Acusan que audiencias para deportación en persona ponen en peligro a inmigrantes

El temor al contagio por el COVID-19, que se ha cobrado miles de vidas en EE.UU., llevó a un grupo de abogados de inmigración de Nueva Jersey a demandar a la Administración del presidente Donald Trump en un tribunal federal para que ponga fin a las audiencias de deportación que se hacen en persona, al considerar que ponen en peligro su salud y la de sus clientes.

El capítulo de Nueva Jersey de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (NJ-AILA) acudió al tribunal federal en la ciudad de Newark en una demanda contra el Gobierno estadounidense –otra más en la larga lista de casos legales contra esta Administración– porque alegan que esas audiencias son ilegales, en una acción que consideran “caprichosa y arbitraria”, según la demanda.

Audiencias en video

Los abogados están pidiendo a la corte federal, también en Newark, que esas audiencias de deportación para inmigrantes no detenidos se realicen por videoconferencia, como ocurre con otras cortes en el estado de Nueva Jersey.

“La ley dice que las audiencias de deportación se hacen en persona o por video”, dijo el abogado peruano César Estela, miembro de NJ-AILA.

Otro grupo de abogados especializados en inmigración, esta vez de Arizona, también han denunciado que trabajan bajo el “terror” de contagiarse con el coronavirus, porque se han mantenido algunas audiencias en tribunales así como visitas a centros de detención.

“En todas las cortes en Nueva Jersey, estatales, municipales, federales, (las audiencias) se hacen por videochat y no se explica por qué están haciendo esto cuando sus propios oficiales no quieren presentarse”, dijo el abogado, refiriéndose al hecho de que los fiscales que llevan estos casos de deportación no atienden en persona las audiencias.

“Los fiscales de inmigración se presentan por vídeo porque les da miedo ir al edificio (donde está la corte) a enfermarse. El edificio tiene una puerta inmensa de entrada y ahí se aglomeran 100 o 200 personas cada hora para entrar, los elevadores son pequeños y no están ventilados, las salas de la corte son bien pequeñas”, argumentó Estela sobre las condiciones que enfrentan abogados, clientes y empleados del tribunal.

Algunos jueces no se están presentando tampoco, comentó.

Respuesta del Gobierno

“Este caso trata acerca de los esfuerzos del Gobierno para obligar a los abogados de inmigración a arriesgar su salud, la de su familia y las comunidades, forzándoles a comparecer en persona para procesos en la corte de inmigración de Newark en medio de una pandemia global”, señala la demanda, presentada el 31 de julio.

La demanda también recuerda al tribunal federal de Newark que a los abogados se les han rechazado las mociones que pedían el aplazamiento de las audiencias de deportación por temor a contagiarse con el virus en la corte.

La Administración Trump deberá responder el 3 de septiembre ante un juez federal sobre por qué exige las audiencias en persona y presentar sus argumentos.

Los abogados también aseguran que los jueces les han amenazado con acciones disciplinarias bajo las reglas de conducta profesional si no acuden en persona.

El pasado marzo, cuando se decretó el confinamiento por la pandemia, la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR), encargada de regular las cortes de inmigración, suspendió las audiencias en persona pero las restauró a mediados de junio en varios tribunales, incluido el de Newark, sin consultar a abogados ni organizaciones.

Estela indicó que esta corte de inmigración está en un edificio donde hay otras agencias federales, incluida la Fiscalía que lleva estos casos, así como la agencia que se encarga de las deportaciones, y que todas están cerradas.

¿Renunciar a sus derechos?

Estela insistió a Efe en que la alternativa que tienen para no presentarse a corte es que se realice la audiencia por teléfono pero, afirmó, el Gobierno exige que el inmigrante firme un documento renunciando a algunos derechos, entre ellos el de objetar la evidencia que se presente en su contra, “y eso es absurdo, deja de ser una corte”.

“Un abogado no va a firmar una renuncia que le impida ser abogado. Ellos han creado este problema forzando a abrir (la corte) cuando ellos mismos (la Fiscalía) no se están presentando”, argumentó el abogado.

Explicó que los fiscales, que tendrían que estar en la audiencia de deportación, están pidiendo a los jueces que les deje presentarse por teléfono “pero al inmigrante y a su abogado les están haciendo tomar esa decisión”.

“Si el Gobierno presenta una evidencia de por qué le quieren deportar (al cliente), un abogado tiene que refutar eso”, afirmó el letrado, que describió así la situación: “Ven a pelear tu caso o firma esta renuncia y lo hacemos por teléfono. Es absurdo, es una locura y eso nos ha forzado a presentar esta demanda”.

“Ningún abogado va a firmar esa renuncia porque es muy arriesgado y pierdes el caso. O, vas a la corte, ganas tu caso, pero te enfermas y te mueres en dos meses”, sostuvo.