Ex Procurador Mexicano Implica al Ex Presidente Zedillo como Responsable de la Masacre de Acteal

Un ex procurador mexicano, en una declaración jurada, ha implicado al ex

presidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León como responsable

directo de la matanza de 45 niños y adultos en Acteal, México, en 1997.

El ex procurador Ariel Jesús Maldonado Leza dio dos declaraciones

juradas a Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess, P.A., el estudio

de abogados con sede en Miami, que representa a 10 sobrevivientes de la

masacre en la demanda judicial presentada ante el tribunal federal de

Connecticut en septiembre de 2011. Las declaraciones de Leza se

presentaron ante el tribunal hoy, en Jane Doe v. Zedillo, caso

n.º 11-CV-1433-AWT.

Las víctimas piden resarcimiento por los asesinatos de sus familiares y

por sus propias lesiones y quieren que el tribunal de los EE. UU.

declare a Zedillo responsable de la planificación, ejecución y

encubrimiento de la masacre.

Zedillo, presidente de México entre 1994 y 2000 vive actualmente en New

Haven, Connecticut, donde enseña en la Universidad de Yale. La demanda

judicial se basa en la Ley de demandas por agravios a extranjeros (Alien

Tort Claim Act) y en la Ley de Protección a Víctimas de Torturas

(Torture Victim Protection Act), que otorga jurisdicción a los

tribunales federales de los EE. UU. en dichas demandas.

La demanda acusa a Zedillo de supervisar un esquema para suprimir una

insurgencia por medios ilegales, abusando del poder y de los recursos

del gobierno a través de apoderados no gubernamentales para permitir la

negación creíble de la matanza de civiles inocentes y desarmados. Los

asaltantes, grupos paramilitares armados y entrenados por personal

militar mexicano, dispararon o asesinaron a machetazos a 45 civiles

indígenas desarmados, más cuatro bebés en gestación, e hirieron a

decenas más en la aldea de Acteal, en el remoto sur de México.

“El señor Leza corrobora lo indicado en otros documentos e informes que

implican a funcionarios en los niveles más altos del gobierno de Zedillo

con conocimiento y participación directa en la Masacre de Acteal”,

declaró el abogado de los demandantes, Roger Kobert. “En vista de estas

discusiones al más alto nivel, incluido el conocimiento previo por parte

del Procurador General mexicano, es lógico pensar que esta operación,

sin olvidar el encubrimiento que le siguió, no pudo haber tenido lugar

sin la participación y la aprobación del señor Zedillo”.

Según la demanda judicial, la Masacre de Acteal surgió a partir de la

implementación por parte del gobierno de Zedillo del “Plan de Campaña

Chiapas 1994”, un documento secreto del gobierno mexicano que esbozaba

un plan para doblegar al movimiento insurgente Zapatista de la década de

1990. Una parte esencial de dicho plan fue la creación y el despliegue

de fuerzas civiles y paramilitares para brindar asistencia a las

operaciones militares, incluyendo la provisión ilegal de armas. La

demanda también alega que Zedillo luego conspiró con Jorge Madrazo,

Procurador General de México, para encubrir el rol de Zedillo antes y

durante la Masacre de Acteal.

En el momento de la masacre, Leza era Director General de Coordinación

Interinstitucional, representando a la oficina del Procurador General en

las reuniones interdepartamentales con la Secretaría de Defensa Nacional

y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (“CISEN”), el servicio

de seguridad de México, sobre el levantamiento Zapatista en Chiapas, que

comenzó varios meses antes de que Zedillo comenzara su presidencia en

noviembre de 1994.

En sus declaraciones juradas, Leza confirma que asistió a dos reuniones

en el CISEN y en la Secretaría de Defensa, unas dos a tres semanas antes

de la Masacre de Acteal. Los principales funcionarios de ambas ramas se

encontraban allí, incluido el Director General del CISEN, Jorge Tello

Peón; el Director de Protección del CISEN, Contralmirante Wilfrido

Robledo Madrid; el secretario personal del Secretario de Defensa

Nacional, General Tomás Ángeles Dahuare; y el Jefe de Estado Mayor de la

Defensa Nacional, General Juan Heriberto Salinas Altes.

En ambas reuniones, con la presencia de Leza, los representantes de la

Secretaría de Defensa declararon inaceptable la presencia de un puesto

de control en la carretera, operado por rebeldes Zapatistas en Polho,

cerca de Acteal. Los representantes juraron que se requería la

eliminación del puesto de control de Polho y de las que asumían “bases

de apoyo” en Acteal, a pesar de estar al tanto que en la aldea de Acteal

había refugiados. Los informes de Leza sobre estas reuniones fueron

entregados directamente al Procurador General Madrazo antes de la

masacre.

Después de la Masacre de Acteal, Leza informó a sus superiores sobre la

aparente conexión entre la Masacre de Acteal y los planes de la

Secretaría de Defensa para eliminar el puesto de control de Polho. Leza

expresó también su preocupación por la participación de la Secretaría de

Defensa en la investigación posterior. Los superiores de Leza en la

oficina del Procurador General le ordenaron no participar en la

investigación. En sus declaraciones, Leza confirma además, la existencia

y aplicación del Plan de Campaña Chiapas 1994, que requería el uso de

fuerzas paramilitares en la campaña contra los Zapatistas.

Anteriormente, la Secretaría de Defensa había negado la existencia de

dicho plan.

El estudio de Kobert, conjuntamente con el estudio de abogados Matthew

Dallas Gordon LLC, de Hartford, representa a 10 víctimas sobrevivientes

de la masacre en la demanda judicial en contra de Zedillo, alegando

crímenes de guerra y otros crímenes de lesa humanidad. En vez de hacer

frente a los cargos presentados en su contra, Zedillo solicitó al

Departamento de Estado de los EE. UU. que le otorgara inmunidad en su

carácter de ex jefe de estado, con la esperanza de que se desestimara la

causa. Se espera que el Departamento de Estado presente una “Declaración

de interés” ante el tribunal de Connecticut este viernes, 7 de

septiembre, donde anuncie su opinión sobre si se debe otorgar a Zedillo

inmunidad como jefe de estado frente a todos los cargos relacionados con

la Masacre de Acteal.

Se puede encontrar información adicional, incluyendo las

declaraciones del señor Leza, una copia de la demanda y ciertos

documentos y fotografías clave en acteal97.com.

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