No a la Proposición 29

La Proposición 29 sometida a la aprobación del público votante el 8 de noviembre, propone que las clínicas de diálisis en California tengan presente, en cada tratamiento,  al menos a un médico, enfermero practicante o asistente médico. 

Trata de operar un cambio radical en las 650 clínicas de diálisis, que atienden a más de 80,000 pacientes en California, por lo general cada dos días, en un procedimiento de limpieza de la sangre, que dura 4 horas. 

Ahora bien, la misma propuesta, con un número diferente, fue rechazada por la mayoría de los votantes en 2018 y otra vez en 2020. 

Merece ser rechazada por tercera vez. Tal como se opuso en las dos vueltas anteriores, La Opinión se opone a la propuesta 29. 

Por alguna razón, en ningún estado se requiere la presencia física de un médico durante la diálisis. El departamento de Salud Pública del estado no lo pide. Tampoco el centro de Medicare y Servicios de Medicaid (CMS). 

Es porque es innecesario y contraproducente. 

Se trata de una moción política insertada en medio de las negociaciones entre una central sindical y los propietarios de las clínicas en torno a la sindicalización de los empleados. 

En el medio están los pacientes. 

Naturalmente, apoyamos el derecho de los trabajadores a formar sindicatos, actuar por el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y unirse a centrales sindicales, acrecentando su fuerza. Y saludamos a los sindicatos que protegen a sus trabajadores. 

Pero esta propuesta va más allá. En caso de ser aprobada, las clínicas se verían obligadas a mantener un experto médico en cada diálisis y correr con el gasto. Deberán contratar a al menos dos, porque están abiertas más de 12 horas. ¿Cuál es el interés de la central sindical en este caso? 

El costo agregado por cada clínica podría llegar a millones de dólares por año.  

Numerosas clínicas de diálisis que atienden a la población en zonas rurales no podrán seguir operando con estos gastos. Deberán cerrar, sea que pertenezcan a pequeñas empresas o a grandes empresas.

Las que cerrarán prestan hoy servicios a los más pobres y a residentes rurales. Los pacientes son en su mayoría latinos, que junto con los afroamericanos sufren más que otros grupos de alta presión y diabetes, un antecedente de enfermedades del hígado.

Al día de hoy, las diálisis son supervisadas por el CMS, instituciones estatales y federales.  Cada cambio debe ceñirse a las regulaciones de CMS y ejecutarse a través del nefrólogo personal del paciente. Además, en la actualidad la clínica tiene que tener una enfermera especializada en diálisis y personal adicional. 

Además, el nuevo médico o enfermero que debería estar presente si se aprueba la proposición no va a poder participar en la diálisis, en el sentido de cambiar su duración o la droga utilizada, porque eso es algo determinado de antemano por el nefrólogo que revisó al paciente. Solo va a tener el rol administrativo de contemplar y observar.. 

Más allá de la Proposición 29, un capítulo de su texto causa sorpresa: la medida pretende prohibir que las clínicas cierren o reduzcan los servicios sin la aprobación del estado.

¿Será legal obligar a un negocio a seguir funcionando aunque pierda?; ¿a no poder tomar decisiones sin el visto bueno del gobierno? Si le interesa que la clínica siga operando, el estado puede ayudarle económicamente o comprarla. O, claro, crear las condiciones para ello. 

En suma, la Proposición 29, bajo diferentes números, fue una mala idea en 2018 y en 2020. Y lo sigue siendo hoy. 

Por todo ello, el 8 de noviembre, ¡vota no a la Proposición 29!