A Juan Manolo lo llamaron por teléfono los agentes de migración para que fuera a recoger a su hijo de cuatro años a sus oficinas en Los Ángeles, al llegar, decidió no entrar por temor a que se tratara de una trampa para arrestarlo y deportarlo.
Tres días después de lo ocurrido, el inmigrante de Guatemala, solicitante de asilo, tiene el alma en vilo porque no sabe donde está su hijo y cómo se encuentra.
“Solo sé que lo tienen en un albergue, pero no sé dónde ni cómo está”, dice desesperado por no saber nada de su hijo Tyler.
Esta tragedia comenzó cuando su hermana Vilma acudió a una cita a las oficinas del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) en Los Ángeles, sin imaginar que iba a ser detenida presuntamente por una orden de deportación previa. El problema es que estaba acompañada por su hija de ocho años, y su sobrino de cuatro. Vilma y su hija fueron llevadas bajo custodia a un centro de ICE en Texas, pero el paradero de su sobrino se desconoce.
La detención de Vilma ocurrió el martes 4 de febrero. Tras ser arrestada ella y su hija, los agentes del ICE le llamaron a Manolo para que fuera a recoger a su hijo Tyler.
“Yo fui de inmediato, pero unos amigos que me encontré antes de entrar al edificio, me advirtieron que era una trampa y que me iban a arrestar como lo hicieron con mi hermana y su hija”, agrega.
Manolo decidió marcharse del lugar con el corazón destrozado por no saber qué iba a pasar con su hijo.
“Me siento terrible, dolido, frustrado. No puedo dormir. Me amanezco pensando en él”, y sigue. “Les pido a las autoridades de migración que tengan compasión por el dolor tan grande que mi hijo y yo estamos sufriendo”.
Vilma y Manolo L. son hermanos. Ella tiene 38 años, y él 24. Ambos huyeron de Guatemala con sus respectivos hijos. Vilma con su hija Thaily; y Manolo con su hijo Tyler. Solicitaron asilo político el 27 de mayo de 2019 en la frontera del estado de Texas.
Debido a que tenían a un conocido en Los Ángeles, vinieron a esta ciudad cuando fueron liberados por ICE, a menos de una semana de entrar al país.
“Nos dejaron salir sin pagar una fianza. Tampoco nos pusieron un grillete”, recuerda Juan Manolo.
Acudieron los cuatro juntos a una primera cita de migración en julio de 2019. “Después le dieron a mi hermana Vilma una cita para el 4 de febrero que fue cuando la arrestaron; yo tengo mi cita para el 26 de marzo”, explica Manolo.
Detalla que ellos se presentaron a las audiencias sin un abogado porque no tenían dinero para pagar por asistencia legal
“Ni mi hermana ni yo podemos regresar a Guatemala. Hemos recibido amenazas de muerte a partir de que a mi sobrina de ocho años la intentaron violar”, asegura. “Traemos pruebas médicas de ese hecho”.
La Opinión trató de averiguar sobre el paradero de Tyler, pero la vocera del Servicio de Migración y Aduanas (ICE), Lorie Haley dijo que las leyes privadas les prohíben proporcionar información sobre menores.
Un problema muy recurrente
Gloria Saucedo, dirigente del Centro México con sede en San Fernando en el condado de Los Ángeles, dijo que va a ver muchos casos como el de Juan Manolo y su hermana Vilma que han venido a EEUU con sus hijos en busca de refugio.
“Son familias con niños que migración los han dejado libres para que busquen ayuda legal para sus casos. Pero como son pobres y su dinero se lo gastaron para venir a este país, o se endeudaron para hacer el viaje, no tienen para pagar un abogado que los defienda”, comenta Saucedo.
“Son padres de familia que vienen con el deseo de trabajar y salir de la pobreza de la que vienen huyendo. Casi todos están trabajando, pero tienen que pagar renta, mantenerse ellos mismos, mandar dinero a sus países de origen; y no les alcanza para pagar asistencia legal”, agrega. “Llegan a sus citas de migración con miedo; o no se presentan y les sale orden de deportación por ausencia”.
La activista comenta que la situación de estos hermanos solicitantes de asilo demuestra que están acelerando los casos para ponerlos en deportación.
“Es la tristeza de estas caravanas. Los que logran cruzar a EEUU, son puestos al frente de la deportación”, expone.
Saucedo reitera que la encrucijada de las familias en las caravanas es la falta de asistencia legal cuando llegan a este país. “Si no se organiza una ley que los proteja van a acabar con sus sueños. No se van a presentar a sus citas por miedo, van a huir, o a quedarse muchos años sin documentos”.
Violación al Acuerdo Flores
Peter Schey, presidente del Centro de Derechos Humanos y Leyes Constitucionales y abogado líder del Acuerdo Flores, el cual obliga a que los menores migrantes sean reunidos con sus familias en los Estados Unidos lo más pronto que se pueda, dice que no se puede tolerar que migración use a los hijos como carnada para arrestar a sus padres.
“Usar información de los hijos para arrestar a los padres o parientes que son patrocinadores es un problema constante bajo la administración Trump en el condado de Lo Ángeles y en todo el país, y es una violación del Acuerdo Flores”, señala el abogado.
Y lamenta que haya muy poca asistencia legal para esos casos y programas con defensores que los ayuden.
“Nosotros logramos incluir una política en el presupuesto nacional para que cuando no haya quien recoja a los menores, sean entregados a albergues con licencia como el que creamos en Los Ángeles, “Casa Libre” para que de ahí en unas cuantas semanas sean entregados a sus padres o familiares”, señala.
Schey revela que ahora están trabajando para desarrollar un grupo de familias voluntarias bajo el concepto “Familias Santuario”, para que proporcionen un techo temporal a los menores cuando sus padres tienen miedo de recogerlos.
“Nunca lo hemos usado, pero queremos desarrollarlo como un programa piloto en alianza con las organizaciones de fe, el gobierno de la ciudad y el condado”, expone.
