California prohíbe el uso de cárceles privadas para los inmigrantes

El Estado Dorado se convierte en el segundo en toda la nación en prohibir cárceles privadas, el primero fue Illinois
California prohíbe el uso de cárceles privadas para los inmigrantes
Un guardia traslada a un inmigrante detenido en una cárcel de California.
Foto: John Moore / Getty Images

El gobernador Gavin Newsom firmó la ley AB 32 que prohíbe el uso de prisiones y centros de detención privadas para los inmigrantes en California a partir del año 2020, lo que representa una gran victoria para líderes y defensores de la población migrante y refugiados.

“Durante mi discurso de inauguración, prometí cerrar las prisiones privadas porque contribuyen al sobre encarcelamiento, incluyendo aquellas para encarcelar a los presos de California y a los inmigrantes y solicitantes de asilo detenidos”, dijo el gobernador Newsom al firmar la nueva ley que fue presentada por el asambleísta de Oakland, Rob Bonta. 

“Estas prisiones con fines de lucro no reflejan nuestros valores”, afirmó.

Activistas recordaron que los malos tratos en Adelanto han causado la muerte de seis personas. (A. Cano)

Momento histórico

El asambleísta Bonta dijo que al terminar con estas cárceles privadas, “estamos mandando un poderoso mensaje de oposición vehemente contra la práctica de lucrar con los californianos en custodia”. Por el contrario, hizo ver que la nueva legislación refleja que “estamos por la salud, la seguridad y el bienestar de nuestra gente y comprometidos con un tratamiento humano para todos”.

La AB 32 prohibirá además al Departamento de Prisiones (CDCR) hacer o renovar contratos con compañías de prisión privada después del 1 de enero del 2020; e impedirá que pongan presos en instalaciones con fines de lucro a partir del año 2028. Es decir que aplica para todo tipo de detenidos, presos comunes e inmigrantes o refugiados bajo custodia.

Las prisiones privadas usadas en el estado para detención de migrantes incluyen el Centro de Procesamiento del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) Mesa Verde en Bakersfield; el Centro de Detención de Otay Mesa en San Diego; el Centro de Detención de ICE en Adelanto; y el Centro de Detención Regional Imperial en Calexico.

La nueva ley prohíbe al Departamento de Prisiones contratar cárceles privadas dentro o fuera del estado; y también renovar los contratos con dichos centros de detención para mantener bajo custodia a presos de California. 

“Esta es una victoria sin precedentes no solamente para el estado de California y miles de personas bajo detención sino para la nación entera”, afirmó Grisel Ruiz, abogada del Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes.

Geo Group es el mayor contratista de prisiones de ICE. (John Moore/Getty Images)

California le sigue la huella a Illinois

En junio, el gobernador de Illinois, JB Pritzker firmó la ley HB2040 para prohibir los centros privados de migración en ese estado, convirtiéndose el primero en la nación en emprender esta acción como parte de un esfuerzo para proteger a los inmigrantes.

“Para los inmigrantes esta ley significa el fin de los abusos cometidos en los centros de detención con fines de lucro en el estado”, dijo Lizbeth Abeln, coordinadora de detención migratoria con la organización Inland Coalition for Immigrant Justice.

Y remarcó que solamente Adelanto fue nombrado el centro de detención más mortal en el país hace dos años y ha sido objeto de numerosas investigaciones no gubernamentales y la de la Oficina del Inspector General que detallan los horrores que los inmigrantes viven dentro de sus instalaciones.

Pero estos abusos no solo suceden en Adelanto. La semana pasada, Nebane Abienwi de 37 años murió en el Centro de Detención de Otay Mesa.

El 70% de los centros de detención del ICE son operados por compañías de prisión privadas, pero en California es el 90% con el dominio de dos compañías CoreCivic y Geo Group Inc.

Los Inmigrantes en el Centro de Detención de Adelanto son víctima constante de abusos (Aurelia Ventura/La Opinión)

Fin a los abusos

Ambas compañías tiene una bien documentada trayectoria de abuso, descuido y muerte dentro de sus instalaciones mientras forran de billetes a sus accionistas.

“Las compañías de prisiones privadas son una de las más grandes beneficiarias del sistema actual de detención migratoria”, dijo Sandy Valenciano, organizadora a nivel estatal de la organización California Immigrant Youth Justice Alliance.

“Los incentivos financieros perversos son los cimientos del sistema de detención migratoria que continuamente llevan a la ampliación de las instalaciones y a más sufrimiento humano”, destacó.

La AB32 es vista por los líderes de los inmigrantes como una parte de un esfuerzo amplio para desmantelar el encarcelamiento masivo en California que en conjunto con otras leyes recién firmadas ofrecen la oportunidad a la gente en prisión de regresar a sus comunidades.

Bárbara Suárez Galeano, directora de organización Detention Watch Network señaló que los incentivos financieros para el sistema de detención migratoria no está limitados a las compañías privadas sino que también se ofrecen a los gobiernos locales que detienen inmigrantes a cambio de grandes sumas de dinero para llenar sus presupuestos.  En estos momentos, solamente la cárcel del condado de Yuba es la única que tiene contrato con el ICE para albergar inmigrantes indocumentados en sus instalaciones. El condado de Orange canceló su contrato con el ICE hace unos meses.

“Esta medida es un paso grande hacia adelante en el creciente llamado para abolir la detención migratoria”, enfatizó.

Ante la proximidad del cierre de Mesa Verde y Adelanto en 2020, las organizaciones comunitarias en todo el estado se preparan para lanzar un ambicioso fondo de fianzas junto con una movilización masiva que les permita liberar al mayor número de inmigrantes y refugiados detenidos, de manera que no sean enviados a otras cárceles privadas en el país.