México, el reino del “moche”

MEXICO.- La cultura del “moche” se ensaña cada día más con los mexicanos. La práctica a través de la cual un trabajador tiene que dar una parte de su salario para hacerse de un empleo o mantenerlo en el sector público se ha vuelto un cáncer y causa permanente de la desigualdad social porque no hay sector federal, estatal o municipal que esté exento.

Hoy por hoy, un empleado debe dar un porcentaje de su salario a sus jefes por trabajar limpiando pisos, por recolectar la basura, por pegar grapas en las oficinas, por jugarse el pellejo como policías, por construir puentes, carreteras, por sacar petróleo, por querer jubilarse por mantener su prima de antigüedad, por sembrar árboles, por querer hacerse de un contrato.

Y si no lo da, lo echan, los mandan a la calle, según denuncias en diversos estados desde hace años, durante 2021 y al menos una docena en el último mes.

“Es muy perverso porque uno no tiene opción, el empleo en medio de la pandemia es escaso”, advierte Josefina Ramos, una trabajadora del sector público en la Ciudad de México que pide el anonimato: razón por la cual se le cambió el nombre.

“Da mucho coraje porque es dinero que te ganas con el sudor de tu frente, levantándote temprano, exponiéndote a que te asalten y los funcionarios no hacen nada, sólo estiran la mano y se llenan los bolsillos”.

Esta trabajadora de escritorio a punto de jubilarse revela que la práctica tiene muchos años, desde que el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, quería ser presidente en el 2006. “Desde entonces nos quitaban el 10% dizque para la campaña”.

El porcentaje ha ido en aumento con el paso del tiempo en diversos sectores. Durante la aprobación del presupuesto de 2014, por ejemplo, un grupo de diputados fue acusado por alcaldes de cobrar una comisión por aprobar recursos federales adicionales para proyectos en sus municipios.

El monto de la comisión iba del 10 hasta el 35% del presupuesto aprobado, de acuerdo con los testimonios de los presidentes municipales.

Los diputados, principalmente del Partido Acción Nacional (PAN), asignaban en ese tiempo recursos a los estados y los municipios desde una bolsa de dinero público llamado Ramo General 23, que a raíz del escándalo fue señalado como “El fondo de los Moches”.

En su momento, organizaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción impulsaron la regulación o la desaparición del fondo, pero no se logró casi ningún cambio y el fondo para el Ramo 23 continúa vigente con recursos federales.

 “La impunidad permite que los moches se hayan vuelto un asunto cotidiano”, denunció Azael León un trabajador de la empresa paraestatal Petroleros Mexicanos, quien encabeza un movimiento de denuncias en contra de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

“Los líderes sindicales y los funcionarios de Pemex están coludidos para pedirnos moches de entre 10,000 y 15,000 (entre 500 y 750 dólares) por contrato y el mismo porcentaje por mes”, delató. “Esto es pan de todos los días”.

En el mes de septiembre pasado fueron señalados por pedir “moches” a gente necesitada del empleo, varios funcionarios federales, entre ellos, altos mandos del Ejército a cargo de la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.

También se levantó una denuncia por corrupción en la Comisión Reguladora de Energía por lucrar con la entrega de permisos para gasolineras y se desempolvó una denuncia contra la actual secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez después de que Instituto Nacional Electoral (INE) documentó “moches” institucionales.

El INE puso en estos días una multa al partido Morena por descontar de manera forzada un porcentaje de su salario a empleados del municipio de Texcoco para financiar la campaña de la entonces alcaldesa, Delfina Gómez, quien pretendía ser diputada federal en 2015.

A nivel estatal, empresarios de Jalisco lanzaron un SOS en contra de la cultura de los moches que les impide competir sanamente por una licitación local, un esquema que se repite en cada uno de los 32 estados del país; en Sinaloa, policías municipales retirados de Culiacán cerraron avenidas en protesta por el cobro de “moche” del 20% para que les autoricen la jubilación y la prima de antigüedad.

“Quieren cobrar por un derecho social básico, es injusto, ellos no se jugaron la vida en Sinaloa, sólo llegaron a un puesto de poder”, dijo el líder del movimiento, Iván Durán, apenas unos meses después de que en Campeche se señalara a funcionarios a cargo del programa Sembrando Vida por pedir dinero para dar trabajo a campesinos.

¿Soluciones?

El pasado 1 de octubre, el congreso de Nayarit se convirtió en uno de los más recientes legislativos en tomar cartas en el asunto al votar por unanimidad la Ley “Cero Moches” para frenar a aquellos funcionarios estatales, municipales y diputados que podrían ir a la cárcel hasta por nueve años al  aceptar “dádivas”, robar o desviar recursos del pueblo.

 “Ya basta que los ladrones de cuello blanco se enriquezcan con el dinero público”, dijo la promotora de la ley Cristal Espinoza en un discurso político que pasa la tarjeta al poder judicial donde se concentra las principal falla del país que da paso a la impunidad.

El Instituto Mexicano para la Competitividad, otra de las organizaciones civiles que realiza estudios sobre la corrupción señala a la impunidad como el principal incentivo para los “moches”.

En un informe sobre el tema reprochó a las autoridades mexicanas permitir que ocurran casos como el del ex diputado Ernesto Núñez quien  fue grabando pidiendo cuatro millones de pesos en moches para asignar recursos a programas culturales y ni siquiera fue investigado.

O el caso de la Casa Blanca que compró en su momento la esposa del presidente Enrique Peña Nieto bajo dudosos contratos que la Procuraduría General dela República se negó a investigar declarándose incompetente.

“La falta de sanciones hace permanente la corrupción”.

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