Inmigrantes son perseguidos por su pasado… y por ICE

Eduardo Vega Padilla llegó a Estados Unidos en los brazos de su madre, quien en 1966 emigró de México para trabajar en el norte de California. En cuestión de meses la señora obtuvo la residencia permanente para su chamaco, pero el proceso migratorio nunca avanzó al nivel de ciudanía.

Años después la desidia por ese trámite le habría de causar más que dolores de cabeza al meterse en problemas con la ley que lo convirtieron en un perseguido del sistema de inmigración.

Aunque hace tres años una resolución judicial estuvo a su favor y pudo cantar victoria para librarse de las leyes migratorias que lo mantuvieron preso, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos emitió un fallo que desafinó tanto a Eduardo como a miles de inmigrantes con antecedentes penales que parecían entonar aquella canción de José José: “Ya lo pasado, pasado”.

La decisión del Tribunal Supremo hará que el fantasma de la deportación se les vuelva a aparecer a quienes tienen récord criminal, sin importar que hayan sido cometidos décadas atrás, o que muchos de los delitos en la actualidad son considerados faltas menores, como la posesión de drogas.

El fallo judicial tuvo 5 votos a favor y 4 en contra. Los magistrados que lo aprobaron son conservadores, el más reciente de ellos es el cargo es el juez Brett Kavanaugh, quien fue nomimado por el presidente Donald Trump.

Los cinco conservadores del Tribunal Supremo argumentaron a favor de una cláusula de la Ley de Inmigración de 1996 que establece que los agentes federales deberán tomar en custodia a los inmigrantes que hayan sido condenados por ciertos delitos para someterlos a proceso de deportación.

La cláusula había quedado sin efecto hace tres años por un fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, pero la resolución del martes la reactiva en respaldo a las medidas antiinmigrantes del presidente Trump.

“Es un fallo decepcionante que expone a miles de inmigrantes a una posible violación del debido proceso, especialmente para aquellos que hayan cometido una falta en el pasado sin importar si la falta fue menor”, consideró Jorge Mario Cabrera, representante de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA).

“La decisión de la corte es política y no basada en una verdad irrefutable: los inmigrantes indocumentados son seres humanos igual que cualquier otra persona y tratarles como menos es un grave error y la historia se encargará de juzgar severamente a estos magistrados y a la administración de Trump”, agregó.

La Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), que había logrado que la cláusula de la ley quedara sin efecto, también lamentó la resolución de los magistrados al señalar que estos cinco magistrados están respaldando “la interpretación más extrema de los estatutos de detención de inmigrantes”.

Los inmigrantes que cometieron algún delito, aunque hayan pasado décadas y sin importar que hayan pagado su deuda con la sociedad al cumplir una condena en prisión; están en riesgo de volver a ser detenidos, encarcelados por tiempo indefinido y sin derecho a fianza.

Ya lo pasado… ¿pasado?

 Durante su niñez y adolescencia Eduardo se desenvolvió en un suburbio de Sacramento que cuenta con los niveles más altos de criminalidad en el estado, pero los problemas con la justicia le llegaron en su juventud tardía, cuando en 1997 atravesaba por una difícil situación que lo condujo a las drogas y fue arrestado en posesión.

En 1999 volvió a caer en el mismo delito y dos años después, mientras estaba en ‘probation’ (libertad bajo supervisión), la policía registró su domicilio y encontró una pistola en un cobertizo trasero de la vivienda, por lo que tuvo obtuvo una sentencia de seis meses que cumplió en 2002.

Más de una década después, Eduardo recibió una visita inesperada cuando el 15 de agosto de 2013 agentes de la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se presentaron en su casa.

Los agentes de negro llegaron para cumplir con la “detención obligatoria” que establece en uno de sus apartados la Ley INA (Immigration and Nationality Act) firmada en 1996 firmó el presidente Bill Clinton.

Meses después Eduardo fue liberado al cubrir una fianza de $1,500 dólares luego de que la Unión Americana para la Libertades Civiles (ACLU) interpusiera una demanda por considerar que esa cláusula viola el derecho de debido proceso al mantener detenidos por tiempo indefinido a los inmigrantes y sin que tengan la oportunidad de solicitar una fianza.

En agosto de 2016 la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito le dio la razón a la ACLU que representó a Eduardo, junto con Mony Preap y Juan Lozano Magdaleno, en nombre de los 30,000 inmigrantes que a diario permanecen detenidos en cárceles de ICE.

Sin embargo, por la decisión que esta semana tomó la Corte Suprema de los Estados Unidos, Eduardo podría volver a recibir la visita de ICE por los antecedentes penales de hace más de dos décadas y por los cuales ya habría pagado su deuda con la sociedad al cumplir su condena en prisión.