¿Por qué se pelean el gobernador y el fiscal de Veracruz?

Se acusan mutuamente de obstaculizar la justicia y permitir que el estado se desangre por la violencia
¿Por qué se pelean el gobernador y el fiscal de Veracruz?
Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz.
Foto: Twitter

MEXICO – En el estado de Veracruz, uno de los más golpeados por la violencia del crimen organizado, se libera una batalla campal entre dos titanes del poder local: el gobernador Cuitláhuac García, quien llegó al poder por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el fiscal del estado Jorge Winckler, respaldado por el Partido Acción Nacional (PAN).

Ambos funcionarios se acusan mutuamente de obstaculizar la justicia y permitir que el estado se desangre por la violencia derivada de una lucha por el control de la plaza para venta y tráfico de droga, secuestros, extorsiones y enriquecimiento ilícito.

“Es parte del hampa”, acusa García. “Les estorbo para proteger intereses”, responde Winckler.

Lo cierto es que el pleito ––que lleva varios meses en tribunales de justicia, en el congreso y hasta en la Comisión Estatal de Derechos Humanos–– es simbólico porque es la primera vez que un fiscal en el país no responde al gobernante local en turno, es decir, que no le debe ningún favor al gobernador.

Lejos de modelos democráticos como el de California, donde el fiscal se elige en las urnas, los presidentes de la República y los gobernadores se han negado a dejar el privilegio de nombrar ellos mismos al procurador de justicia. Por presiones de la sociedad civil, sólo se ha permitido enviar una terna en el congreso, donde coloca a su favorito frente a rivales más débiles.

La novedad en Veracruz deriva del 30 de enero de 2015, cuando el congreso del estado, autorizó la “autonomía” del procurador que sería electo en una terna y estaría a cargo por nueve años. En ese tiempo fue electo Luis Angel Bravo, quien renunció en cuanto llegó el nuevo gobernador Miguel Angel Yunes para sustituir a Javier Duarte, hoy preso por desviar millones a sus bolsillos personales.

En lugar de Bravo fue electo Winckler, abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México con dos maestrías en Veracruz, hijo de un polémico notario acusado de fraude. El hijo se había destacado por defender a una muchacha víctima de violación por parte de un grupo de jóvenes de clase alta que se hacían llamar Los Porkis.

Dos años después, en diciembre de 2018, cuando Yunes terminó su corto periodo de gobierno y entró García, Winckler se quedó como fiscal por mandato legal y para incomodidad de la nueva administración porque no es un hombre del nuevo equipo. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido a él como “mal recomendado” y afirma que  “fue un error que el gobernador pasado dejara un fiscal”.

Este año, Winckler ha sido llevado en dos ocasiones a juicio político, pero en el congreso veracruzano no se ha alcanzado la votación necesaria. También está demandado ante la Fiscalía Federal de la República. Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno acusó al fiscal de tener escondidas más de 150 órdenes de aprehensión, incluyendo las de delincuentes de alto impacto como los que provocaron una reciente masacre en la ciudad petrolera de Minatitlán.

Recientemente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a cargo de Namiko Matzumoto, emitió la recomendación 25/2019 contra la Fiscalía, por actos de tortura contra Gilberto Aguirre, ex jefe de Servicios Periciales de la dependencia, detenido el 3 de abril de 2018, acusado de desaparición forzada de 13 personas.

El acusado contestó que el organismo tergiversó la información y actuó con dolo. Winckler afirma que no renunciará y promovió seis juicios de amparo para evitarlo.

Para el analista político veracruzano, Víctor Hugo Descomps, parte de la violencia en repunte se debe justamente a este pleito en lugar de trabajar en equipo. “Es verdad que todo viene desde las administraciones priistas de Fidel Herrera Beltrán y su sucesor, Javier Duarte… pero ahora el tráfico se ha convertido en violación, cobro de piso, secuestro y todo eso al amparo de las autoridades, o si no al amparo, ante la incompetencia de no saber ponerle un alto”.