Tranque en Puerto Rico por nombramiento de nuevo gobernador (a) tras renuncia de Ricardo Rosselló

La dimisión es efectiva este viernes, 2 de agosto; y se barajan varios nombres de sustitutos

La comisionada residente, Jennifer González, dijo no estar disponible para ser secretaria de Estado,
La comisionada residente, Jennifer González, dijo no estar disponible para ser secretaria de Estado,
Foto: (Gerald López Cepero) / (Archivo / Primera Hora)

SAN JUAN, Puerto Rico  –  Mientras se van cayendo algunos nombres de la quiniela de candidatos para ocupar la secretaria de Estado de Puerto Rico, y, por ende, la de gobernador, las sospechas de fraude vuelven a ser noticia en la isla.

Agentes federales han realizado este martes en Puerto Rico ocho detenciones por fraude al Seguro Social, al sistema de salud pública estadounidense (Medicare) y robo de identidad.

En una conferencia de prensa, la jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, explicó que un gran jurado federal emitió seis pliegos acusatorios contra ocho personas por, entre otros delitos, explotación de mayores, beneficiarse de emergencias como el huracán María y fraude al Seguro Social.

“Tenemos un caso de daños reclamados sustanciales relacionados al huracán María y estamos acusando a varias personas que usaron internet reclamando que tenían la cura para el cáncer, la diabetes y otras enfermedades”, dijo en conferencia de prensa.

Rodríguez detalló que las pérdidas por ello alcanzaron los $460,000 dólares y la de agencias implicadas, $700,000 dólares.

Por otro lado, se refirió al caso del chat que ha llevado a la dimisión este viernes, 2 de agosto, del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, e indicó que no puede atender el caso ya que el mismo está en el departamento de Justicia, que la que lleva a cabo la investigación.

En el chat Rosselló, junto a varios asesores próximo insultaban y se burlaban de varios colectivos como el LGTB, artistas, periodistas, personas con problemas de peso, víctimas del huracán María y políticos, entre otros.

Al ser cuestionada por la información ofrecida por el programa La Comay, transmitido por Mega TV, en el sentido de que en los próximos días se detendrán a varios alcaldes por sospechas de corrupción, dijo que “,mantengan la sintonía” y sabrá Dios”.

Mientras tanto y ante su inminente salida, el gobernador anunció hoy que ha convertido en ley el Proyecto del Senado que busca regular a las organizaciones administradoras de beneficios de farmacia (PBM, en inglés).

En paralelo y ante la inminente salida del gobernador y poco interés de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, en hacerse con la gobernación, se busca a un secretario de Estado para poder hacerse cargo de la isla hasta noviembre de 2020, fecha de las elecciones generales.

Se trata de una posición vacante y la siguiente en el orden de sucesión, por mandato constitucional, ante la vacante de poder.

Uno de los nombres que ha sonado con insistencia ha sido el de la comisionada residente de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jennifer González.

Sin embargo hoy puso freno a las especulaciones y subrayó que nadie se ha puesto en contacto con ella para asumir la secretaria de Estado de la isla además, dijo estar fuera del proceso de evaluación y subrayó que no respalda ninguna candidatura especifica para el puesto.

Eso si, indicó en un comunicado, “me reitero en que debe nombrarse lo más pronto posible un secretario de Estado en propiedad para tener una persona que pueda ocupar el cargo, darle dirección, estabilidad y credibilidad a la isla”.

En este sentido, dijo que Puerto Rico cuenta con “muchas personas capacitadas, con experiencia y de conducta honrada para asumir las riendas del gobierno, pero es prerrogativa del Gobernador nominar y de la Asamblea Legislativa emitir su consejo y consentimiento”.

“Hace unos días me puse a la disposición de trabajar con las personas que por orden de sucesión constitucional podrían ocupar el cargo. Eso no significó endoso a la candidatura de ninguna persona, solo mi disposición y deseo de trabajar en equipo para que la isla salga adelante”, reiteró.

También quiso aclarar que está “fuera de todo el proceso de evaluación o nominación. Por lo que no se me han solicitado, ni consultado nada respecto a esa sucesión. Yo me mantengo enfocada en continuar dando la cara y trabajando en el Congreso y ante las agencias federales ante los sucesos de las últimas 3 semanas, sin dejar de estar al tanto de lo que ocurre en mi isla”.

“No voy a especular sobre nombres o candidatos al estar fuera del proceso, ni tampoco estoy endosando o recomendando a nadie para ocupar el cargo. La persona que finalmente ocupe el cargo contará con mi colaboración para restablecer relaciones en el gobierno federal y trabajar duro por Puerto Rico”, manifestó.

Por último, dijo no estar de acuerdo con el se deje “vacante el puesto y es momento de una transición ordenada. El periodo de incertidumbre tiene que terminar para darle guía a la función de gobierno y estabilidad a nuestra economía”.

Otro de los nombres que se barajan es el del presidente del Senado, Thomas Rivera, presidente interino tras la renuncia de Rosselló, del Partido Nuevo Progresista (PNP), en el gobierno.

En sus comentarios habituales en su página oficial de Facebook, este lunes, dijo que toda “recomendación y consejo (sobre el asunto de la secretaría de Estado) debe ser bien recibido y así lo haremos. Escucharemos, analizaremos y procuraremos hallarle la buena fe a cada consejo y entonces trabajaremos con eso”.

“Aceptaremos los consejos que se dieron de BUENA FE, sólo esos. Llegado el momento actuaremos conforme al mandato que recibimos en las urnas y a nuestra conciencia”, subrayó.

Rivera cuenta con varios apoyos dentro del PNP y algunos colectivos como el del Sindicato de Bomberos o el de Sindicato de Policías Puertorriqueños (SPP).

Otro de los candidatos que se han especulado podrían hacerse cargo es el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. Sin embargo, ya ha detallado hoy que en “ningún momento he recibido acercamientos para ocupar ninguna posición en el gobierno central. Seguimos concentrados en la ciudad de Bayamón”.

Por mandato constitucional, el siguiente en mando del gobernador es el secretario de Estado, seguido del secretario de Justicia.

No obstante, Luis Rivera Marín dimitió también como secretario de Estado el pasado 17 de julio, por ser un integrante del polémico chat.

La potestad para nombrar un secretario de Estado está en manos del gobernador y tal como avisó Rosselló en su despedida: “la persona que asuma el peso de la oficina que he tenido el honor de ocupar, necesitará la voluntad ciudadana y el apoyo de aquellas personas que trabajan incansablemente en pro de nuestra tierra. En estos momentos, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, esa persona sería la actual secretaria de Justicia”, Wanda Vázquez.

Tras la secretaria de Justicia, iría por orden, el secretario de Hacienda, Francisco Parés, y el de Educación, Eligio Hernández.

Parés solo tiene 31 años por lo que queda descartado ya que se deben tener los 35 cumplidos para acceder a la gobernación.

Oposición impugnará a sucesor Rosselló si no se somete antes a asamblea

Los portavoces del Partido Popular Democrático (PPD), en la oposición, en Senado y Cámara, Eduardo Bhatia y Rafael Hernández, junto al representante Luis Vega, adelantaron este lunes que ante la “irresponsable inacción” de Rosselló, de que se “pretenda juramentar un nuevo gobernador sin que haya sido confirmado por la legislatura”, el PPD “impugnará el proceso en los tribunales”.

“La inacción de Rosselló en lo que respecta al descargo de su deber constitucional de llenar la vacante en la Secretaría de Estado, mantiene a un Pueblo ansioso al enfrentarse el futuro en un estado de total incertidumbre”, indicaron en un comunicado.

La “falta de un curso de acción claro y definido por parte del Gobernador da lugar a un sinnúmero de escenarios probables, uno de los cuales es que se nomine un Secretario(a) de Estado justo antes de la fecha y hora de efectividad de la renuncia del Rosselló este viernes a las 5 p.m., de manera que la Asamblea Legislativa (Cámara y Senado) no pueda ejercer la prerrogativa constitucional de consejo y consentimiento antes de que ese nominado se convierta en gobernador”, expresaron.

Los Legisladores precisaron que la Ley Número 7 del 2 de mayo de 2005 enmendó la Ley Número 7 del 24 de julio de 1952, a los efectos de exigir que cualquier secretario que llene una vacante en el cargo de gobernador deba estar debidamente confirmado, excepto el Secretario de Estado.