A cada segundo en el centro de detenciones de Otay Mesa un inmigrante podría infectarse o morir

Una migrante madre de familia que salió en libertad bajo fianza del centro de detenciones de Otay Mesa, advirtió que la vida de 1,200 detenidos en esas instalaciones está en riesgo en cada segundo.

“Lo peor es que, mientras sabes que muchos compañeros están contagiados y algunos podrían morir por el COVID-19, los guardias te mantienen en la obscuridad; no informan de nada y eso lo hace más angustiante porque ves que no hace nada para evitar que los detenidos se contagien”, dijo Briselda Salazar.

Dijo mientras cargaba a su bebé que el centro de detenciones, una cárcel privada de la empresa CoreCivic, “no tiene intención, ni le interesa, que los detenidos guarden una sana distancia”.

Briselda acusó al centro de detenciones de mezclar a migrantes contagiados con los no contagiados.

La mujer otorgó sus declaraciones en una vigilia de cerca de un centenar de personas por la memoria del migrante salvadoreño Carlos Ernesto Escobar Mejía, quien pereció pro el COVID-19 bajo custodia del centro de detenciones de Otay Mesa, el más contagiado en el país.

Briselda, quien pidió un momento de silencio por el migrante fallecido, dijo que su muerte era totalmente prevenible, pero el centro de detenciones incurrió en negligencia.

El ICE y CoreCivic “no pueden seguir queriendo tratar el COVID 19 con acetaminofén”, dijo por su parte un migrante que habló por teléfono desde el centro de detenciones a las personas que afuera se congregaron para la vigilia.

“Cuando ya hay una muerte y cientos de contagiados” el centro actúa como si fuera ajeno a la pandemia, dijo el migrante.

La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó a La Opinión en una actualización de 7 de mayo que para entonces bajo su custodia había 139 migrantes contagiados de COVID-19 y también 10 de sus agentes en el centro de detenciones de Otay Mesa.

Pero en la última actualización, del 6 al 7 de mayo, se contagiaron 26 migrantes en un solo día, en una población de detenidos de 1.200 personas.

Aparte de esos migrantes hay por lo menos 50 más contagiados bajo custodia del Marshall federal y docenas de guardias privados de la empresa CoreCivic.

Los contagios iniciaron en los últimos días de marzo, cuando pruebas a una guardia resultaron positivas de COVID-19. El brote prendió rápidamente hasta alcanzar al migrante salvadoreño Escobar Mejía, de 57 años de edad y con diabetes tipo 2.

Carlos Escobar vivió la mayor parte de su vida en Los Ángeles, pero el año pasado fue deportado y aunque usaba silla de ruedas por amputaciones en sus pies, cruzó nuevamente la frontera por la zona montañosa de San Diego en enero pasado cuando fue detenido de nuevo por la patrulla fronteriza y llevado al centro de detenciones.

Su hermana, Rosa, dijo telefónicamente desde Los Ángeles que ambos hermanos y la madre de ellos pidieron a un juez que considerara que Carlos Escobar había crecido en Los Ángeles y consideraba a Estados Unidos como su país, además de estar enfermo, pero el magistrado rechazó la petición.

Semanas después lo migrantes insistieron a los guardias del centro de detenciones que ayudaran a Carlos Escobar, porque el COVID-19 lo agravaba y no podía levantarse. Pasaron todavía días en que el migrante permaneció tirado hasta que los guardias lo llevaron a un hospital donde finalmente murió,

En la vigilia en su nombre, algunas personas llevaron pancartas con que exigieron que todos los detenidos del centro de detenciones sean liberados, que merecía haber quedado libre y que descanse en poder.

La empresa de cárceles privadas CoreCivic respondió a solicitudes de la prensa con un menaje en que dice que “nos entristece profundamente reportar que un detenido de nuestro centro de detenciones en Otay Mesa falleció. El individuo había sido hospitalizado el 24 de abril”.

Pero tanto los migrantes al interior del centro de detenciones como al menos dos activistas de la organización Pueblo Sin Fronteras, culparon a la empresa de negligencia e incluso de codicia.

Jeff Villalobos y Alex Mensing dijeron en inglés y en español que el centro de detenciones únicamente se interesa en las ganancias que obtiene por cada migrante que conserva detenido.

Ambos declararon que Carlos Escobar fue el primer migrante de Otay Mesa que fallece por el COVID-19, pero no es el primero que pierde la vida por negligencia médica del centro de detenciones.

También enfatizaron que el jefe de ICE en el sector de San Diego, Gregory Archambeault, tiene la autoridad y responsabilidad de ordenar que el centro sea despejado y los migrantes en riesgo salgan a reunirse con sus familiares y conocidos en Estados Unidos.