientes

En años recientes, la Fiscalía ha logrado condenas en varios casos importantes de fraude de notario y estafas de inmigración. Los casos incluyen:

Romina Aida Zadorian, de 49 años y residente de Montebello, quien fingía ser una abogada o empleada del gobierno y cobraba a sus víctimas por servicios migratorios que nunca recibieron.  Fue hallada culpable la semana pasada de cometer hurto mayor, extorsión y usar documentos del gobierno falsos. Fue condenada a 15 años de prisión y se le ordenó pagar más de $660,000 dólares de restitución a sus 91 víctimas.

Gregory Chávez

Gregory Chávez, de 55 años y residente de Porter Ranch, fingió ser un oficial de la ley y prometió a las familias de inmigrantes detenidos que podía sacarlos de la cárcel a cambio de un precio. En julio 2017, Chávez fue condenado a 10 años en la cárcel y cinco años bajo supervisión obligatoria. También fue ordenado a pagar $549,000 dóolares en restitución a sus 102 víctimas.

Augusto “Tito” González de la Cruz

Augusto “Tito” González De La Cruz, de 58 años y con residencia en Upland, decía ser un abogado de inmigración y prometió a sus clientes que les podía acelerar su proceso de visas, tarjetas de residente y peticiones de ciudadanía. En octubre, González De La Cruz recibió una condena de cinco años de cárcel y cuatro años bajo supervisión obligatoria. Se le ordenó que pagara $400,000 en restitución a sus 35 víctimas.

Dalila Moreno

Dalila Moreno, de 64 años y residente del Este de Los Ángeles, les dijo a sus víctimas que trabajaba para el gobierno o que tenía conexiones especiales en el gobierno. Prometió acelerar el proceso del papeleo de inmigración. También falsificó visas y creó sellos de pasaporte falsos. En diciembre, Moreno recibió una condena de nueve años en la cárcel y tres años bajo supervisión obligatoria. Se le ordenó que pagara $303,500 dólares en restitución a sus 32 víctimas.

El mes que viene, la Fiscal de Distrito Lacey juntará a fiscales, agentes de la policía, políticos electos y defensores comunitarios para hablar de maneras de cómo trabajar juntos para proteger a los consumidores de pérdidas financieras devastadoras causadas por actividad criminal.

Se le anima a cualquiera quien crea que ha sido víctima de una estafa de inmigración a llamar a la Unidad de Fraude de Notario al (213) 257-2450.