Chiapas, indígenas mexicanos aún acorralados por paramilitares

MEXICO.-  Los pobladores de la región  limítrofe entre los municipios de Chenalhó y Aldama, en Chiapas, se odian a muerte. Disparan desde las colinas. Mueren niños, ancianos, mujeres, campesinos incautos al regresar de sus tierras y constantemente tienen que dejar sus tierras para ocultarse entre matorrales, sin  agua, luz,  drenaje  ni comida por meses.

Esta tensión y hostilidad  tiene unos cuatro años; antes, se amaban. Iban y venían en las fiestas patronales que se celebraban en el  verano, entre junio y julio, se hermanaban, eran amigos, novios, esposos, compadres… incluso  se pusieron  de acuerdo para saldar una disputa por 60  hectáreas  que  tenía 40 años.

El Tribunal Agrario hizo oficial  ese acuerdo y así  quedó: que, aunque las  tierras estaban del lado de  Chenalhó, la  posesión  sería  de la  gente de Aldama.  Se dio una indemnización de  alrededor de 500,000 dólares (en  su equivalente en pesos) y  aparentemente todo estaba  en paz  hasta  que un  día aparecieron trincheras  en lo  alto del  monte y los disparos  cayeron en los bajos, en Aldama.

“Así empezamos a ver grupos paramilitares”, sentencia  María Hernández, una mujer indígena y  activista en la región sumergida en la violencia que ha dejado alrededor  de 25 muertos y decenas de heridos.

Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos  Fray  Bartolomé de las Casas (Frayba) observa más: “El paramilitarismo nunca se ha ido de Chiapas y está solapado por los tres niveles de gobierno que  toleran las armas y la impunidad por intereses oscuros y de control de territorio”.

Fundado por el sacerdote Raúl Vera en el contexto del levantamiento zapatista  de 1994, el Frayba concluye que fue el Estado el que implementó en aquellos tiempos una política contrainsurgente a  través de paramilitares con el objetivo de desarticular al  Ejército Zapatista  de Liberación Nacional (EZLN) que buscaba la autonomía de  los  pueblos indígenas.

“Desde entonces no ha parado el flujo  de armas, no  hay investigación,  no se sabe muy bien lo que  pasa”, señala Pedro Faro.

Entre las comunidades de Aldama y Chenalhó, cita por ejemplo, después del fallo del Tribunal  Agrario pasó un  tiempo de tranquilidad  y de un día para otro se instalaron trincheras en lo alto de la colina, donde está la comunidad de Santa Marta Ultrilla y comenzaron a disparar contra la gente de Aldama  y éstos han respondido en ciertas ocasiones.

“Antes de esto el Frayba, como mediador del conflicto, tenía comunicación con ambos lados pero de pronto un grupo de jóvenes se dijo inconforme con la resolución del Tribunal y cortó la comunicación”.

Así comenzaron a cerrar el paso a las autoridades que intentan entrar en la zona   las detienen y  las desnudan. Es una falta de Estado de Derecho total la  que permite  esos grupos  de paramilitares”.

Hubo miles de desplazados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación para solicitar medidas cautelares a favor de alrededor de 3,000 personas que habitaban en las comunidades de Chiquinshulum, Joltealal, Canech, Tzununil, N’amtic, Lobolaltic, Mashilo, Tzacucum, Pacanam, Tulantic y Kotolchij, de Chalchihuitán.

Y también para aproximadamente 1,000 más de las comunidades de Tzajalchen, Cha’cojton, Chimtic, Pajalto y Majonpepentik, ubicadas en el municipio de Chenalhó.

A la  fecha,  algunos  de ellos, han regresado; otros,  aún  se encuentran con familiares y  van y vienen como desplazados  intermitentes porque no es fácil vivir en vilo entre la vida y la muerte.

En julio pasado, Luciana Lunes,  una adolescente de 13 años de edad del poblado de Kokó, municipio de Aldama, resultó herida de bala en un ojo y un hombro; hace unos días, la activista  María Hernández —cuyo nombre fue cambiado en este artículo  por razones de seguridad— también documentó ataques a agricultores que regresaban de cortar  café.

Apenas el día anterior los desplazados de Aldama detectaron en la Curva Tontik “muchos hombres vestidos de negro y armados, gritando”. Por esas fechas se publicó un video donde aparecían públicamente.

Ver video

Ella misma ha sido blanco en dos ocasiones, aunque ha corrido con suerte a diferencia de otros vecinos como aquel que fue emboscado en 2018 junto con sus dos hijos de 12 y 17 años. Todos murieron.

El presidente de los Bienes Comunales de Manuel Utrilla Santa Martha del municipio de Chenalhó dijo que los disparos de arma de fuego de grueso calibre provenientes de grupos paramilitares del municipio de Aldama, siendo recurrentes del 23 al día de hoy 30 de diciembre; una versión que contradice el Frayba. “No nos dejan revisar los expedientes en Chenalhó y el gobiero no investiga que pasa”.

EL ESTADO

El fin de año 2020, el sub secretario de Gobernación, Alejandro Encinas, presumió que una comitiva a su mando se trasladó para hacer una visita a los campamentos donde persistían los problemas de violencia, de presencia de grupos paramilitares y de una “gran capacidad de fuego” y reconoció que “posiblemente hay algunos ligados a la delincuencia organizada”.

No mencionó si hay una estrategia específica para investigar esos indicios, si las complicidades se encuentran entre las autoridades estatales y municipales o entre los pueblos que se rigen por usos y costumbres  y que  tienen el aval legal para crear sus propios cuerpos de seguridad.

Hasta ahora, el plan de pacificación ha sido más simbólico. Como la firma de un “acuerdo amistoso” de  un grupo disidente de Las Abejas de Acteal (controlada por  el EZLN) y la Segob para presuntamente saldar la deuda material y moral de Estado mexicano por la masacre de Acteal perpetrada por paramilitares de Chenalhó en 1997.  Pero nada se ha hablado del desarme o la persecución de los grupos paramilitares.

El EZLN y las comunidades autónomas de Chiapas no fueron partidarios del ascenso del presidente Andrés Manuel López Obrador por considerar que éste representa “intereses capitalistas” y  porque creen que desde el Estado se alienta la falta de justicia.

Pedro Faro, del Frayba, observa algo similar. “Si no, ¿por qué sigue habiendo flujo de armas que permite la violencia: nosotros hemos documentado del 2 de abril de 2018  al  17 de septiembre de 2020 658 ataques a la  población. Después de esa fecha para el fin de año hubo otros 416”.

OTRAS REGIONES

Del número de grupos paramilitares en Chiapas no existe una cifra. Ni oficial ni extraoficial. Solamente se sabe del impacto que éstos tienen en la vida cotidiana.

La Comisión Estatal de Derechos  humanos reconoce 37 eventos de desplazamiento interno masivo desde 1994 hasta la fecha con miles de afectados en cada uno de ellos, incluye datos estadísticos, además de datos específicos sobre cada caso incluyendo las causas.

En un informe sobre el tema detalló que este fenómeno tiene particularidades como la composición y característica indígena, campesinos y sus condiciones de marginación, la irrupción del EZLN y sus consecuencias a la fecha, conflictos sociales post electorales, interétnicos y religiosos, tenencia de la tierra como un elemento detonante del mismo, desarrollo de obras de infraestructura y desastres naturales.

En tiempos más reciente también se habla de la presencia de delincuencia organizada. Entre los ataques del año pasado destacó el incendio de 17  viviendas en el Ejido de El Bosque por parte de personas que portaban armas de alto poder.

Los indígenas tzeltales agredidos pertenecen al Frente Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos quienes se dedican a la venta de gasolina en las carreteras federales de las zonas indígenas y  acusaron a los pobladores de la vecina comunidad de Yashtinin.

El frayba también tiene documentados hechos puntuales de desplazamientos forzados de norte a su del estado, donde la  gente tiene  que dejar  la tierra su único medio  de sustento para salvar la vida, una situación que  se ha agravado en la pandemia.

“Hoy en día son los sucesores del paramilitarismo, sustentados por la mafia de la región, los poderes fácticos que reaccioana  a los intereses locales y   su vínculos con los gobiernos municipal, estatal y   federal lo que provoca un pacto de impunidad”, dice Pedro Soto. “No se puede vivir en paz y libres mientras los autores materiales e intelectuales sigan libres”.

Seguir Leyendo: Huachicoleros, imparables y listos para controlar a políticos