Inquilinos son desalojados en el sur de Los Ángeles

Las redes sociales mostraron imágenes de inquilinos que salían con sus pocas pertenencias en bolsas de plástico de una propiedad en el sur de Los Ángeles el jueves por la mañana.

Aproximadamente 12 inquilinos de una casa de huéspedes, localizada sobre la calle 46 y la esquina McKinley en el sur de Los Ángeles, desconocían que la renta que estaban pagando no iba directa a los dueños de la propiedad, sino a un inquilino principal que desapareció.

La casa de huéspedes usualmente albergaba a personas que eran mayores de edad o personas en recuperación de adicciones. No era parte de ningún programa gubernamental. Los vecinos dicen que el inquilino principal rentaba por su cuenta y los interesados se enteraban acerca de esta vivienda mediante amigos o conocidos.

Aparentemente todo iba bien hasta que los inquilinos en la propiedad recibieron una carta de desalojo a finales de febrero.

Terry Jackson, quien ha vivido en esa casa desde noviembre del 2019, dijo que el miércoles cuando quiso entrar, la casa ya tenía seguro y tuvo que ir a dormir a la casa de un amigo.

“No sé a dónde voy a vivir ahora”, indicó el joven de 26 años cuya recámara donde dormía estaba acondicionada estilo hostal. Tenía cuatro literas y los inquilinos tenían su propia cama pero compartían el resto de la casa.

Terry dijo que la casa tenía cinco recámaras y cada una tenía entre cuatro y ocho camas.

“El problema es que el inquilino principal fue desalojado y no nos dijo nada. Nosotros no sabíamos que él se estaba robando la renta”, explicó Jackson.

El jueves cuando llegaron a sacar sus pertenencias ya estaban afuera varios colchones de camas individuales y varios muebles, así como una patrulla de policía y supervisores de la propiedad.

Sin protección

Joe Delgado, director de Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE) en Los Ángeles, organización que está asesorando a los inquilinos, aseguró que no importa cuánto quieran decir los funcionarios electos que los inquilinos están siendo protegidos durante la pandemia porque no es verdad.

“No hay moratoria. El Sheriff, de hecho, está haciendo los desalojos”, aseguró Delgado. “Si el condado y la ciudad dicen a la gente que hay una moratoria y que los inquilinos están a salvo, pero el mismo gobierno está permitiendo que el alguacil venga a desalojar a la gente, hay una desconexión que debe abordarse”.

Ese mismo jueves, representantes de ACCE se reunieron frente a la propiedad para mostrar el apoyo a los inquilinos y para pedir que el concejal representante del área Curren Price Jr. los apoye.

“El concejal debe involucrarse, él no nos está respondiendo con ninguna solución”, dijo Delgado.

Añadió que ya intentaron contactarse con Price, concejal del Distrito 9, pero un representante los atendió una vez; no obstante, hasta el momento del desalojo nunca más lo volvieron a ver.

Delgado dijo que ningún inquilino debería ser desalojado durante la pandemia y mucho menos inquilinos mayores de edad y con algún tipo de adicción.

“Hay un par de personas mayores ahí y algunos de los inquilinos son adictos que están en recuperación y eran parte  de un programa”, explicó Delgado. “Son los más vulnerables, son las personas que no quieres que vuelvan a las calles, porque no solo corren el riesgo de contraer el virus, sino que también corren el riesgo de recaer [en las adicciones]”.

Elizabeth Hernández, activista con ACCE, dijo que simpatiza con los inquilinos afectados ya que ella ha estado peleando su propio proceso de evicción en otra propiedad.

“A nosotros nos querían subir la renta de $838 a $2,300”, dijo Hernández. “Esta es una crisis que está creciendo y solo lleva a que haya más desamparados en las calles”.

Para su fortuna, subrayó Hernández, ha sido asesorada por ACCE y hasta el momento continúa en su vivienda que comparte con su esposo y cuatro hijos.

La Opinión intentó contactar a los representantes de la propiedad, Alexei Home LLC y Phyllis Cheng, pero hasta el momento del cierre no hubo respuestas.

Por su parte, Angelina Valencia, portavoz de la oficina del concejal Price, dijo que la oficina se enteró de la situación de los inquilinos el domingo por la noche.

Agregó que el subjefe de personal habló con aproximadamente cinco personas de la vivienda y aseguran que los refirieron con el departamento de vivienda de Los Ángeles para que pudieran hacer un seguimiento.

“Nosotros entendimos que los residentes ya tenían asesoría legal disponible”, dijo Valencia. “Una de las formas en que estábamos dispuestos a ayudar es recomendando servicios legales”.

La portavoz añadió que cuando la oficina se enteró del inminente desalojo, contactaron a sus proveedores de servicios para personas sin hogar y los ayuden a conseguir vivienda.

Moratoria

El Departamento de Vivienda e Inversión Comunitaria de Los Ángeles (HCIDLA) indicó que desde el 4 de marzo del 2020 y hasta el final de la emergencia local debido a la pandemia del COVID-19, ningún propietario puede desalojar a un inquilino por no pagar el alquiler.

Esta decisión fue tomada debido a las medidas ordenadas por el gobierno estatal, incluyendo la orden de permanecer en casa.

Sandra Mendoza, portavoz de HCIDLA, dijo que la ciudad de Los Ángeles todavía tiene vigentes las protecciones para inquilinos de emergencia COVID-19, que incluyen una moratoria en la mayoría de los desalojos.

“Los inquilinos no pueden ser desalojados por falta de pago del alquiler si la razón por la que no pueden pagar el alquiler está relacionada con la pandemia de COVID-19”, indicó.

No obstante, añadió que algunos desalojos limitados siguen siendo legales y las determinaciones se basan de caso en caso.

Mendoza dijo que los inquilinos amenazados por el desalojo deben comunicarse con HCIDLA para presentar una queja y, al mismo tiempo, buscar asesoramiento legal.

Quiénes calfican

Inquilinos que han perdido su empleo, les han reducido las horas de trabajo, han perdido ingresos o han aumentado su costo de cuidado infantil debido a que las guarderías o las escuelas están cerradas, califican bajo esta moratoria.

También califican los inquilinos que deben pagar costos médicos para su persona o un miembro del hogar infectado con COVID-19.

Las personas afectadas deben notificar a su arrendador por escrito, a más tardar 7 días después de la fecha de vencimiento del alquiler que no puede pagar debido al COVID-19. El inquilino debe conservar toda la documentación que demuestre su razón para no poder pagar el alquiler durante la pandemia.

Más información se puede encontrar en: hcidla2.lacity.org/residents/