Ciudadanos latinos de EEUU a favor y en contra de la Proposición 187

Ambas partes explican por qué apoyaban o no la medida, que buscaba retirar servicios públicos a inmigrantes indocumentados
Ciudadanos latinos de EEUU a favor y en contra de la Proposición 187
Pete Wilson, ex gobernador de California (Archivo)
Foto: La Opinión

En 1994, California se convirtió en un estado controversial con la aprobación de la Proposición 187, la cual proponía negarle a los inmigrantes indocumentados servicios médicos y educativos; también abogaba por su deportación.

No obstante, la comunidad proinmigrante no se quedó callada y cientos de líderes dieron un paso adelante para detener lo que pudo haber sido una catastrófica ley para un estado considerado la sexta potencia mundial.

Carlos Montes, activista comunitario del Este de Los Ángeles, dijo que cuando escuchó la descripción de la propuesta de ley también se sintió amenazado pese a ser ciudadano estadounidense.

El oriundo de Texas y de padres mexicanos, dijo que podía sensibilizarse con la comunidad inmigrante ya que enfrentó el rechazo por su idioma y color de piel.

“Yo sufrí discriminación y hostigamiento en la escuela, desde la primaria”, dijo el activista residente de Boyle Heights. “Me daban de manotazos, porque en ese entonces estaba permitido”.

Cuando estudiaba en la preparatoria, Montes se involucró en el activismo y se convirtió en el cofundador de los “Brown Bereets” (Boinas Marrones), que luchaban por la liberación chicana.

Después, fue miembro de la Organización Servicio Comunitario (CSO), para abogar por los derechos de los más desfavorecidos en temas de educación, inmigración y brutalidad policiaca.

Carlos Montes (con boina, al centro) en 1968.

Marcha masiva

Cuando comenzaron los anuncios para aprobar la 187 en los medios, Montes y su grupo decidieron unirse a la masiva marcha que se llevó a cabo el 16 de octubre de 1994, a poco menos de un mes para que la propuesta estuviera en la boleta electoral.|

La medida llevaba como lema “Salvemos nuestro estado” (SOS) y proponía eliminar servicios sociales y de educación a los inmigrantes indocumentados. Además, buscaba permitir que las autoridades del orden actuaran como agentes de inmigración.

Montes dijo que en ese tiempo también los grupos anti-inmigrantes abogaban por una serie de iniciativas en California como abolir la educación bilingüe en las escuelas y la acción afirmativa, que provee oportunidades educativas para grupos de minorías en universidades.

Sumado a ello, los republicanos estaban en control del gobierno en Sacramento y esto se convertía en una amenaza para los latinos e inmigrantes.

Los cientos de participantes de la marcha que iban desde el Este de Los Ángeles se reunieron en la intersección conocida como Cinco Puntos.

“Estaba súper llena la mega marcha. Toda la calle César Chávez estaba llena. Nosotros nos quedamos como a dos tercios del camino”, recordó Montes y aseguró que en su tiempo esta ha sido primera ola masiva de protesta proinmigrante en Los Ángeles.

Agregó que para él este fue un momento motivador ya que se vio la unión de las personas, sin importar estatus migratorio, para salir a las calles a marchar por un estado justo y democrático.

“Y poco a poco fue cambiando la política. También vimos que eso motivó a una gran ola de residentes [legales] para que se convirtieran en ciudadanos”, dijo Montes.

“La gente decía, ‘vale más organizarnos y hacernos ciudadanos’”.

El activista Carlos Montes afuera de la secundaria Lincoln, donde lideró los Walkouts en 1968.

Latinos controversiales

Montes dijo recordar que en esos tiempos de la marcha, había varios latinos que se convirtieron en partidarios de la retórica del entonces gobernador Pete Wilson.

“Me acuerdo que los veía en la televisión y no me gustaba… Los veíamos como latinos que se hicieron ‘white washed’, oscuros por fuera y blancos por dentro. Les decíamos ‘Oreo cookies’”, recordó el activista, quien pese a tomar la palabra con gracia, él sabía que en hechos eran una amenaza.

Uno de estos partidarios de aquellos tiempos es el latino Julio Girón quien reconoce que fue partidario de la Proposición 187 pero solo de manera parcial.

Girón dijo que él se hizo ciudadano americano en 1987 y que poco después escuchó acerca de la Propuesta 187, la cual llamó su atención.

“Sí estaba a favor de penalizar a los adultos [indocumentados] que abusaban del sistema con beneficios públicos”, indicó. “Como los que ponían a sus sobrinos, nietos y otros familiares para beneficiarse en los impuestos”.

No obstante, Girón dijo que cuando se enteró que la medida afectaría a miles de niños, se retractó un poco.

“No me gusta cuando afectan a los menores de edad. Pero con los adultos si”, reafirmó el latino.

Otra hispana que se ganó el apoyo de muchos pero también la crítica de otros, fue la entonces supervisora del condado de Los Ángeles Gloria Molina.

Gloria Molina era la supervisora del primer distrito para el condado de Los Ángeles durante la época de la Prop. 187. (Archivo)

Pese a que ella comenzó una fuerte campaña en contra de la Proposición 187, también consideró una gran falta de respeto que en la mega marcha de octubre muchos latinos ondearan las banderas de México.

Indicó que esa fue parte del motivo por la que la Proposición 187 ganó ya que llenó de temor a los votantes anti-inmigrantes al hacerles creer que California sería invadida por mexicanos.

Al próximo día de que la Proposición 187 fuera aprobada por los votantes en un 59%, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) y el Ayuntamiento de Los Ángeles archivó una demanda para desafiar la ley en la corte federal.

No obstante, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles se negó a unirse a las demandas aseverando que los votantes ya habían decidido.

“Mi interés es proteger el bienestar del condado y sus residentes pero primero tengo que averiguar qué tipo de instrucciones nos dará el gobernador antes de ir a la corte para impugnar cualquier cosa”, dijo la supervisora Molina en aquel tiempo al periódico Los Ángeles Times.

La ley eventualmente fue derrocada por el gobierno federal asegurando que los estados no pueden tomar decisiones migratorias el cual es un tema nacional.