Ciudad de California consideró un “problema” crecimiento de la población latina
Denuncian "practicas discriminatorias" del sherrif y de la administración local para desalojar a latinos y afroamericanos
Ruidosos manifestantes irrumpieron la paz en el exclusivo barrio de Patton Court, en San Marino. (Jorge Macías/ La Opinión) Crédito: JLM /Impremedia
Los Ángeles – El Departamento de Justicia (DOJ) presentó este lunes una demanda contra la ciudad californiana de Hesperia y la oficina del Alguacil del Condado de San Bernardino a las que acusa de usar “prácticas discriminatorias” para desalojar a inquilinos latinos y afroamericanos.
La Fiscalía federal argumentó que la ciudad, con el apoyo del departamento del alguacil señalado, promulgó y ejecutó una ordenanza de alquiler con la intención de regular el aumento de la población afroamericana y latina, lo que derivó en el desalojo de numerosos inquilinos pertenecientes a estas minorías.
En un comunicado, el DOJ aseguró que un miembro del Consejo de Hesperia llamó un “problema demográfico” la creciente población afroamericana y latina de esta ciudad, ubicada dentro de la demarcación del Condado de San Bernardino.
La ordenanza, que entró en vigencia el 1 de enero de 2016 y fue enmendada el 18 de julio de 2017, requería que todos los propietarios desalojaran a los inquilinos que habían participado en actividades delictivas alrededor de la propiedad lo que violaba la Ley de Equidad en la Vivienda.
La demanda, presentada en el Tribunal Central de Distrito de California, alega que la oficina del alguacil de San Bernardino ejerció su discreción para desalojar a familias enteras basados en meras denuncias y sin tener evidencia de actividad criminal, a la vez que niños y víctimas de violencia doméstica fueron desalojados ilegalmente.
Una investigación previa del Departamento de Vivienda (HUD) determinó que los inquilinos latinos en Hesperia tenían el 29 % más de probabilidades de ser desalojados que los inquilinos blancos no hispanos, mientras que en el caso de los afroamericanos la proporción era cuatro veces más que los inquilinos blancos.
La ordenanza también requería que los propietarios presentaran los nombres de todos los posibles arrendatarios adultos a la oficina del alguacil para que se investiguen los antecedentes criminales, y quienes incumplieran la ordenanza enfrentaban multas.
Hesperia, una ciudad ubicada a 79 millas al este de Los Ángeles, dejó de aplicar la ordenanza en 2018 después de una investigación hecha por el periódico Los Angeles Times.
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