Bolivia elige al primer presidente tras la renuncia de Evo Morales, un año de incertidumbre?
Bolivia va a las urnas, pero por primera vez en casi dos décadas sin Evo Morales como candidato presidencial. El país lleva casi un año de incertidumbre respecto a su futuro por la polarización política que atraviesa
Protestas en Bolivia. Crédito: Getty Images
Se acercaba la medianoche del 20 de octubre de 2019, la fecha en que se realizaron las últimas elecciones nacionales de Bolivia, y ese país todavía no sabía si Evo Morales se mantendría en la presidencia.
363 días después de aquella controversial elección anulada, este domingo los bolivianos volvieron a las urnas para intentar, de nuevo, decidir quién será el primer presidente electo después de los casi 14 años de gobierno del expresidente cocalero y tras el controversial interinato de Jeanine Áñez.
Morales dimitió el 10 de noviembre pasado en medio de una masiva movilización social que, sumada al motín de gran parte de los policías bolivianos y el pedido de renuncia emitido por las Fuerzas Armadas. lo acabó sacando del poder.
Y tras casi un año marcado por la pandemia del coronavirus, los comicios de este domingo llegaron con el partido fundado por Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), como favorito en todas las encuestas, con el candidato Luis Arce Catacora.
Quien fuera ministro de Economía y Finanzas de Morales durante casi todo su mandato (salvo dos años por un cáncer) lidera las encuestas pero en una situación muy diferente al tiempo en el que se daba por segura una victoria del MAS con más del 60% de los votos.
Los estudios de opinión en Bolivia posicionan a Carlos Mesa en el segundo lugar, expresidente y periodista que desde 2019 se convirtió en el mayor contrincante del MAS.
Y en tercer lugar llega, de acuerdo a los sondeos, Luis Fernando Camacho, señalado como el “Bolsonaro boliviano” y uno de los líderes de la revuelta que aportó a la caída de Morales.
Qué pasó en el año
Evo renunció a la presidencia 21 días después de los comicios del año pasado tras una ola de protestas callejeras que denunciaban fraude electoral.
Una auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló que se produjeron irregularidades en la votación y que los resultados no eran confiables.
El informe de la OEA, sin embargo, no indicó de manera literal que se produjo un fraude y fue cuestionado por diferentes entidades académicas y políticas a lo largo de este año. Sin embargo, sigue siendo uno de los principales argumentos de los detractores de Morales para acusarlo de que hizo trampa electoral en 2019.
Además, una misión de observadores de la Unión Europea llegó a sugerir que se realizara una segunda vuelta. Ambos hechos multiplicaron la susceptibilidad y crisis política en ese momento.
El 10 de noviembre, horas después de que se conocieron los resultados preliminares de esa auditoría, Morales renunció a la presidencia denunciando que fue víctima de un golpe de Estado.
Dos días después, Jeanine Áñez asumía la presidencia debido a la vacancia anunciada por el exmandatario, el exvicepresidente, la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y el primer vicepresidente de esa Cámara Alta.
Su asunción fue avalada por el Tribunal Constitucional boliviano,
Así fue como empezó el interinato de la actual jefa de Estado. Menos de 48 horas después de saludar desde el Palacio de Gobierno, ella le garantizó a BBC Mundo que su objetivo principal era llamar a nuevas elecciones y no postular en ellas.
Sin embargo, en enero de este año, tomó una decisión contraria y se lanzó como candidata presidencial. En un momento en el que las encuestas le daban altos márgenes de aprobación.
Áñez terminó renunciando a su postulación a finales de septiembre, argumentando que lo hacía “para que no vuelva Evo” y cuando se conocía su bajo rendimiento en las encuestas.
Similar decisión tomaron otros dos partidos políticos que retiraron sus candidaturas a menos de dos semanas de las elecciones.
Durante el gobierno transitorio se dispusieron medidas que iban más allá de la reinstalación de un mandato electo. Por ejemplo, se cambió a gran parte del servicio diplomático y se rompieron relaciones con países como Cuba y Venezuela.
Y el cambio de autoridades fue constante y no libre de escándalos de corrupción.
El debate sin fin
Desde lo sucedido en 2019 está instalada en Bolivia la controversia sobre qué pasó hace un año: fraude electoral o una conspiración golpista.
Y la polarización, que llegó a niveles muy altos en los días posteriores a la dimisión, se mantiene presente.
Mucho más tras las imágenes de un Morales, visiblemente cansado, dentro de un avión mexicano para iniciar su nueva vida que empezó en Ciudad de México y que ahora continúa en Argentina, tras una corta parada en Cuba.
“Golpe” es una de las palabras que repite el expresidente con insistencia y sus seguidores lo apoyan.
Esa idea se expresa, por ejemplo, en que el sector “evista” no duda en calificar al gobierno transitorio de Jeanine Áñez como un “régimen de facto”, mientras que el bando contrario señala sin titubear que la caída de Morales significó la “recuperación de la democracia” en Bolivia.
Evo se encontraba acorralado a tal punto que el anuncio de su dimisión la realizó desde su selva. En el Chapare (centro de Bolivia), donde siempre fue invencible en las urnas.
Con miles de sus seguidores en alerta, afirmó que la policía y los militares lo abandonaron, y aseguró que se había consumado el golpe en su contra.
Si bien es cierto que unos días antes de la renuncia se produjo un masivo amotinamiento policial y, en las horas previas a su caída, las Fuerzas Armadas le “sugirieron” que diera un paso al costado, también la central más grande de sindicatos del país pedía su dimisión y las protestas en su contra no habían cedido a lo largo de tres semanas por las que ciudades como La Paz y Santa Cruz quedaron paralizadas.
Sebastián Michel, exviceministro de Morales y ahora vocero de la campaña de Arce Catacora, enumera diferentes razones para asegurar que el 10 de noviembre se produjo un golpe de Estado.
“Fue una conspiración política en la que se produjeron sobornos a comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. No es un golpe de todos los militares, sino de unos comandantes”, afirma a BBC Mundo.
Michel cree que lo sucedido generó una pérdida significativa de la legitimidad de los militares ante la sociedad boliviana y que por ello “los repudian en la calle”.
“Un elemento central es que una fuerza armada no le puede pedir a un gobierno que renuncie. Es igual a que si estás en la calle y se te acerca un ladrón con una pistola pidiéndote la billetera. Cuando la entregas no es una cesión voluntaria, te están robando”, añade.
El portavoz incluye entre sus argumentos de que se produjo un golpe de Estado la controversial sucesión presidencial que llevó a Áñez al poder y las muertes producidas en los días posteriores a la renuncia de Morales que todavía no fueron esclarecidas.
“Recuperación de la democracia”
Muy diferente a la lectura del vocero del partido de Evo Morales es la opinión de Javier Issa, actual viceministro de Régimen Interior de Bolivia.
“La sucesión fue constitucional. En ningún momento hubo golpe de Estado. Hay renuncias expresas del expresidente, del exvicepresidente y la expresidenta del Senado. La tesis del golpismo cae por su propio peso”, asegura a BBC Mundo.
La autoridad boliviana agrega que lo sucedido hace un año fue un acto de “recuperación de la democracia” dado que el MAS había creado un esquema para “gobernar por mucho más tiempo”.
“No había independencia de poderes cuando el señor Morales era presidente. Todos los poderes e instituciones estaban al servicio del caudillo”, indica.
Issa afirma que durante los 14 años del gobierno de Evo se “montaron” procesos contra todos aquellos que fueron adversarios políticos.
“Judicializaron la política”, concluye.
Las muertes
Más de una veintena de personas fallecieron en los conflictos sociales que estallaron tras la renuncia de Morales y el gobierno de Áñez es cuestionado por insistencia por aquello.
También se produjeron al menos dos muertes antes de la dimisión de Evo, pero los organismos internacionales observan una diferencia: en los hechos posteriores sí participaron las fuerzas de seguridad del Estado.
“Hay fuertes indicios de uso desmedido y desproporcionado de la fuerza de los militares y de la policía. Por eso nuestro llamado es al esclarecimiento de esos hechos”, señala María José Veramendi, investigadora de Amnistía Internacional para Sudamérica.
La experta, quien coordinó un equipo que hizo el trabajo de campo con los familiares de las víctimas, autoridades judiciales y de gobierno, apunta a un decreto presidencial que en ese entonces eximió de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas porque “constituía una violación del derecho internacional”.
“Lamentablemente en el periodo en el que estuvo vigente ocurrieron las muertes”, añade.
Veramendi señala, sin embargo, que también durante el mandato de Morales y sus predecesores se produjeron violaciones a los derechos humanos.
“Todos deben ser investigados y sancionados. En nuestro informe señalamos de forma expresa que ciertas acciones se produjeron antes de las elecciones del 20 de octubre de 2019. Por eso se debe atender la crisis de impunidad que enfrenta el país”, afirma la representante de la ONG.
Y enumera proyectos que se emprendieron durante el mandato de Morales en los que no se respetaron los derechos constitucionales de poblaciones indígenas o el hostigamiento que sufrieron defensores de derechos humanos durante el “evismo” como los sufridos por el exdefensor del pueblo Waldo Albarracín.
“Es fundamental respetar el sistema de justicia para la reparación para las víctimas. Es la garantía de que esos hechos no vuelvan a repetirse”, concluye.
¿Y el coronavirus?
En septiembre de 2019, el tema que mayor atención generaba en Bolivia era la cantidad de incendios que se comieron un enorme pedazo de sus bosques (con numerosas acusaciones a Morales por no evitarlo).
Cuando llegó octubre, la elección concentró el máximo interés y en noviembre la crisis política ya tenía al país dividido.
La caída de Morales fue llorada a la par que la asunción de Áñez, con una Biblia en la mano, fue celebrada. Pero en ese momento era inimaginable pensar que los siguientes meses se asomaría una crisis sanitaria no vista en al menos un siglo en ese país.
En menos de cinco meses del terremoto político que sacudió Bolivia, el coronavirus ingresó al país y cambió todo.
Las elecciones para elegir al sucesor de Morales debían ser a principios de mayo, luego fueron aplazadas para agosto y finalmente se realizarán este 18 de octubre.
La cuarentena y las restricciones para evitar contagios significaron un golpe terrible a la economía del país y la de los bolivianos.
Lo reconoce tanto el gobierno actual, como el candidato presidencial Arce Catacora.
Y, ante eso, el principal reclamo del “evismo” fue la realización de las elecciones lo más pronto posible para “reconducir al país” incluso ante la posibilidad de que eso signifique un rebote del virus.
La batalla política, entonces, se instaló en las responsabilidades por la emergencia de salud.
“Evo Morales se dedicó a hacer canchas de fútbol y no hospitales”, afirma el gobierno actual, mientras los partidarios del expresidente no dejan de denunciar la “incompetencia” de la administración de Áñez para manejar la crisis generada por la pandemia y dejar la economía “destrozada”.
¿Qué sigue?
Evo Morales no dejó de ser un referente en la política boliviana y su influencia está lejos de desaparecer.
Sin embargo, incluso el candidato de su partido repite que será él quien gobierne Bolivia en caso de ganar y no el histórico líder cocalero.
Y lo mismo repiten, aunque con menos micrófonos al frente, varios dirigentes sindicales y campesinos que creen que es el tiempo de pasar de página y construir nuevos liderazgos.
Pero tampoco se puede ignorar uno de los más recientes anuncios de Morales: “Si ganamos el 18 de octubre, al día siguiente estoy de vuelta en Bolivia”.
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