Los trabajadores pobres, ganan menos, son esenciales y en más riesgo de un contagio del COVID-19

Dalia llevaba trabajando unos cinco meses en una fábrica de ropa en el sur de Los Ángeles cuando se produjo el brote del coronavirus COVID-19 a mediados de marzo. En la fábrica el trabajo aumentó por los altos pedidos de máscaras faciales.

Dalia, quien estaba a cargo de recortar los hilos de (trimming) las máscaras, a veces se llevaba trabajo extra a casa. Al igual que muchos otros trabajadores indocumentados, Dalia, se enfocó en ganar dinero para ayudar en el hogar y creyó estar segura en el trabajo.

“Cargaba mi desinfectante de manos, mis toallitas desinfectantes. Pensé que estaba preparada”, dijo Dalia, de 45 años, quien no uso su apellido debido a su estatus migratorio.

El 14 de abril, cuando regresaba a casa después del trabajo con una carga de 500 máscaras, Dalia comenzó a sentirse enferma.

“Empecé a sentir escalofríos por todo el cuerpo… A medianoche empecé a toser mucho y sentí que mi cintura se partía por la mitad al igual que mi cabeza”, indicó la trabajadora. “Sabía que esto no era normal y le dije a mi esposo que me llevara al hospital”.

A la mañana siguiente, en el hospital se confirmó que tenía síntomas de coronavirus y días después ella dio positivo.

Dalia dijo que estaba más preocupada por sus dos hijas, de 14 y 8 años, y por su esposo, quien es diabético. Finalmente, su esposo también dio positivo, mientras que las niñas no presentaron síntomas.

“No sabía si iba a salir viva o no”, dijo. “Es cuando está uno tan enfermo que ruega por unos días más de vida”.

Dalia y su familia viven en el Distrito 9 de Los Ángeles, que incluye algunas de las partes más pobres de la ciudad, con cuatro de cada 10 residentes que viven en la pobreza.

El lugar donde viven las personas si importa cuando se trata de cuán vulnerables son al coronavirus.

En el condado de Los Ángeles, las personas en comunidades de bajos ingresos, como el vecindario de Dalia en el sur de Los Ángeles, están infectadas con el virus al doble de la tasa de las comunidades más ricas, según una base de datos del departamento de salud del condado al 1 de mayo.

En áreas donde más del 30% de los residentes viven en la pobreza, se infectaron 303 personas por cada 100,000 residentes, en comparación con 156 personas por cada 100,000 en áreas donde menos del 10% viven en la pobreza.

Los residentes de esas comunidades de bajos ingresos también tienen más probabilidades de morir por el virus: 15 muertes por cada 100,0000 residentes, el doble de la tasa de personas en las áreas más ricas, según la base de datos. Los afroamericanos tienen la tasa de mortalidad más alta en el condado, seguidos por los latinos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informan que las personas de todas las edades con afecciones médicas subyacentes, como la diabetes del esposo de Dalia, tienen un alto riesgo de infectarse. Otras afecciones de salud vulnerables incluyen enfermedad pulmonar crónica, asma moderada a grave, afecciones cardíacas graves, problemas renales y hepáticos y obesidad.

Superando obstáculos

Randall Kuhn, demógrafo y sociólogo de la Facultad de Salud Pública Fielding de UCLA que se especializa en la demografía de poblaciones vulnerables, dijo que la mayor preocupación para la población latina es que muchos están en trabajos considerados “esenciales”.

“Las personas que trabajan en la preparación de alimentos, los supermercados, o en cualquier trabajo que puedan obtener porque están en la pobreza”, dijo Kuhn.

Explicó que se necesita hacer más investigación en los vecindarios porque el lugar donde viven las personas es importante cuando se trata de su capacidad para sobrevivir al virus.

“Necesitamos saber mucho más, debe haber muchas más pruebas y debe haber mucho más análisis de quién se está enfermando más, con un enfoque real en la raza, el vecindario y la pobreza”, indicó.

Dalia y su esposo no fueron hospitalizados y ambos se han recuperado.

No obstante, se enfrentan a muchas dificultades.

La familia de cuatro vive en un pequeño estudio y es prácticamente imposible para ellos mantener el distanciamiento social. La arrendadora de Dalia le prestó un pequeño remolque estacionado en la propiedad. Ahí estuvo aislada durante casi dos semanas y su esposo se quedó en el departamento. Sus dos hermanos les dejaban comida afuera de su puerta para que no se infectaran. Las niñas fueron enviadas con uno de los hermanos mientras sus padres se recuperaron.

Después de una semana más o menos, Dalia comenzó a sentirse mejor. Sin embargo, Dalia y su esposo, quienes son vendedores ambulantes los fines de semana, no han podido trabajar durante semanas. Sobreviven con donaciones de organizaciones sin fines de lucro y particulares. Ella no es elegible para el desempleo porque es indocumentada.

Dalia dijo que los propietarios de la fábrica donde trabajaba nunca le ofrecieron ninguna ayuda, por lo que no quiere volver a trabajar para una empresa que no se preocupa por la salud de los trabajadores.

“Para ellos fue fácil deshacerse de mí y reemplazarme de inmediato”, dijo, “porque el trabajo no espera”.

Jacqueline García es reportera de La Opinión. Este artículo es parte de The California Divide, una colaboración entre las salas de redacción que examina la desigualdad de ingresos y la supervivencia económica en California.