Biden mata ley que acabaría con centros privados de detención de inmigrantes en California

Un panel de tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones ordenó este mes a la corte de distrito bloquear la ley estatal AB 32, firmada en 2019, que prohíbe las prisiones y centros privados de migración en el estado.

Y aunque el propio procurador de California, Rob Bonta planea apelar, el golpe está dado, y los propios líderes proinmigrantes desconocen si se pueda dar marcha atrás a la decisión de la administración Biden de continuar con la demanda iniciada por Trump contra la ley AB 32.

El año pasado, la jueza de la misma corte federal, Janis Sammartino, sostuvo la ley AB 32, pero el panel de jueces, dos de ellos nombrados por Trump, revirtieron la decisión.

El Estado de California ahora tiene la opción de apelar la decisión a un panel de jueces más grande de la Corte Novena de Circuito o pedir a la Corte Suprema tomar el caso.

“No está dicha la última palabra, porque aún tenemos la oportunidad de apelar y que un panel más grande decida”, dijo Lizbeth Abeln, organizadora de la Inland Coalition for Immigrant Justice (ICIJ).

Señaló que el argumento dado para fallar en contra de la AB 32 no funciona porque California tiene la autoridad para regular las compañías privadas.

Y reconoció que se sienten tristes y decepcionados por la decisión, pero también porque el presidente Biden no ha cumplido sus promesas con los inmigrantes de darles una reforma migratoria, y por apelar para que sigan los centros de detención.

Lo que es peor, hizo saber que en plena pandemia, los centros de de detención de inmigrantes de Adelanto y Mesa Verde ampliaron sus instalaciones para tener mayor capacidad.

El fallo del Noveno Circuito de Apelaciones se da en tanto el número de inmigrantes en custodia del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) se ha disparado bajo la administración de Biden.

Antes de este fallo, bajo la ley AB 32  se esperaba que varios centros de detención del ICE en California cerraran cuando sus contratos expiraran en 2020.

Si no se logra revertir el fallo del Noveno Circuito, estos centros de detención con un largo historial de abusos, permanecerán abiertos.

La decisión de la administración de Biden de continuar con la demanda de la era Trump contra la ley AB 32, despertó la frustración de los defensores de los inmigrantes, y generó una carta de algunos miembros del Congreso quienes expresaron serias preocupaciones.

En respuesta al fallo, la Coalición Dignidad no Detención, que encabezó los esfuerzos para que se aprobara la AB 32, declaró mediante un comunicado que “el horrible abuso de haitianos por parte de la administración Biden el mes pasado ha mostrado que esta administración ha traicionado las promesas y violado los valores esenciales al poner las vidas de los miembros de la comunidad en riesgo”.

Dijeron que continúan demandando el fin de las deportaciones y que se les garantice libertad condicional humanitaria.

“Mientras tanto, el fallo sobre la AB 32 es otro es otro indicador sombrío del descenso de la administración a la política de inmigración de Trump”.

Dijeron que en este momento doloroso, necesitan que la administración Biden y al Congreso tomen acción inmediata para reparar el daño, incluyendo disminuir el financiamiento para la detención abusiva y reinvertir en alternativas comunitarias probadas.

“El largo historial de negligencia médica y abusos sistémicos que se vive en estos centros de detención, y la lucha contra el racismo profundamente arraigados en el sistema, no deben ocultarse bajo la alfombra”.

Hicieron ver que el fallo es una dura lección sobre la amenaza que representa el poder corporativo sin control para el proceso democrático. 

Sin embargo, destacaron que la AB 32 es una táctica dentro de la gran búsqueda de justicia. “Las personas que se encuentran actualmente detenidas y sus seres queridos continúan organizándose por la libertad y la dignidad todos los días”.

Como consecuencia, dijeron que deben responder al llamado a la solidaridad y redoblar los esfuerzos para poner fin a todas las detenciones, ya sea a cargo de una corporación o del gobierno.

La ley AB 32 entró en vigor el 1 de enero de 2020. Se contemplaba que 3 de los 4 centros privados de detención de inmigrantes ubicados en California cerrarían en marzo de 2020 porque los contratos con el ICE expiraban en esa fecha. 

Pero días antes de que la AB 32 entrara en vigor, en diciembre de 2019, el ICE hizo nuevos contratos para mantener los centros de detención abiertos y que pudieran ampliar sus instalaciones.  Hoy en día tanto el Centro de Detención de Adelanto como el Centro de Detención de Mesa Verde han ampliado su capacidad para recibir inmigrantes. Ambos son manejados por GEO Group. 

En tanto el Centro de Detención de Otay es administrado por el grupo privado Core Civic. GEO incluso entabló una demanda contra la AB 32.

En octubre de 2020, la jueza de la corte de distrito, Janis Sammartino, nombrada por el expresidente George W. Bush emitió un fallo a favor de la AB 32, pero la administración Biden decidió continuar con la demanda de Trump y apeló la decisión.

El procurador de California, Rob Bonta quien es el autor de la AB 32, dijo que cuando se aprobó esa ley, mandaron un mensaje claro para poner fin a los centros de detención privados con fines de lucro.

“Las prisiones y centros de detención no deben ser lugar para la ganancia. Continuaremos peleando por el derecho a la dignidad y de que todos en California sean protegidos”.

Dijo que como fililipino-americano que fue traído a este país cuando era un niño, esta pelea para él es personal. “Mientras que el camino por adelante puede verse un poco más lejano, nuestro trabajo continúa y seguiremos empujando“.

En junio, antes del fallo, la congresista de Inland Empire, Norma Torres y el congresista de Arizona, Raúl Grijalva junto con un grupo de 24 legisladores, enviaron una carta al procurador Merick Garland urgiéndolo a abandonar la apelación contra el estado de California con relación a la ley AB 32, que pone fin al uso del gobierno federal de instalaciones privadas para encarcelamiento.

“Asignar un motivo de lucro a la detención humana es inmoral y consistentemente conduce a condiciones desastrosas para los detenidos en esas instalaciones”, dijo la congresista Torres.

“El Estado de California tiene todo el derecho de cortar lazos con esta industria aborrecible, pero la Administración Trump presentó una demanda para obstaculizar esos esfuerzos. Es hora de que el fiscal general Garland se retire de esta demanda que traiciona nuestros valores como nación y socava la voluntad de la gente en el Estado Dorado”.