Recordar hoy, 25 años después, el terremoto que produjo en California la aprobación por referendo popular de la Proposición 187 es más que oportuno por las circunstancias nacionales actuales propiciadas por el presidente Donald Trump. Los inmigrantes, indocumentados o con papeles, viven hoy día un clima de ansiedad, o miedo, por lo que pueda suceder debido a las proclamas presidenciales contra los inmigrantes.
En 1994, el gobernador republicano Pete Wilson se lo jugó todo a la carta antiinmigrante. Y ganó. Luego lo perdió todo, sobre todo su buen nombre, entre gran parte del electorado. Es más, muchos comentaristas y politólogos sostienen que la 187 cavó la sepultura del Partido Republicano en el estado de la que no ha logrado salir en 25 años a juzgar por los resultados electorales locales, estatales y federales.
El preámbulo de la 187 afirmaba que el estado había padecido económicamente por la presencia de tanto inmigrante, que muchos han sufrido en carne propia la conducta criminal de mucho indocumentados y que por ello había que limitar la entrada y presencia de éstos en California, a quienes llamaban “ilegales”.
Para lograrlo, sostenían sus partidarios, había que reportar al fiscal general del estado y al INS a los inmigrantes detectados en cualquier punto de California; negarles cualquier beneficio social, incluido el de salud no de emergencia, hasta que demostraran su presencia legal en el estado. En cuanto a los niños estudiantes de primaria y secundaria, no podrían ser admitidos o retenidos en las escuelas si no demostraban que sus padres o guardianes eran documentados. Si no lo hacían, debían ser expulsados de los centros de estudio.
Según reportes publicados entonces sobre el caso, en 1994 California tenía 1.3 millones de inmigrantes de los que 308,000 eran niños en edad escolar.
Entre sus proponentes principales se contaban el mencionado gobernador Pete Wilson, el fiscal general del Estado Dan Lungren, republicano de Long Beach, y el asambleísta Dick Montjoy, republicano de Monrovia y autor de la propuesta original. Incluso la senadora demócrata Dianne Feinstein, que quiso ser más dura que los duros contra los indocumentados para asegurar su reelección al Senado Nacional, cosa que logró.
Un 59 por ciento votó a favor de la propuesta. Entre ellos, según la encuesta a pie de urna del diario Los Angeles Times, un 23 por ciento de latinos. En aquel momento, los latinos eran el 26 de la población de California y de ellos votaron el 8 por ciento. El resultado final del electorado fue 59 a 41.
Sería interesante conocer el resultado de una encuesta nacional sobre la idea del presidente Donald Trump de deportar a los supuestos once millones de indocumentados residentes en el país.
Como se ve, era una propuesta radical y cruel, además de revestir tintes autoritarios que podían convertir a California en un estado de “soplones”.
Reacciones
La campaña a favor de la proposición fue intensa y se calcula que se gastaron unos 3,000 millones de dólares para lograr su aprobación.
La oposición también fue feroz.
Empezando por las manifestaciones, incluso boicoteos, de los estudiantes de secundaria de todo el estado quienes se manifestaron elocuentemente en contra. Lo malo para algunos partidarios y oponentes de la medida fue que muchas de esas manifestaciones estaban amparadas por la bandera de México, detalle que indispuso a muchos en contra de las protestas y en favor de la misma 187.
Muchas organizaciones comunitarias, de iglesias locales y nacionales se opusieron a la 187 por considerarla xenófoba y racista.
La oposición formal, por decirlo de alguna forma, corrió a cargo del Fondo Mexicoamericano para las Defensa Legal y Educación (MALDEF) y la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU). Organizaciones que recurrieron de inmediato a los tribuales para parar la entrada en vigor de la medida, pues California, sostenían, no podía regular la inmigración ni regular el acceso a los beneficios públicos.
Tras varias escaramuzas judiciales, la magistrada Mariana Pfaelzer la declaró definitivamente inconstitucional en diciembre de 1997, decisión apelada por Wilson.
Su sucesor Gray Davis retiró la apelación y certificó la muerte de la malhadada Proposición 187.
Así quedó sepultada, pero no los trabajos de oposición a los inmigrantes con otras herramientas, entre ellas la del “English Only”, de la que su rostro visible en español era un latino. “No hay nada peor que la cuña de un mismo palo”, dice el dicho.
Continúa la lucha
Volviendo al presidente Donald Trump, su palabrería hace pensar en temas de la 187. Desde las acusaciones de que vienen violadores y ladrones por la frontera sur decididos a aprovecharse de la riqueza de este país y a quitar trabajos a los ciudadanos o residentes documentados.
De ahí su fijación fetiche de que hay que construir “un hermoso muro” en el frontera sur para mantener fuera a los indeseados, léase latinos morenos del sur, con el agravante de que exige a México y a los países del “triángulo central” (El Salvador, Honduras y Guatemala) que le hagan el trabajo sucio a cambio de ayudas. Según reportes de prensa, esos cuatro países han decidido ser buenos chicos y hacer lo que manda el Amo.
Vale la pena recordar el pase de la Proposición 187, pero mucho me temo que el país no ha aprendido mucho y está decidido a repetirla de un modo u otro, empezando por la separación de padres e hijos, muchos de ellos enjaulados, sobre todo si sigue en su cargo el Presidente actual.
NOTA. Para la redacción de esta nota, el autor se ha valido de sus vivencias en y desde La Opinión y de notas de Internet.
