Víctima de megafraude migratorio recibe la residencia de EE UU

A finales de la década de los 90 fue estafada por La Guadalupana, una oficina de servicios migratorios en el condado de Orange
Víctima de megafraude migratorio recibe la residencia de EE UU
10/07/19 /LOS ANGELES/ Immigrant Sara Ramirez is granted her permanent residence thanks to immigration attorney Eric Price. (Aurelia Ventura/La Opinión)
Foto: Aurelia Ventura / Impremedia/La Opinión

Sarita Ramírez quien fuera víctima de uno de los mayores fraude migratorios en la historia de California, logró obtener su residencia permanente en los Estados Unidos, más de tres décadas después de haber entrado al país sin documentos en busca de una vida mejor.

“He llorado mucho de alegría. Ya no tengo miedo de que migración vaya a llegar a mi casa o a mi trabajo para arrestarme o deportarme”, dice esta inmigrante mexicana quien la semana pasada recibió su tarjeta de residente.

Entre 1995 y 1996, Sarita derramó un río de lágrimas cuando por la televisión se enteró que la policía había llegado a arrestar a los operadores de la Oficina de Servicios Migratorios La Guadalupana en  la ciudad de Santa Ana en el condado de Orange por estafar a más de 2,000 inmigrantes quienes les pagaron casi cuatro millones de dólares.

Mi ex esposo y yo perdimos entre 9,000 y 10,000 dólares porque ellos exigían que se les pagara la cantidad completa para poder ayudarnos”, recuerda.

Sara Ramirez muestra su tarjeta de residente permanente por la que luchó durante más de tres décadas. (Aurelia Ventura/La Opinión)

Explica que eran unas largas filas las que hacían para entrar a las oficinas de La Guadalupana. “Tenían mucha demanda”, dice.

“Ellos prometían arreglarnos la residencia, pero no querían que uno preguntara nada de los detalles. Al final, después de mucho tiempo de esperar por mis papeles, a mi me dijeron que lo único que estaban haciendo es ganar tiempo hasta que mi hijo fuera mayor de 21 años para que pudieran solicitar mi residencia”, expone.

Pero en esa época, su hijo mayor tenía solo seis años, por lo que Sarita se sintió muy frustrada y comenzó  a sentirse estafada.

Sara Ramírez logró obtener la residencia pese a sufrir un fraude migratorio. (Foto cortesía Paulina Herrera)

Por lo que más se preocupó, cuando se descubrió el megafraude de La Guadalupana fue por una posible deportación. “No solo fuimos robados sino que nos confiscaron todos nuestros papeles. Mi mayor temor era que la policía se los fuera a entregar a migración y vinieran por mi para arrestarme. Lloré mucho ”, reconoce.

Incluso cree que ese fraude, fue determinante para la separación del padre de sus dos hijos. “Eso fue motivo de muchas recriminaciones y acusaciones en la pareja por todo el dinero que perdimos y por haber quedado expuestos.También mi ex esposo estaba solicitando la residencia a través de La Guadalupana”, cuenta. “Muchas de las víctimas fueron deportadas como consecuencia de los malos manejos que llevó a cabo la familia Hernández que manejaba el negocio”, dice.

Aunque la policía arrestó a algunas personas involucradas, los principales operadores Roberto Hernández, el propietario; y la gerente Maricela Camarillo escaparon. “Ya no sé si los volvieron a atrapar”, menciona.

Sara Ramirez está feliz porque se ha convertido en residente permanente de los EE UU tras ser víctima de fraude migratorio. (Aurelia Ventura/La Opinión)

Por una vida mejor 

Sarita entró de manera indocumentada a los Estados Unidos en 1986 huyendo de la pobreza de su pueblo en Oaxaca. Los primeros años trabajó en el campo en el área de Salinas, al norte de California. Después vino a Los Ángeles donde conoció a otro inmigrante mexicano con quien se casó y tuvo dos hijos Alejandro Kevin De La Luz, ahora de 27 años de edad; y Eduardo de La Luz de 22 años.

Durante los dos años que laboró en el campo, previo al fraude del que fue objeto, consiguió un permiso de trabajo, un número de seguro social y residencia temporal gracias al Acta de Trabajadores Agrícolas Especiales (SAW), pero cuando dejó de trabajar en el campo, perdió los beneficios.

Sin embargo, en 1996 pudo viajar a México y entrar sin problema alguno de manera legal con la tarjeta Saw Card.

Después del fraude del que fue víctima, Sarita dejó pasar varios años sin hacer nada. Y al parecer no aprendió su lección de inmediato porque de nuevo fue a ver otro notario. “Ese si me dijo que no podía ayudarme y ya no volví. También fui con un abogado que no me gustó”, dice.

Hace un año fue a ver al abogado en migración Eric Price. “Mi hermana me lo recomendó. Me dijo que él había sido fiscal de migración”, platica.

Se sintió en confianza cuando Price después de estudiar su caso, se comprometió a ayudarla. 

“Solicitó mi residencia en base a que mi hijo mayor ya había pasado los 21 años. Y como ya tenía una entrada legal, no tuve que salir del país”, explica.

Sara Ramirez muestra algunas fotos al lado de sus dos hijos quienes están felices de que su madre ya no corra ningún riesgo de deportación. (Aurelia Ventura/La Opinión).

Aún cuando su caso estaba en manos de Price, Sarita confiesa que vivía con miedo. “Ya para entonces, Trump era presidente. Yo trabajo en un lugar donde cuidamos ancianos y nada más veía entrar a un detective de la policía, pensaba que iban por mi”, comenta.

Peor todavía, cuenta que mandó poner candado a la verja del garaje de su casa para evitar que  los agentes del ICE pudieran entrar y tocar la puerta en caso de que llegaran a buscarla.

“Vivía realmente aterrorizada. Hasta le pedí al abogado que me diera una carta para entregar a Migración si venían a buscarme”, comenta.

Todos los temores de Sarita terminaron cuando la semana pasada obtuvo su tarjeta de residencia.

“Ya no vivo con miedo de que me vayan a detener. Le doy gracias a Dios porque toda mi familia en Oaxaca estuvo en oración para que me dieran la residencia”, admite con una sonrisa de oreja a oreja.

A sus 51 años, Sarita se siente la mujer más dichosa. “Por primera vez en más de 30 años, estoy muy contenta. El calvario se ha terminado. Ahora quiero realizar mis sueños como comprar una casa en Las Vegas; e ir a Oaxaca en mayo del año 2020 a visitar a mis padres a quienes no he visto en muchos años. Ya se me pusieron viejos”, dice.

Esta madre recomienda a los inmigrantes indocumentados no acudir con notarios a tratar de arreglar su situación migratoria.

“Desconfíen cuando alguien les pide que paguen todo en un solo pago; y pidan referencias a otras personas a quienes ya les haya resuelto sus casos”, aconseja.

Pero además les dice que cuiden su récord, no cometan delitos y eviten pedir ayuda pública del gobierno.

“A pesar de todas las pruebas difíciles por las que he pasado, nunca recurrí al gobierno por ayuda y pagué mis impuestos religiosamente, incluyendo un fondo de retiro”, observa.

Cómo ganó la residencia

El abogado Price explica que Sarita pudo obtener su residencia en un año por tener una entrada legal y un hijo ciudadano de los EE UU.

Dice que el Acta para los Trabajadores Temporales o la tarjeta SAW fue crucial para este caso. “Pudimos probar que entró al país a través de un proceso normal en la frontera y se presentó ante un oficial. Las personas con tarjetas SAW podían entrar y salir legalmente del país”. 

¿Qué recomienda los inmigrantes para evitar ser víctimas de fraude migratorio por parte de un notario o aún de un abogado?

“Solamente contraten un abogado y pídanle un acuerdo en español, visiten su oficina y asegúrensen de sentirse confiados en su opinión. Es importante que antes de decidirse por uno, visiten a varios abogados para tener múltiples opiniones”.

¿Cuál es la lección tras el caso de Sarita?

“Si tuviste una residencia temporal en los 80 o una tarjeta SAW y la usaste para entrar al país, podrías ser elegible para la residencia a través de un esposo o hijo ciudadano de EE UU”.

El abogado asegura que la comunidad inmigrante es muy vulnerable a fraudes que en casos extremos terminan en pérdida de dinero, tiempo; y en ocasiones en la deportación.

“Siempre será preferible acudir a un abogado honesto, certificado por la Barra de Abogados y que cuente con una oficina, personal y recursos para representar cada caso ante las autoridades migratorias”, anota.

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