Unos 10,000 presos se apropiaron ilegalmente de ayuda extra por desempleo desde cárceles en Pennsylvania

Mientras usted cruza los dedos por una extensión adicional de la ayuda...

Los beneficios por desempleo fueron dirigidos a direcciones fuera de las instalaciones correccionales.
Los beneficios por desempleo fueron dirigidos a direcciones fuera de las instalaciones correccionales.
Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP / Getty Images

33 individuos, incluyendo prisioneros de cárceles del oeste de Pennsylvania, fueron acusados esta semana por apropiarse fraudulentamente de fondos extra de seguro por desempleo dispuestos bajo la ley CARES y el programa de “Asistencia de Desempleo por la Pandemia” (PUA).

El fiscal general de Pennsylvania, Josh Shapiro, y el fiscal federal Scott W. Brady anunciaron este martes las acusaciones por medio de un comunicado de prensa.

Según la denuncia, los acusados establecieron un sistema desde la prisión para robar beneficios del desempleo que se supone fueran a personas de la zona que no tienen trabajo.

Los fiscales explicaron que los reos utilizaron teléfonos en la cárcel y otros medios de comunicación para dirigir o asistir a personas fuera de la prisión para que reclamaran a través de internet los fondos utilizando información personal, que incluyó nombre, fecha de nacimiento, y número de Seguro Social.

Los reclusos participaron del esquema en el que falsamente afirmaron que estaban capacitados para laborar pero que se encontraban desempleados como resultado de COVID-19.

Los beneficios, según el comunicado de las autoridades, fueron dirigidos a direcciones fuera de las instalaciones correccionales, ya sea parejas o familiares de los presidiarios. Una vez aprobada la ayuda, los solicitantes presentaron certificaciones semanales para continuar recibiendo los beneficios del programa PUA.

Unos 10,000 presos se habrían beneficiado ilegalmente de los fondos.

La mayoría de los que solicitaron fraudulentamente el dinero recibieron en promedio $10,000 dólares, de acuerdo con las autoridades.

El esquema se descubrió en julio mientras la policía del condado Allegheny rastreaba las llamadas realizadas por un preso en la cárcel de esa entidad.

“Estos acusados se aprovecharon de una emergencia de salud pública para cobrar a las espaldas de la gente trabajadora en Estados Unidos”, indicó Shapiro en el comunicado de prensa.