Nuevo proyecto de ley dará a los inmigrantes más oportunidades de vivienda

Desde Koreatown hasta el corredor salvadoreño, Los Ángeles siempre ha sido un destino y un faro de esperanza para los migrantes en el extranjero. Cuando la guerra civil asoló a El Salvador en la década de los  ‘80 y cobró la vida de más de 70,000 personas, casi una quinta parte de la población del país en ese momento huyó a través del continente en busca de refugio. Los Estados Unidos, sobre todo Los Ángeles, les dieron la bienvenida con los brazos abiertos.

 Hoy, Los Ángeles alberga la población más grande de salvadoreños fuera de El Salvador, lo que los convierte en la segunda población latina más grande del área, así como la segunda población más grande de nacidos en el extranjero. En las últimas dos décadas, han vivido su infancia en las calles de Echo Park y han establecido sus familias en MacArthur Park. A pesar de estar a cientos de millas de su país, los salvadoreños pueden llamar hogar a esta ciudad de inmigrantes y contribuir a la riqueza de la diversidad en la comunidad, junto con los inmigrantes coreanos, chinos y armenios.

 Desafortunadamente, la crisis de la vivienda en California está acabando con la diversidad de Los Ángeles. El estado tiene una escasez de viviendas de casi 3.5 millones de hogares, y la gravedad ha contribuido a aumentar los costos de la vivienda, colocando a muchos inmigrantes en la posición vulnerable de vivir en casas subdivididas menos costosas, debajo de la mesa. Los efectos de la gentrificación por la escasez de viviendas están exacerbando los precios de las viviendas que ya se habían disparado y desplazando a los inmigrantes de sus vecindarios, y haciendo que la ciudad sea inhabitable para los inmigrantes nuevos y vulnerables.

Aunque la contribución económica de las comunidades de inmigrantes a menudo se pasa por alto, un gran grupo de inmigrantes que tienen estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) realizan pagos significativos de hipotecas y alquileres anualmente en todos los Estados Unidos. Se estima que hay 325,000 titulares de TPS de los cuales 250,000 son de origen centroamericano. Los salvadoreños son el grupo más grande de titulares de TPS y California es el hogar de aproximadamente 100,400 titulares de TPS y más del 30 por ciento de los beneficiarios de TPS son propietarios de viviendas. Los hogares de TPS contribuyen a nivel nacional con $1.500 millones de dólares anuales por concepto de pagos por propiedad de vivienda e hipotecas. Además, los titulares de TPS pagan 2,800 millones de dólares en alquiler anualmente.

Los inmigrantes indocumentados ya tienen más probabilidades de sufrir una carga de alquiler severa, con un 73% de ellos gastando más del 30% de sus ingresos en vivienda en Los Ángeles. Muchos tienen que vivir en condiciones de hacinamiento, lo que aumenta su riesgo de contraer COVID. Para empeorar las cosas, no tienen protecciones o beneficios federales que puedan ayudarlos a sobrevivir al cierre generalizado de negocios y la pérdida de empleos causados por la pandemia. Sin una intervención para lidiar con la escasez de viviendas en el estado, veremos más escenarios, como una vibrante población salvadoreña cerca de Pico Boulevard y Vermont Avenue que será expulsada de sus hogares para dar paso a una población menos diversa pero más adinerada.

Las políticas para ayudar a estas familias inmigrantes a tener acceso a oportunidades de vivienda seguras y asequibles son absolutamente necesarias, y la senadora Atkins está liderando la carga para comenzar a abordar estos problemas a través del proyecto de ley del Senado SB 1120. Este proyecto de ley dará a los inmigrantes más oportunidades de vivienda al allanar el camino para que se construyan dúplex asequibles en zonas de viviendas unifamiliares y proteger las viviendas subdivididas existentes.

La falta de opciones de vivienda asequible ha acorralado a los californianos. En algunos casos, esto ha provocado que los residentes modifiquen sus hogares para aumentar la capacidad, a menudo la única opción asequible a la que pueden recurrir las familias de bajos ingresos e inmigrantes. El proyecto de ley otorgará una amnistía a este tipo de modificaciones de vivienda que cumplan con los requisitos de seguridad, pero no se ajustaban a las regulaciones de zonificación antes del SB 1120. Esto evitará que las familias sean forzadas innecesariamente a abandonar sus hogares y les brindará la seguridad que tanto necesitan. El SB 1120 ampliará aún más las opciones de viviendas accesibles para las familias inmigrantes al sentar las bases para la construcción de dúplex menos costosos alrededor de los centros de trabajo y de transporte público. Esto brindará tranquilidad a las comunidades de inmigrantes que son más vulnerables durante esta crisis de vivienda y del COVID-19, y están trabajando arduamente para mantener un techo seguro para ellos y sus familias.

La promesa de un futuro mejor siempre ha atraído a inmigrantes a Los Ángeles. A su vez, los inmigrantes han contribuido al diverso tapiz cultural que ha hecho vibrante la ciudad. Es el símbolo del sueño americano, una oportunidad para la movilidad social. La aprobación de la SB 1120 nos acercaría un paso más al cumplimiento de esa promesa.

Este proyecto de ley no presenta la única solución para la vivienda asequible, sin embargo, como organización comunitaria, vemos que los eminentes desalojos tras el COVID19 se acercan rápidamente. Existe la necesidad de soluciones tanto a corto como a largo plazo para aumentar las viviendas asequibles y proveer protecciones estándar a los inquilinos de las unidades de vivienda accesorias (ADU, por sus siglas en inglés). El SB 1120 es un enfoque para una solución multifacética necesaria para resolver la crisis de vivienda en California.

Jocelyn Duarte es la directora ejecutiva de SALEF (Salvadoran American Leadership and Educational Fund); Julio Ramos-Beltrán es un especialista en el Censo