‘Mi mayor miedo es convertirme en un desamparado’

Un inmigrante de 73 años teme terminar en la calle y morir como muchos adultos mayores que son sacados de sus casas con renta controlada
‘Mi mayor miedo es convertirme en un desamparado’
Mario Canel tiene 73 años y es originario de Guatemala. (Aurelia Ventura/La Opinión)
Foto: Aurelia Ventura / Impremedia/La Opinión

Mario Canel, un septuagenario hispano, tiene los días contados para quedarse en la calle ya que los propietarios de la vivienda que ha ocupado por más de 30 años, le han dado hasta junio del 2020 para desalojar.

Mi mayor miedo es convertirme en un desamparado más porque yo no puedo pagar lo que se cobra por una renta en la actualidad en Los Ángeles, dice este inmigrante de Guatemala de 73 años de edad.

Mario es viudo y no tiene hijos. Vive desde 1986 en un pequeño y modesto apartamento de una habitación, en  el barrio de Echo Park en la ciudad de Los Ángeles, por el que paga de renta 380 dólares al mes.

Toda su vida productiva trabajó como pintor de casas. Sobrevive de los 930 dólares que le da el Seguro Social por su jubilación.

La pesadilla para Mario comenzó en junio de este año cuando los propietarios del apartamento donde vive, le pidieron desalojar a él y al resto de los vecinos que habitan en el mismo inmueble.

Mario Canel no sabe qué será de su vida cuando entregue la vivienda con renta controlada en la que ha vivido por más de tres décadas. (Aurelia Ventura/La Opinión)

“Nos dieron este mes para salirnos. Pero tuvimos la opción de una extensión hasta junio que es cuando yo me tengo que ir”, explica Mario.

Y agrega que, por desalojar los apartamentos, los dueños del inmueble les han ofrecido una compensación de 20,000 dólares. Pero la oferta, aunque tentadora, tiene muchas desventajas para este adulto mayor.

“Estoy entre la espada y la pared. Si recibo ese dinero, el Seguro Social automáticamente me corta mi pensión mensual”, señala.

Esos 20,000 dólares se le irían como agua entre las manos. “Una señora que recibió ese dinero, murió en la calle al poco tiempo”, recuerda.

Mario se unió al Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles en busca de una alternativa contra su desalojo, y para pelear contra el fenómeno de la gentrificación que se está dando en los barrios como Echo Park, en los que predominan los latinos y otras minorías.

“Estos barrios han cambiado de tal forma que solo personas de dinero vienen a vivir aquí. Cuando yo me mudé en los años 80, era muy peligroso. Había pandillas. Se oían disparos en la noche. Como eso ya se acabó, ya no nos quieren aquí, pero uno está ambientado en este barrio. ¿A dónde vamos a ir a vivir?”, pregunta afligido.

Mario Canel pide a gobernantes y líderes hacer algo para evitar que sigan desalojando a las familias que viven en vivienda con rentas controladas. (Aurelia Ventura/La Opinión)

Comenta que lo han tratado de ayudar y le han buscado una vivienda pública subsidiada a través del programa de la sección 8, pero las listas de espera están tan saturadas que puede tomarse años tener acceso a un techo.

“Quisiéramos que el alcalde de Los Ángeles, el procurador y el gobernador de California le den un subsidio a los dueños de los edificios de apartamentos para que nos mantengan aquí a las personas mayores; además que también construyan vivienda acorde a nuestros ingresos”, pide.

La petición concreta es para que el procurador Xavier Becerra presente un orden que detenga los desalojos bajo la ley Ellis y le quite el poder a los desarrolladores para enfocarse en las comunidades con renta congelada hasta que un estudio sea hecho para aprender acerca de cómo las comunidades enfrentan la carga de los desalojos.

Mario revela que quieren ir a Sacramento a hacer una protesta para que el gobernador Gavin Newsom los escuche.

Mientras tanto, admite sentirse muy deprimido por más que le ponga ánimo a la vida.

Esa famosa Acta Ellis nos está orillando al suicidio o a la muerte. El espíritu se entristece y uno se  puede morir en cualquier momento, dice.

Mario Canel muestra el moho que ha salido en el techo y paredes de su casa. (Aurelia Ventura/La Opinión)

De acuerdo al Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles, los arrendatarios de seis edificios con renta controlada están siendo desalojados a través del Acta Ellis lo que contribuye al ciclo vicioso de desalojos y el aumento del desamparo.

En los últimos años, gracias a la ley Ellis se han desalojado alrededor de 30,000 familias de vivienda con renta controlada”, precisa Trinidad Ruiz del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles.

“Lo que estamos viendo es que esta ley estatal ha dado a los inversionistas la capacidad para desalojar a latinos y afroamericanos. Y lo que ha pasado es que muchos adultos mayores se quedan sin un techo y se van a la calle a vivir donde encuentran la muerte por la vulnerabilidad propia de su edad”, expone.

Trinidad reveló que este mes van a platicar con la asambleísta Wendy Carrillo para que haga algo para poner un alto a los desalojos y enmiende la ley Ellis a favor de los inquilinos de las familias trabajadoras.

“También estamos pidiendo al concejal Mitch O’Farrell que retire una propuesta para hacer ilegal que las personas sin hogar duerman a 500 pies de los parques. Es un ataque a los pobres que en nada ayuda a frenar el desamparo”, comenta.

Mario Canel dice que su barrio en Echo Park ha cambiado mucho, y el precio del alquiler ha aumentado tanto que ya no lo pueden pagar las familias trabajadoras (Aurelia Ventura/La Opinión)

En 1985, la legislatura estatal aprobó la ley Ellis después de que la Corte Suprema de California determinó que los dueños de vivienda no tienen el derecho de desalojar inquilinos que no tienen planeado salirse de su departamento.

De acuerdo al Proyecto de Mapas Anti Desalojos, la ley Ellis ha sido corrompida por los grandes desarrolladores cuyo único objetivo es adquirir vivienda con renta controlada, destruirla, desalojar inquilinos y reemplazar dichos apartamentos con vivienda de lujo a alto costo.

Señalan que varios estudios han demostrado que los desalojos bajo la ley Ellis, han sido hechos por desarrolladores que tienen menos de un año de haber comprado las propiedades.

Por lo tanto, indica que ha resultado en la pérdida de miles de unidades de vivienda con renta controlada, la gentrificación de los vecindarios y el desplazamiento de los inquilinos a lo largo de California.