Activistas presionan al gobernador para que libere reclusos en California

En medio de la pandemia del COVID-19, “Amalia Bertel”, lucha porque su hijo César, quien está a punto de cumplir 30 años de edad, salga libre de la prisión estatal de Lancaster.

“No quiero morir y saber que mi hijo seguirá en prisión”, dijo Amalia, residente en la ciudad de Garden Grove, a La Opinión. “Muchos presos están muriendo adentro de las prisiones y no quiero que la cárcel se convierta en una sentencia de muerte para mi hijo”.

En 2008, César de 17 años  y otros tres adolescentes fueron acusados de participar en un intento de homicidio relacionado con pandillas, en el vecindario Shalimar, en la ciudad de Costa Mesa, en el condado de Orange.

“¿De qué barrio eres?”, supuestamente su hijo y otros tres jóvenes preguntaron a los presuntos rivales que huyeron del lugar. No obstante, en ese momento, una chica fue herida en el torso con perdigones de una escopeta mientras estaba en el suelo. La víctima sobrevivió al ataque.

“César Bertel” (nombre ficticio del hijo de Amalia) fue imputado como el conductor del vehículo que se dio a la fuga y condenado por conspiración, intento de homicidio en primer grado y varios otros delitos, incluyendo terrorismo y causar graves lesiones corporales, aun cuando él no hizo los disparos.

“Lo condenaron de 50 años a cadena perpetua; después en 2017 hubo revisión de su caso, pero el fiscal no quería quitarle la sentencia de cadena perpetua. En dos ocasiones fuimos hasta la Suprema Corte donde un juez le dijo al fiscal que debería darle una condena justa a mi hijo”, contó la mujer de 57 años. “Le dijo que, si no le ofrecía una oferta razonable, él podría dictar la sentencia”.

Después de algunas batallas legales, la sentencia le fue reducida a 20 años en prisión, de los cuales ya ha purgado 13 detrás de las rejas.

“Con esto de la pandemia, yo espero que le den libertad condicional muy pronto; quiero apelar la sentencia, pero ya no tengo dinero para pagarle a un abogado, el primero que contratamos me pidió que le pusiera $35,000 en la mesa y me dijo que no me preocupara, que mi hijo nunca iba a ir a la cárcel”, expresó la madre. “Luego, pasó el tiempo, el abogado no me respondía y a mi hijo le dejaron caer todo el peso de la ley”.

Finalmente César  fue condenado como adulto en el Tribunal Superior del Condado de Orange, Centro de Justicia Central.

Algunas de las incongruencias y preguntas que se hace la madre es cómo es que su hijo recibió una sentencia más grande; mientras que la persona que disparó el arma fue sancionado con 40 años de prisión.

“¿Cómo pueden explicar que quien no disparó haya recibido un castigo mayor que otro?”, cuestionó la mujer quien participó en una protesta el fin de semana, frente a la Prisión Estatal de Lancaster, donde se encuentra recluido su hijo.

“Creo que bajo la Ley AB57 mi hijo califica para salir de la cárcel”.

Aprobada en 2016, la ley AB57 enfatiza la responsabilidad de los reos para asumir su propia rehabilitación con oportunidades de ganar créditos por un buen comportamiento sostenido, así como la participación en programas y actividades en el interior de la prisión.

La medida también aumenta la consideración de libertad condicional para los infractores no violentos que han cumplido el plazo completo de la sentencia por su delito principal; además, los reos tienen que demostrar que su liberación a la comunidad no representaría un riesgo irrazonable de violencia.

“Mi hijo ha ido a la escuela, trabaja en la cocina de la prisión, y cuando yo estaba contenta porque podrían haberle dado libertad condicional en mayo próximo, ahora dicen que tendremos que esperar hasta 2023 o 2025”, dijo la señora Amalia

“En su caso, parece que no le están tomando en cuenta que él fue arrestado como menor de edad y juzgado como adulto desde 2008.  Tengo miedo de que pueda morir adentro de la prisión; yo tampoco quiero morir sin que él esté libre y pueda darle un abrazo”.