Deploran falta de condenados por matanza de Tamaulipas

Deploran falta de condenados por matanza de Tamaulipas
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MÉXICO.— Organizaciones de derechos humanos y de protección a inmigrantes condenaron hoy que, un año después del hallazgo sin vida de 72 indocumentados en San Fernando, en el estado mexicano de Tamaulipas, aún no haya ningún autor de la matanza formalmente condenado.

“No permitiremos que este crimen masivo de lesa humanidad se sume a otros donde ha prevalecido la impunidad y la indiferencia”, expresaron en un comunicado conjunto leído por Clemencia Correa, de la Universidad Autónoma de Ciudad de México, representantes de casas de migrantes, ONG y organismos de la sociedad civil.

En su mensaje de repulsa recordaron que la masacre ocurrida hace un año en México, donde hubo víctimas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Brasil, “fue el resultado predecible y prevenible” de políticas “migratorias y de seguridad” del Estado mexicano que consideraron erróneas.

Los activistas señalaron que México ha fomentado “condiciones de militarización, vulnerabilidad y criminalización de migrantes” cuyos derechos “han sido vulnerados sistemáticamente por autoridades estatales de todos los niveles” de Gobierno “en complicidad con la delincuencia organizada”.

En la rueda de prensa, el director del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, Miguel Concha, dijo que era “una vergüenza que no haya ningún ‘Zeta’ detenido que haya recibido castigo” por la masacre.

Condenó y pidió que se cancele la Iniciativa Mérida, el plan de cooperación anticrimen de México y EE.UU. vigente desde 2007, que en su opinión “ata la autodeterminación” de su país “en sus políticas migratorias a los intereses, no de México”, sino de Washington.

Por su parte, el coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana en la región Pacífico Sur de México, el padre Alejandro Solalinde, consideró que el Plan Mérida “es un puñal en medio de las relaciones de México con sus hermanos del sur”, en alusión a otras naciones latinoamericanas, y condenó los abusos y la xenofobia contra los indocumentados que hay en su país.

“Somos hipócritas. No puede ser que seamos católicos y muy guadalupanos, y estemos chingando (jodiendo) todo el tiempo a nuestros hermanos de aquí y de allá, pero sobre todo a los que vienen del sur, nuestros hermanos migrantes”, agregó.

Destacó que la masacre de indocumentados, puesta en perspectiva, no es “una fotografía”, sino “un crimen en movimiento” que se sigue dando actualmente en México.

Ana Lorena Delgadillo, representante de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), señaló que el 13 de junio solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pida a los países de las víctimas medidas cautelares “de urgente aplicación” para atender a sus familiares.

El objetivo de la solicitud, presentada junto a otras organizaciones, es evitar que las familias de los asesinados en México y testigos de los hechos sufran “un daño irreparable” en términos de “vida, integridad y acceso a la justicia”, agregó.

Señaló que situaciones como la masacre ponen de manifiesto la necesidad de que “México y Centroamérica echen a andar un plan regional para buscar a familias con casos de desaparición para que esta información se cruce con los restos no identificados” en México.

En otra rueda de prensa, el subsecretario (viceministro) de Población, Migración y Asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación (Interior), René Zenteno, lamentó una masacre que “quedará grabada en la mente de muchos mexicanos por la forma en la que sucedió”.

Tras la matanza “más de 81 personas” fueron “detenidas para poder aclarar los hechos”, por lo que consideró que las autoridades han “avanzado de manera significativa”.

“Los tres autores intelectuales y materiales ya se encuentran detenidos, adicionalmente se han librado órdenes de detención contra ocho imputados de esta matanza”, todos miembros de la organización criminal de Los Zetas, recordó.

“El Gobierno mexicano ha cumplido, como hemos manifestado a las diferentes entidades internacionales y nacionales en base a estas investigaciones”, añadió Zenteno.

Otra ONG, Sin Fronteras, denunció en un comunicado que en México “las violaciones sistemáticas de derechos humanos contra migrantes siguen vigentes” y a ellas hay que sumar lacras como la “xenofobia y los crímenes de odio”.