Organizaciones acusan al presidente Trump de poner en peligro la vida de las personas que solicitan asilo 

Los activistas acusaron al Gobierno federal de tratar a los inmigrantes de forma ‘inhumana y contraria a la ley’

Niños solicitantes de asilo de México y América Central en un refugio en Tijuana.

Niños solicitantes de asilo de México y América Central en un refugio en Tijuana.  Crédito: GUILLERMO ARIAS/AFP/Getty Images

Tres organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes acusaron ayer ante la Justicia al presidente, Donald Trump, de “poner en peligro” las vidas de los demandantes de asilo con su política de hacerles regresar a México mientras se consideran sus casos.

“Hemos pedido a la corte que bloquee la medida. El juez se ha mostrado preocupado ante lo que está ocurriendo, de manera que somos moderadamente optimistas sobre la decisión que pueda tomar”, explicó Jennifer Chang, una de las abogadas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que lleva el caso.

El juez del distrito del Norte de California (con sede en San Francisco) Richard Seeborg escuchó este viernes los argumentos de Chang y el resto de querellantes, quienes acusaron al Gobierno federal de tratar a los inmigrantes de forma “inhumana y contraria a la ley”.

Las organizaciones que representan a los solicitantes de asilo en el país son, además de ACLU, el Centro Legal para la Pobreza Sureña y el Centro para Estudios de Género y Refugiados.

“La corte es consciente de que se trata de un asunto urgente porque hay personas que están sufriendo”, apuntó Chang, quien se mostró confiada en que la resolución se produzca rápidamente, pese a que el magistrado no ha determinado todavía una fecha.

La demanda contra el Gobierno fue presentada el pasado 14 de febrero en representación de once solicitantes de asilo después de que el Departamento de Seguridad Nacional modificase su política en este campo y en lugar de permitirles permanecer en el país mientras se resolviese su caso, empezó a mandarlos a México.

Según las organizaciones querellantes, la medida es contraria a la ley de Inmigración y Nacionalidad, a la ley de Procedimiento Administrativo y a la “obligación” de EE.UU. bajo las leyes internacionales de derechos humanos de no devolver a personas a países en los que existan condiciones de peligro.

“Lo intente como lo intente, la Administración de Trump no puede saltarse la ley para detener a personas que están huyendo del peligro y la persecución y que buscan asilo en EE.UU.”, dijo durante los argumentos orales la directora adjunta del proyecto para los derechos de los inmigrantes de ACLU, Judy Rabinovitz.

La Justicia californiana, de tendencia más progresista que la mayoría de las Cortes del resto del país, se ha erigido en favorita para los activistas para presentar demandas contra el Gobierno de Trump, especialmente en materia migratoria, en la que la Administración ya ha sufrido varios reveses.

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