Pena de muerte: Tribunal Supremo considera el caso del atacante del maratón de Boston

El Tribunal Supremo revisa si debe aplicarse o no la pena de muerte a Dzhokhar Tsarnaev, quien junto a su hermano a fallecido, realizó un sangriento atentado con bombas en el maratón de Boston en 2013

Dzhokhar Tsarnaev.

Dzhokhar Tsarnaev. Crédito: AFP / Getty Images

Ocho años después del atentado con bomba del Maratón de Boston de 2013, que provocó la muerte de tres espectadores y un oficial de policía y dejó lesionadas a más de 250 personas, el Tribunal Supremo parecía listo el miércoles para restablecer la sentencia de muerte de Dzhokhar Tsarnaev, uno de los dos hermanos involucrados en el ataque.

Los jueces del Tribunal Supremo escucharon el miércoles argumentos sobre si la pena de muerte fue anulada incorrectamente para uno de los atacantes del Maratón de Boston, y centraron la mayoría de sus preguntas en la decisión del juez de primera instancia de excluir pruebas sobre la posible participación del otro atacante, en otros delitos anteriores.

El 15 de abril de 2013, Dzhokhar Tsarnaev y su hermano Tamerlan Tsarnaev detonaron dos bombas cerca de la línea de meta del maratón anual de Boston, matando a tres personas e lesionando a aproximadamente 264 más. Tamerlan Tsarnaev recibió varios disparos durante su arresto, atropelló el automóvil de su hermano y murió más tarde.

Dzhokhar Tsarnaev fue condenado por 30 delitos, incluidos tres cargos de uso de un arma de destrucción masiva con resultado de muerte. Fue condenado a muerte por seis delitos y el juez también impuso 20 cadenas perpetuas.

Tsarnaev fue condenado a muerte en 2015. /Foto: Archivo/FBI/EFE
Tsarnaev fue condenado a muerte en 2015. Crédito: FBI | EFE

Dzhokhar Tsarnaev apeló la decisión de sentencia. En julio de 2020, el Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito de EE.UU. confirmó 27 de sus condenas, revocó tres, anuló su sentencia de muerte y ordenó que Dzhokhar Tsarnaev continuara cumpliendo cadena perpetua hasta que se celebre un nuevo juicio en fase de pena.

El tribunal de apelaciones anuló la sentencia de muerte por dos motivos: que el juez de primera instancia debería haber preguntado a los posibles miembros del jurado detalles sobre su consumo de noticias sobre el caso antes del juicio y que durante la fase de sanción y que el juez de primera instancia no debería haber excluido pruebas de que su hermano Tamerlan Tsaraev supuestamente estaba involucrado en un triple homicidio dos años antes del atentado.

La decisión del 1er Circuito dijo que “la evidencia omitida podría haber inclinado al menos la escala de decisión de un miembro del jurado lejos de la muerte”.

Durante el juicio, los abogados de Dzhokhar Tsarnaev argumentaron que su hermano actuó como un “catalizador radicalizador” que influyó en Dzhokhar Tsarnaev para que participara en los atentados. El gobierno dijo que los hermanos eran igualmente culpables.

Durante la audiencia del miércoles, los jueces centraron la mayor parte de sus preguntas en por qué la conexión de Tamerlan Tsarnaev con el triple homicidio anterior no se permitió como prueba durante el juicio y si esto importaba o no en la imposición de la pena de muerte para su hermano.

Los jueves conservadores en el Tribunal Supremo sugirieron que la evidencia no era confiable y no debería haber sido presentada al jurado.

Pero los tres jueces liberales dijeron que esa evidencia pertenecía al eje del argumento a favor de Dzhokhar Tsarnaev: que no debería recibir la pena de muerte, porque fue su hermano quien tomó la iniciativa en la ejecución del atentado.

Ginger Anders, abogado de Dzhokhar Tsarnaev, argumentó que la inclusión de esta evidencia era esencial para el caso de la defensa. “La teoría es que Tamerlan influyó en Dzhokhar. La teoría es que Tamerlan adoctrinó a Dzhokhar y Dzhokhar se radicalizó debido a Tamerlan y era más probable que Tamerlan liderara los bombardeos”, dijo Anders.

No está claro si, incluso si se restableciera la pena de muerte de Tsarnaev, realmente sería ejecutado.

En julio, el fiscal general Merrick Garland impuso una moratoria sobre las ejecuciones federales mientras el Departamento de Justicia revisa las políticas y los procedimientos.

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