Presión para aprobar La ley Gabriel y evitar abusos contra niños

La señora Soledad reconoce que fue a causa de la violencia doméstica que hace poco más de cuatro años perdió de manera temporal la custodia de sus siete hijos.

“Ahora me doy cuenta que no solo me estaba lastimando a mí pero también a mis hijos… Lo que no imaginaba es que los iba a exponer de experimentar violencia doméstica a vivir tortura”, recalcó la mujer, quien por temor a represalias decidió no revelar se verdadero nombre.

Soledad, quien reside en Lancaster, dijo que sus hijos fueron removidos de su vivienda por el Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) y que la trabajadora social, a cargo de sus casos, envió a los pequeños a casas de cuidado temporal.

“La familia que estaba al cuidado de mis hijos de 7, 3 y 2 años y mi bebé, de 8 meses, eran sus familiares [de la trabajadora] por eso se los dio a ellos”, dijo la madre quien aseguró que en ese lugar sus hijos sufrieron abuso emocional, físico y sexual. Cuenta que en noviembre de 2017 durante una de sus visitas supervisadas notó que sus niños tenían moretones y golpes.

“Yo miré a mi niña que no podía ni caminar y pensé que estaba escaldada pero fui al baño con ella y la vi que estaba hinchada, lastimada de sus partes íntimas y tenía hasta sangre”, recordó Soledad.

“Yo le dije a la trabajadora social que necesitaba que le hicieran un examen, que llamaran a la policía o algo y ella dijo que no. Entonces le dije que le iba a tomar fotos y [también] me dijo que no porque me iba a acusar de pornografía infantil”.

Indica que desesperada, Soledad fue a la policía unos días después y ellos encontraron abuso físico y sexual.

“Pero el DCFS me amenazó de que me iban a quitar la visita extendida, que me tenía que quedar callada y no decir ni hacer nada”, dijo la madre de origen guatemalteco.

Sin muchas explicaciones, a mediados de 2018 Soledad recuperó la custodia de sus seis hijos menores de 18 años.

Por la Ley Gabriel

Es a causa de esta tragedia y para evitar que más familias sufran lo que sus hijos pasaron que Soledad decidió unirse a la organización no lucrativa SALVA y al asambleísta Tom Lackey, representante del Distrito 36, para luchar por la propuesta de ley AB 1450 mejor conocida como “Gabriel’s Law” (La Ley Gabriel).

La propuesta de ley, que lleva el nombre de Gabriel Fernández —un niño de 8 años de edad que fue torturado por su madre y el novio de ésta en su hogar de Palmdale hasta que falleció en 2013— busca proteger a los niños del condado de Los Ángeles.

En concreto, y de aprobarse la medida, haría que los trabajadores sociales del condado angelino colocaran de manera obligatoria y en un registro digital las visitas que hacen dentro de la comunidad de Lancaster.

La propuesta fue presentada el 9 de abril y el Comité de Seguridad Pública de California optó por realizar algunos cambios que el asambleísta Lackey aceptó.

Brian Anguiano, vocero del asambleísta, indicó que Lackey es vicepresidente del Comité de Seguridad Pública donde se escuchó la propuesta la semana pasada.

“La legislación no se va a escuchar por el resto del año pero el presidente del comité ofreció reconsideración… Lo que significa que la oficina del asambleísta Lackey y el comité de seguridad pública van a trabajar juntos para encontrar una solución donde ambas partes se sientan cómodas y este proyecto de ley avance”, explicó.

“El proceso no se llevará acabo hasta después de otoño cuando se reconsideren las propuestas leyes del próximo año”, añadió Anguiano.

Mientras tanto, la oficina del asambleísta Lackey busca la mayor participación de las organizaciones que trabajan a favor de los niños y buscarán historias similares a las de Gabriel y los hijos de la señora Soledad en diferentes partes del estado.

Organizaciones como ACLU también apoyan la propuesta de ley.

Ahora se pide que las personas que quieran compartir sus testimonios no duden en hacerlo ya que “podrían crear cambios importantes”.

De ser aprobada, la Ley Gabriel exigiría a cada condado establecer una base de datos privada y segura en línea para informar denuncias fundamentadas de informes de abuso y negligencia infantil.

En dicho sistema de datos nadie podrá manipular la información que pone el Sheriff, los trabajadores sociales, el DCSF o compañías privadas.

Juana Aguilar, vocera de DCFS, dijo que no pueden comentar en casos específicos pero cuando hay alegatos de abuso se hace una investigación por parte de DCFS y Community Care Licensing.

“Si se confirma que hay abuso se le quita la licencia a la familia foster. Se hace una investigación policiaca también y puede haber arrestos”, dijo Aguilar.

Al mismo tiempo se busca a algún familiar para el menor o se lleva con otra familia foster.

“Los menores no son entregados a los padres hasta que estos terminen sus clases y la corte apruebe que pueden tener a los niños de regreso”, añadió Aguilar.

La portavoz aseveró que para prevenir que estos abusos ocurran con familias de crianza los trabajadores de DCFS visitan las casas al menos una vez por mes.

Para compartir sus testimonios puede enviar un correo electrónico a la organización SALVA a sal.vaenelvalledelantilope@gmail.com o visitando la página del asambleísta Lackey AQUI