‘Yo solo quiero justicia para Bell’

El exalcalde Oscar Hernández solo ha pagado $10,000 de los $241,000 que debe como restitución a la ciudad
‘Yo solo quiero justicia para Bell’
El activista Alfred Areyan es también director de News Start for Veterans. / foto: Jorge Luis Macías.
Foto: La Opinión

En 2014, el exalcalde de la ciudad de Bell —Óscar Hernández— fue sentenciado a un año de cárcel, castigado con 1,000 horas de servicio comunitario y a restituir $241,000 dólares por el mayor escándalo de malversación y apropiación indebida de fondos en una municipalidad.

No obstante, aunque ya cumplió las dos primeras condenas; hasta ahora solo ha pagado $10,000 dólares.

Hernández se encontraba sentado en la segunda banca del Tribunal Superior de Los Ángeles este jueves; mientras su abogado Stanley Friedman y el defensor de la pequeña ciudad Steven Onstot escucharon en la audiencia a la jueza Kathleen Kennedy la orden de un pago del 10% de interés por 10 años.

Algo que, a la larga, podría ser renovado. En la actualidad, la cantidad total que adeuda Hernández suma $194,390.92, que incluye multas y penalidades.

Al exalcalde de Bell, Óscar Hernández (i), también se le ordenaron 1,000 de trabajo comunitario. / foto: archivo.

¿De dónde viene el dinero?

“Es como un insulto a la comunidad que la deuda no se haya pagado [totalmente]”, fue la reacción de la asambleísta Cristina García, quien como activista en la organización BASTA (Asociación de Bell para Detener el Abuso) luchó contra la corrupción municipal en California.

“Si fuera cualquier persona regular, el gobierno buscaría la forma de recuperar el dinero o de quitarles el cheque”, agregó.

Hernández, quien el 31 de julio cumple los cinco años de libertad condicional, recibió un crédito por $61,007.91 que la ciudad recuperó de una cuenta de ahorros a la que depositaba dinero en favor del exalcalde.

“Ese dinero pagado era de la ciudad, no de él”, dijo Alfred Areyan, un activista comunitario de Bell y director ejecutivo de A News Start for Veterans —una organización sin fines de lucro que respalda a los veteranos de las Fuerzas Armadas de EEUU. “Debería haber pagado con su dinero”.

Areyan, dijo a La Opinión que ha acudido al 95% de las audiencias en contra de los funcionarios conocidos como “Alí Babá y sus ladrones de Bell”.

Entre ellos se incluye, indicó, al exadministrador de la ciudad Robert Rizzo, su asistente Angela Spaccia, y los exconcejales George Cole, Teresa Jacobo, George Mirabal y Víctor Bello.

La decisión de la juez es una bofetada en la cara para los residentes de Bell. Como activista, quiero que todos los que robaron paguen todo lo que se llevaron; yo solamente quiero ver justicia por todos los delitos que cometieron”. —Alfred Areyan

“¿El dinero confiscado en la cuenta de ahorros era de él o era dinero de la ciudad?”, se le preguntó al abogado de Hernández, Stanley Friedman.

“Él hacía contribuciones a esa cuenta”, respondió a La Opinión.

Como parte del Concilio de Bell, Hernández tenía un trabajo de medio tiempo y un salario mensual de $673.

Sin embargo, cuando estalló el escándalo en 2010, se conoció que él y otros miembros del ayuntamiento aprobaban resoluciones —en juntas de unos pocos minutos— que incrementaron sus sueldos de manera estratosférica.

Robert Rizzo, considerado como el “cerebro” de las operaciones fraudulentas y quien obtenía un salario cercano a los $800,000 anuales, fue sentenciado a 12 años tras las rejas en una prisión estatal.

Su sentencia debería cumplirla en 2026; no obstante se encuentra con libertad condicional desde abril de 2018.

La ciudad de Bell tiene una población de poco más de 35,470 habitantes, según el Censo de 2010. / foto: archivo.

En un memorando de sentencia contra Hernández, el fiscal de distrito Sean Hassett escribió en 2014 que “el mandato de Hernández [como alcalde] en Bell estuvo marcado por la codicia y el interés propio y que su legado es uno de corrupción y mala gestión”.

Y aclaró que “el demandado es dueño de cuatro propiedades en la ciudad de Bell: su residencia, dos unidades de apartamentos y una propiedad comercial; [además de] un mercado que ha poseído y administrado durante 30 años”.

Indicó además que Hernández también se postuló para un puesto en el Concejo Municipal de Bell, donde trabajó durante ocho años, incluidos tres mandatos como alcalde. “El acusado Hernández claramente no debe ser subestimado”, redactó.

Hernández, quien ahora tiene 70 años de edad, llegó a ser alcalde de Bell sin siquiera haber terminado la primaria; no obstante devengaba un salario anual de casi $100,000 dólares.

La corrupción sigue siendo una tragedia por lo que hicieron al pueblo de Bell”, declaró el concejal Néstor Valencia.

“Podríamos haber solicitado una auditoria forense para saber a dónde se fue el dinero”.

Cálculos extraoficiales de las autoridades de Bell sitúan en $240 millones de dólares extraviados por las administraciones desde 2005 hasta 2010 cuando se descubrió públicamente la trama de corrupción y malversación de fondos.

En el condado de Los Ángeles, todos los propietarios de residencias pagan el 1% del impuesto general a la propiedad, pero en Bell sus residentes pagan una tasa del 1.55%.

Eso quiere decir que el en dueño de una casa con valor de $400,000 dólares paga alrededor de $6,200 [en aranceles], dijo Valencia..