Clínicas móviles, una solución limitada, pero más efectiva en comunidades de bajos recursos

Al menos 700 personas han fallecido en el Distrito 9 de la ciudad de Los Ángeles y unas 60,000 se han contagiado de COVID-19, por lo que la oficina del concejal Curren Price Jr. logró conseguir unas 800 vacunas Pfizer, de las cuales 200 fueron aplicadas el martes a personas latinas y afroamericanas de la tercera edad.

El proceso de organizar la vacunación mediante una clínica móvil en el Centro Recreativo de South Park, en el 345 E. 51st., en el sur centro de Los Ángeles, fue bien recibido por la comunidad de personas mayores, muchas de ellas imposibilitadas de acudir a los grandes centros de inoculación dispuestos por autoridades de salud del condado. Seguirá hasta el viernes 12 de febrero de 8 a.m. a 4 p.m.

“¿Que si tenía miedo del coronavirus? ¡Como no! Y hasta la fecha sigo pensando en eso”, declaró la señora Graciela López, de 81 años.

Graciela se portó muy valiente y no hizo ninguna mueca de dolor cuando el paramédico Jason Jasgur le aplicó la vacuna.

Dijo que se ha cuidado mucho y ha estado encerrada en casa por meses

“No he salido para nada, porque ya quiero ver a mi hijo, a mis cinco nietos y cinco bisnietos que viven en Guadalajara; cada año voy dos veces a verlos”, dijo.

La segunda dosis para ella y las demás personas que fueron vacunadas la recibirán el 3 de marzo.

Para ello les fue entregada una tarjeta y personal de la oficina de distrito del concejal Price Jr. les recordará por teléfono que tienen que regresar al mismo lugar.

“Yo he pasado el tiempo sentada en el mismo lugar, dibujando y resolviendo crucigramas”, manifestó a La Opinión, Francisca Flores, de 83 años y originaria de Atzingo, Puebla. “Con la vacuna ya me siento más tranquila; no me hubiera gustado que me llevaran de la casa al hospital y allá me guardaran un tiempecito”.

Primero los blancos

El proceso de vacunación en el sur centro de Los Ángeles comenzó en momentos que las estadísticas del Departamento de Salud del condado de Los Ángeles señalan que apenas el 3.5% de afroamericanos y 25% de latinos han sido vacunados, lo cual ha generado fuertes críticas de “discriminación” contra autoridades

“Estos datos simplemente reflejan el miedo, la cautela y la sospecha continua de muchos afroamericanos por el trato brutal y la negligencia a lo largo de gran parte de la historia estadounidense por parte de los médicos y los practicantes de medicina”, observó el defensor de derechos civiles y activista afroamericano, Earl Ofari Hutchinson, presidente de la Mesa Redonda de Política Urbana de Los Ángeles.

Hutchinson expuso que existe una gran preocupación de que los negros pobres del sur de Los Ángeles no estén recibiendo su parte de las vacunas “y como siempre, en el tratamiento y la atención médica van primero los blancos”.

Para remediar la situación, expuso que se necesitará una campaña masiva de educación en salud pública y abundantes, visibles y publicitados sitios de vacunación gratuitos en el sur de Los Ángeles; además de “una prueba sólida de que las vacunas son una medida segura y necesaria para prevenir el COVID-19 y otras enfermedades para acabar con el miedo y la resistencia a las vacunas”.

Sin embargo, en un esfuerzo por salvar vidas en una de las áreas más afectadas por la emergencia de salud pública, el concejal Curren Price Jr. se unió con el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles (LAFD) y al Esfuerzo de Ayuda Organizada por la Comunidad (CORE), como parte de la clínica móvil de vacunación para las personas mayores del Distrito 9.

“La verdad que sí le tenía miedo a la aguja, pero más a la enfermedad” expresó Alberto Velázquez, un marine de origen puertorriqueño de 95 años, que combatió en la Segunda Guerra Mundial y en las guerras de Corea y Vietnam.

“Lo que está pasando con esta enfermedad es una tragedia”, dijo.

Solo 800 vacunas

La clínica móvil para los vecinos del Distrito 9 tiene capacidad para administrar 800 vacunas a personas de la comunidad de 65 años o más, así como a los trabajadores de salud locales.

“Desafortunadamente la ciudad [de Los Ángeles] depende del condado; nosotros no tenemos nuestro departamento de salud y ellos dependen del estado, y el estado de las restricciones federales”, indicó Angelina Valencia-Dumarot, portavoz del concejal Price Jr. “Tenemos información de que no hay suficientes vacunas, aunque se espera que haya una tercera [vacuna] de Johnson & Johnson”. Las otras dos vacunas que se están aplicando son de las farmacéuticas Pfizer y Moderna.

Valencia-Dumarot destacó que, a pesar de los retos y las barreras que tienen para conseguir las vacunas, “tratamos de hacer lo mejor que podemos y lo más rápido posible, pero no es suficiente”.

“Tenemos que ser creativos y poner en práctica las ideas mediante las clínicas móviles en nuestras comunidades, donde la gente tiene confianza en sus autoridades, porque de estos lugares (sur centro de la ciudad) ellos no van a ir hasta Pomona o el Dodger Stadium, porque no tienen carro ni quien los lleve”.

Transporte para quienes no tienen

La iniciativa local es parte de una campaña de base, que incluye colaboración con instalaciones locales de vivienda para personas mayores, comunidades de viviendas públicas en Pueblo del Río y Avalon Gardens, iglesias, organizaciones sin fines de lucro del sur de Los Ángeles y personal médico de St. John’s Well Child and Family Center.

“Vamos a continuar con las clínicas móviles en los vecindarios, aunque las vacunas son limitadas, aunque con estos esfuerzos, trabajando con la ciudad y el condado haremos la diferencia, porque sabemos que se trata de la diferencia entre la vida y la muerte, aunque tenemos que estar conscientes que esto no sucederá de la noche a la mañana”, declaró Angelina Valencia-Dumarot.

El concejal Price Jr. ha solicitado ayuda del Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT), autobuses privados y camionetas de la ciudad para proporcionar transporte a las personas mayores.

Aprueban moción para garantizar el acceso equitativo a la vacuna

“Estoy decepcionada por las desigualdades reflejadas hasta ahora en el lanzamiento de la vacuna, y pido a nuestros departamentos y proveedores médicos que cumplan con nuestra responsabilidad compartida de garantizar que la vacuna llegue a los más vulnerables”, declaró la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, Hilda Solís, supervisora ​​del Distrito 1.

La declaración de Solís surgió después que sus homólogas en la Junta de Supervisores aprobaron de forma unánime su moción que ordena al Condado que se asocie con los operadores de transporte, autoridades y empresas para garantizar que las personas de 65 años o más puedan acceder con facilidad a los puntos de vacunación en: Dodger Stadium, Cal Poly Pomona, Cal State Northridge, Forum en Inglewood, Fairplex de Pomona Fairplex, Six Flags en Valencia y la Oficina de Educación del condado de Los Ángeles en Downey.

“Las comunidades de color han sido las más afectadas por la pandemia y nuestra respuesta desde el principio, incluso con la vacuna, ha sido abordar eso de frente”, dijo. “Con esta moción, nos aseguramos de que todos, incluso nuestros residentes más vulnerables puedan recibir la vacuna”.

La funcionaria destacó que ofrecer opciones de transporte a los sitios de vacunación es fundamental en un condado tan grande como Los Ángeles, donde el 14.1% (1.415, 514) de sus 10,039,107 residentes son personas mayores de 65 años, según cifras del Censo de Población de Estados Unidos.

“Además, tenemos la responsabilidad de llevar la vacuna directamente a las personas de la comunidad, especialmente en los sitios de viviendas públicas y los centros para personas mayores”, precisó Hilda Solís.

La administración del presidente Joe Biden anunció recientemente la llegada de unidades móviles de vacunación al condado de Los Ángeles, y el Departamento de Salud Pública implementará otros recursos móviles, debido a la gran necesidad de este servicio.

“Está claro que la movilización de opciones más accesibles a la vacuna es parte integral de una campaña de vacunación exitosa. No es solo una cuestión de equidad, sino también una cuestión de ética: es lo correcto”, dijo la Supervisora Hilda Solís.

El transporte es a menudo una barrera para las comunidades de bajos ingresos que dependen en gran medida del transporte público para las tareas diarias.

El ingreso familiar promedio del usuario promedio de un autobús de Metro es de solo $ 18,000, y muchas personas provienen de comunidades de color.

Además, solo el 25% de los pasajeros de autobús tienen acceso a un automóvil. Estos pasajeros han sido los más afectados por la pandemia y necesitan ayuda para acceder a los lugares de vacunación.

La moción también pide que se desarrollen opciones de clínicas móviles para llevar la vacuna COVID-19 a los residentes e informar a la Junta de Supervisores en 14 días sobre la implementación.

Este es el segundo artículo de tres donde ilustramos la necesidad y algunas de las quejas, esfuerzos y soluciones que las comunidades de bajos recursos han experimentado e implementado para llevar la vacuna contra el COVID a los más necesitados. El último artículo saldrá el jueves.