La polémica reforma del sector eléctrico que enfrenta a AMLO con las compañías privadas
Los cambios en las reglas del juego han provocado un conflicto entre el gobierno mexicano y las empresas privadas afectadas, principalmente las de Norteamérica
La reforma de la ley favorecerá la generación estatal de electricidad. Crédito: Getty Images
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) concretó su “golpe de timón” en el sector energético de México.
La reforma relámpago de la Ley de la Industria Eléctrica fue aprobada en la madrugada del miércoles en el Senado mexicano, con lo que los cambios que quería el presidente en este sector saldrán adelante una vez sea promulgada.
Entre otras cosas, la reforma favorece la generación de energía a través de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), en detrimento de las empresas privadas.
En la actualidad, compañías privadas de México, Estados Unidos, Canadá y Europa son las mayores proveedoras de electricidad que luego venden al gobierno en subastas.
Mientras, algunas plantas generadoras de la CFE están subutilizadas o paradas, algo que López Obrador considera que va “en contra de los intereses” del país, por lo que decidió impulsar los cambios en la ley
“[La reforma] Es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, para que no cueste más a los consumidores la luz y para que no nos estén saqueando”, dijo el lunes el izquierdista López Obrador, conocido por su oposición a la compra de energía a compañías privadas.
Estos cambios en las reglas del juego han provocado un conflicto entre el gobierno mexicano y las empresas privadas afectadas, principalmente las de Norteamérica.
Los primeros reclamos
Desde que se conoció la iniciativa de AMLO, la inconformidad de las empresas afectadas se hizo palpable, dentro y fuera de México.
La Cámara de Comercio de EE.UU. advirtió el mes pasado que la reforma representaba un incumplimiento del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
Ese tratado de libre comercio prohíbe a los gobiernos favorecer a las empresas estatales.
“Cambios tan drásticos abrirían la puerta para el restablecimiento de un monopolio en el sector eléctrico y, creemos, contravendrían directamente los compromisos de México en el T-MEC”, dijo el vicepresidente para las Américas de ese organismo, Neil Herrington.
De 109 participantes en la generación de electricidad en México, según un reporte oficial de enero pasado, 102 eran compañías privadas de capital nacional y extranjero.
Estas empresas advierten que miles de millones de dólares invertidos están en juego, pues las plantas generadoras podrían perder su rentabilidad.
Además, denuncian que la reforma impulsada por el gobierno AMLO no les garantiza el acceso a la red eléctrica pública, ya que dicho acceso se dará cuando sea “técnicamente factible”.
Julie J. Chung, subsecretaria del Departamento de Estado de EE.UU., dijo que había “muchos aspectos” de la reforma “que preocupan al sector privado”.
El Consejo Global de Energía Eólica y el Consejo Solar Global, que agrupan a firmas de EE.UU., Canadá y otros países, dijo en un comunicado conjunto: “El daño ya se ha hecho al entorno de inversión en energía renovable en los últimos dos años, con reformas de política nacional como este proyecto de ley que representa una amenaza inequívoca para la inversión del sector privado local y extranjero”.
En México, la Comisión Federal de Competencia Económica -un organismo autónomo del gobierno- había recomendado la no aprobación de la reforma, ya que “podría afectar severamente el proceso de competencia y libre concurrencia en los eslabones de generación y comercialización de energía eléctrica”.
“De entrar en vigor, esto podría traducirse en tarifas finales de suministro eléctrico más altas, que deberán pagar los consumidores y/o el gobierno mediante subsidios”.
Pero el presidente ya ha celebrado la aprobación de la reforma, señalando que no dará marcha atrás: “Ahora con la reforma eléctrica vamos a poder sentarnos con las empresas y decirles: ‘A ver, pongámonos de acuerdo, esto es lo justo'”.
¿Por qué los cambios?
México nacionalizó la industria eléctrica en la década de 1960, pero a partir de 1992 el gobierno abrió la posibilidad de que las empresas privadas generaran electricidad, para consumo propio o para venderla al gobierno o al extranjero.
La participación privada creció en las siguientes dos décadas, mientras que las plantas de la CFE fueron quedando rezagadas por falta de inversión y mantenimiento.
“La reforma energética de 2013 lo único que hizo fue legalizar de iure algo que de facto ya estaba pasando: la participación de los privados en el sector eléctrico mexicano”, explica a BBC Mundo Israel Solorio, un experto de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La reforma ahora de López Obrador, indica Solorio, “desmantela” la política de mercado implementada en 2013, que contemplaba la compra de electricidad a compañías privadas mediante subastas.
Ahora la CFE elegirá libremente a quién comprarle la energía, sin las subastas que López Obrador calificó de “perversa maquinación ideada con el único propósito de garantizar la rentabilidad de las inversiones de los generadores privados en detrimento de la CFE”.
Pero hay expertos que aseguran que las subastas de venta de energía son el mejor mecanismo para asegurar el acceso a la electricidad al precio más barato posible al obligar a competir a las empresas.
El gobierno de AMLO considera prioritario retomar el control del Estado sobre el sector eléctrico al ser estratégico para el país.
“Lo que hace es recuperar un mayor control sobre las fuentes que van a abastecer al país”, dice Solorio.
¿Una apuesta arriesgada?
Esta reforma deja a las compañías privadas en un limbo, pues reduce las opciones que tienen para colocar la electricidad que producen, que suele ser más barata que la que sale de las plantas de la CFE, construidas hace décadas.
“La manera en que se está proponiendo un cambio tan sustantivo en las reglas, lo más probable es que traiga una incertidumbre muy grande en el sector“, dice Francisco Ortiz, investigador de la Universidad Panamericana.
“Y esto lo que va a hacer es reducir los incentivos para que los privados inviertan”, añade.
Para Israel Solorio, “es positivo que el Estado trate de recuperar la rectoría del sector energético”, pero advierte que “hay muchísimas críticas que hacerle a la reforma y cómo se hace, carente de una discusión social amplia”.
“Soberanía no es igual a seguridad energética“, advierte.
“Cuando López Obrador habla de soberanía energética piensa en revitalizar la CFE, pero no hay una política que garantice la seguridad energética del país, y eso es lo que hemos enfrentado con los apagones de las últimas semanas”, señala en relación a las fallas del suministro que tuvo México en febrero.
“Una seguridad energética necesita una diversificación en las fuentes de energía y eso es algo que no está de momento en la política de López Obrador”, añade el experto.
Uno de los problemas que históricamente ha tenido el gobierno mexicano ha sido la falta de capacidad para invertir en la infraestructura eléctrica del país, explica Ortiz, por lo que las aportaciones del sector privado son fundamentales.
“El país está en crecimiento. Y como un país que busca desarrollo, la energía eléctrica es fundamental. El gobierno se dio cuenta que no tenía recursos para nuevas tecnologías e infraestructuras, entonces tuvo que recurrir a un tercero, el sector privado”, señala.
Además, como el gobierno de AMLO se comprometió a no aumentar el precio de la electricidad, cualquier subida que se dé a raíz de esta reforma deberá ser compensada con subsidios, con lo que al final serán los consumidores los que acaben pagando esos aumentos.
Para 2021, el presupuesto público del gobierno federal mexicano contempla US$3.500 millones para subsidiar el costo de la electricidad.
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