De indocumentado a director de servicios legales de CHIRLA

Este verano, obtuvo su residencia tras décadas en las sombras

Luis Alberto Pérez de 38 años de edad. / foto: Aurelia Ventura.
Luis Alberto Pérez de 38 años de edad. / foto: Aurelia Ventura.
Foto: La Opinión

Luis Alberto Pérez pasó más de 30 años su vida como indocumentado, en la pelea por los inmigrantes, hasta este verano cuando ya como abogado y director de Servicios Legales de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), se convirtió en residente de los EE UU.  Pero para convertirse en abogado y trabajar por los inmigrantes, Luis Alberto tuvo que vencer muchos desafíos.

Mi mamá y mis tres hermanos cruzamos – la frontera – cuando yo tenía ocho años. A la siguiente semana, cumplí nueve años”, relata.

Luis Alberto y su familia vinieron de Guadalajara, Jalisco a reunirse con su padre quien ya llevaba tres años en el país.

“Llegamos a vivir en Pacoima, pero yo crecí entre San Fernando y North Hills en el Valle de San Fernando”, dice.

Su padre sacó adelante a la familia trabajando en la construcción, y su madre cuidando niños. 

El abogado junto a Nancy Pelosi (i), Pdta. de la Cámara de Representantes y Angélica Salas, de CHIRLA. / foto: suministrada

“Hubo un breve momento cuando convencieron a mis padres de ver a un notario para solicitar el asilo político. Si bien nos dieron un permiso de trabajo. Todo fue parte de un fraude. En 2007 nos dieron una orden de deportación”, dice.

La orden de salida llegó justo cuando a Luis Alberto se le presentó la oportunidad de ir a la universidad y se le expiraba su permiso de trabajo. “¿Me voy o me quedo?”, dice que se preguntó.

Decidió quedarse porque se sentía protegido por ser un estudiante universitario.

Luis Alberto se comenzó a involucrar en las actividades estudiantiles. “Fui parte de la Sociedad de Estudiantes. Cuando yo salí de Mission College ya sabía cómo organizarme como indocumentado y hacer que las cosas funcionaran”, observa.

En la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), fue uno de los cofundadores del grupo IDEAS – la voz oficial sobre los temas de los estudiantes indocumentados en el campus de UCLA – y de los que escribió y compartió las reglas.

“Eso dio pie para que otros colegios tuvieron sus propios grupos de IDEAS, supieran cómo organizarse y parar de hacer las cosas a escondidas”, dice.

Luis Alberto Pérez con el secretario de estado de California, Alex Padilla. (foto Facebook).

En esos años, recuerda Luis Alberto, mucho de lo que hacían como estudiantes indocumentados no era tan abierto como ahora. “Éramos precavidos”, dice.

En 2005, se graduó de Ciencias Políticas en UCLA. Ya para entonces estaba muy conectado con políticos debido a su trabajo como voluntario, pero también con sus maestros. “Eso me hacía sentirme protegido. Si algo me pasaba, ya tenía quien me apoyara”, afirma.

Pagó su carrera con becas y trabajando en la construcción. “De viernes a domingo, me iba a hacer mis trabajos, poner pisos y pintar. Me tocó perder un cuatrimestre porque no tuve el dinero para las colegiaturas. En ese tiempo que no fui a clases, me la pasé trabajando y solicitando becas”, dice. 

En 2006, lo aceptaron para estudiar leyes en UCLA, pero no asistió hasta un año después ya que necesitaba recaudar fondos para pagar la escuela.

“En esa época no existía el California Dream – la ley de California que permite que los estudiantes indocumentados puedan recibir ayuda financiera”, dice.

Ese año previo a entrar a la escuela de leyes, trabajó para una compañía de albercas. “Es muy pesado trabajar con cemento. Si cometes un error, se te queman las manos. Me daba tristeza andar haciendo eso. Yo ya era graduado de UCLA”, recuerda.

Luis Alberto Pérez en una foto con todos sus compañeros de CHIRLA. (Facebook Luis A. Pérez)

Sin embargo, cada vez que se desanimaba, se acordaba que trabajar con el cemento tenía un propósito, ahorrar para la Escuela de Leyes.

“En 2007, fui el primer estudiante indocumentado en ser aceptado en la escuela de leyes de UCLA; y el primero bajo la ley AB540 creada por el fallecido legislador Marco Antonio Firebaugh, -la cual permite que los alumnos sin papeles paguen las mismas colegiaturas que los residentes permanentes – “.

En 2010 se graduó, y en 2012 pasó el examen de la Barra de Abogados, pero no podía tener acceso a una licencia porque en esos años, los indocumentados no eran aprobados para ejercer.

Las cosas cambiaron cuando el gobernador Jerry Brown firmó una ley el 5 de octubre de 2013 que entró en vigor el 1 de enero de 2014. El 2 de enero de 2014, la corte instruyó a la Barra Estatal de Abogados, no excluir a nadie de la admisión a causa de su estatus indocumentado.

“Junto con Iliana Pérez – una inmigrante con DACA con un doctorado en educación -, buscamos formas de ejercer como contratistas”, recuerda.

En 2012, llegó a CHIRLA para echar a andar la clínica de DACA y Ciudadanía. “Luego empezamos a hacer peticiones familiares, la visa U, VAWA y creamos la Unidad de Deportación para ayudar a los detenidos”, dice.

Luis Alberto Pérez ha luchado incansablemente por tener una educación y resolver su estatus migratorio. (Foto Facebook Luis A. Pérez)

Cuando el año pasado obtuvo su permiso de trabajo, se convirtió en empleado de CHIRLA y director de la Unidad de Servicios Legales que tiene a su cargo a 45 personas.

“Tenemos oficinas en Pacoima, South Los Angeles, El Sereno, downtown Los Ángeles, South Orange County en San Juan Capistrano, Porterville en el valle Central y en Sacramento”, explica.

Además el abogado de 38 años, está contento porque CHIRLA recién firmó un nuevo contrato con el estado de California para llevar servicios legales a los colegios comunitarios

Luis Alberto platica que logró hacerse residente gracias a una petición familiar, pero primero tuvo que lograr que su caso se reabriera en la corte para eliminar la orden de deportación. “Fui representado por la abogada del Proyecto por los Derechos de los Inmigrantes Public Counsel, Judy London, quien tras una pelea de 11 años, ganó el caso. Me ayudaron muchos mis logros, no tener un récord criminal y ser considerado un inmigrante ejemplar”, dice.

Su caso fue aprobado en 2018, pero fue este verano que le llegó por fin, la tarjeta de residente.

“Cuando me llegó la green card, venía incluida una bienvenida a los Estados Unidos. Tuvieron que pasar muchos años para que me dieran la bienvenida. Eso es algo que queremos cambiar. Los inmigrantes deben recibir una bienvenida desde que entran al país”, sostiene.

El abogado es también padre de una pequeña. / suministrada.

Lo más satisfactorio para este abogado especializado en derechos humanos, es que ya con su tarjeta de residente, pudo viajar a México y visitar en septiembre a su abuelo paterno a quien no veía desde hace 29 años. “Él murió dos semanas después de que lo fui a ver. Si no hubiera tenido la green card, no hubiera podido despedirme de mi abuelo. Fui su nieto mayor”, dice. 

Una de sus metas, es cambiar el discurso de que sin DACA – la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia – no se puede hacer nada.

“Yo he logrado muchos sueños sin DACA y ayuda financiera. California es un estado en el que tenemos muchos apoyos, la ley AB 540, el California Dream Act, las licencias profesionales para trabajar como indocumentado”, sostiene este abogado quien es considerado un líder por la Acción Diferida para la Acción Diferida.

Pero en definitiva, asegura “tenemos que seguir luchando”.