Trump utiliza antiguo campo de concentración para detener a niños migrantes

El gobierno canceló actividades básicas para los menores en los centros de detención
Trump utiliza antiguo campo de concentración para detener a niños migrantes
Muchos menores vienen solos a Estados Unidos, escapando de la situación de violencia en Centroamérica
Foto: CBP

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) está usando una cárcel privada denunciada por sus condiciones inhumanas para detener a solicitantes de asilo. Además, el Departamento de Salud planea emplear una base militar que hace décadas fue un campo de concentración para custodiar a niños que cruzaron solos la frontera.

UNA CARCEL INHUMANA PARA ENCERRAR A MIGRANTES

ICE emplea desde febrero tres prisiones privadas en Louisiana gestionadas por la compañía LaSalle Corrections, según reporta la web informativa Mother Jones. En mayo incluyó una más: el centro correccional de Winn, diseñado para criminales convictos y que ahora albergará, además, a solicitantes de asilo (en total, tiene capacidad para 1,500 personas).

El centro, “perdido en medio de la nada”, según el abogado Marshall Goff, y en uno de los estados más duros con los inmigrantes detenidos, fue el centro de una investigación periodística que desveló los abusos a presos en 2016, cuando era gestionado por la compañía CoreCivic.

UNA BASE MILITAR PARA ENCERRAR A NIÑOS MIGRANTES

El Departamento de Salud, que recibe a los niños migrantes que cruzan solos la frontera para encontrarles familias de acogida, anunció ayer que ha elegido una base militar en Oklahoma para albergar a los menores durante el proceso (que debería durar menos de 20 días, pero se extiende de media el doble, y puede alargarse incluso meses).

La base de Fort Still, cerca de Lawton, podría acoger a 1.400 menores; ya sirvió como refugio temporal en 2014, durante otra oleada migratoria. Esta instalación militar, de 150 años de antigüedad, fue usada durante la II Guerra Mundial como campo de concentración para ciudadanos estadounidenses de origen japonés, según ha informado la revista Time. Entre 1942 y 1946, el Gobierno detuvo a 120.000 personas en estas operaciones en todo el país; Fort Still sirvió luego para encerrar a prisioneros de guerra alemanes.

La semana pasada se anunció otro nuevo centro de detención en Carrizo Springs (Texas), que podría albergar hasta a 1,600 menores en un complejo en suelo federal. Y se está estudiando también la posibilidad de establecer otro refugio de emergencia directamente en el puerto de entrada de Santa Teresa (Nuevo México), según informa la agencia de noticias The Associated Press.

Desde octubre, el Departamento de Salud ha recibido bajo su custodia a 41,000 menores, casi un 60% más que en el mismo periodo hace un año. De media tiene a 13,200 en centros de detención, donde pasan, también de media, 48 días a la espera de una familia de acogida.

La saturación de los centros de detención, que trabajan al 97%, por encima del límite de alerta, lleva a que niños tengan que dormir en bancos de concreto o afuera de las estaciones de la Patrulla Fronteriza.

El Gobierno ha cancelado las clases de inglés, asistencia legal y actividades de recreo (incluido el fútbol), alegando que sólo tiene dinero para mantenerlos con vida. Además, ha cambiado la forma en la que entrega a los menores, relajando los controles de antecedentes criminales para acelerar su asignación a familias.

La cifra de menores no acompañados interceptados en la frontera ha pasado de unos 5,000 al mes entre octubre y enero hasta 11,500 en mayo. A ellos se suman un número indeterminado de niños que llegan con familiares pero son separados en la frontera. Sólo en mayo llegaron 85,000 personas en familia, frente a las 23,000 de octubre del año pasado.

Pese a que un acuerdo judicial obliga al Gobierno a liberar a los menores en un plazo de máximo de 20 días, algunos pasan meses esperando a pasar bajo custodia de familias de acogida. Entre tanto, están encerrados en condiciones propias de una prisión, según han denunciado activistas ante una corte federal.

Por Bruno G. Gallo