Trump tendrá que pagar al menos $6.6 millones por la pregunta sobre ciudadanía en el censo

El gobierno ya ha pagado esa cantidad pero se espera que siga creciendo

El presidente utilizará otros recursos para conocer el estatus migratorio de quienes residen en EEUU.

El presidente utilizará otros recursos para conocer el estatus migratorio de quienes residen en EEUU. Crédito: Alex Wong/Getty Images

La administración del presidente Donald Trump tendrá que pagar, de momento, $6.6 millones de dólares a los grupos que emprendieron acciones legales contra el intento fallido del gobierno de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo 2020. Esta es la cantidad que el gobierno a acordado pagar, pero advierten que puede ser mucho mayor.

El Departamento de Justicia llegó a un acuerdo en agosto para pagar $2.7 millones de dólares a la Unión estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), según la información que publicó este martes Buzzfeed. ACLU emprendió el periplo legal en la corte federal de Nueva York. Este lunes dos litigios presentados en Maryland desembocaron en la obligación del gobierno de pagar tasas legales, aunque no especifica detalles. En los acuerdos de Maryland, consultados por Buzzfeed News, el gobierno se compromete a desembolsar 3.95 millones a quienes presentaron las demandas.

Está suma de dinero, que previsiblemente crecerá, se añade a otros honorarios que la administración tiene que pagar. El Departamento de Justicia aún está negociando cuánto debería pagar al estado de California y a otros demandantes de la costa oeste. La semana pasada, los abogados del gobierno pidieron más tiempo para llegar a un acuerdo.

Según la ley federal de Igualdad de Acceso a la Justicia, las partes que ganen una demanda civil al gobierno federal pueden reclamar, al menos, parte del dinero que gastaron en el litigio. Los abogados que representen a clientes en este tipo de caso también pueden buscar recuperar el dinero y el valor del tiempo que emplearon.

Jueces federales de Nueva York, Maryland y California se han puesto de lado de los grupos que han emprendido acciones legales contra los planes del gobierno de añadir la pregunta sobre ciudadanía. Con sus miembros divididos, la mayoría en la Corte Suprema concluyó que la pregunta en discordia no era inconstitucional. Sin embargo, lo que sí violaba la ley federal era la razón que había dado Trump para plantear esta cuestión. Esto provocó que, a principios de julio, el presidente anunciara que desistía en su empeño de querer saber el estatus legal de los participantes en el próximo censo.


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