Calderón rechaza acusaciones

MÉXICO, D.F.— El presidente Felipe Calderón rechazó -a través de la Cancillería- que con su política de seguridad haya cometido crímenes de guerra o lesa humanidad que puedan ser juzgados en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, como lo planean intelectuales del país.

“Hacer un llamado a que el fiscal de la Corte Penal Internacional analice la situación de México es presentar de manera equivocada la realidad nacional”, dijo en un comunicado.

El gobierno mexicano consideró que no hay jurisdicción en el tribunal internacional para dar luz verde a las investigaciones solicitadas por los denunciantes: ataques a la población civil; desplazamiento forzado de personas; violación sexual de mujeres y niñas, así como de tortura “perpetrados y tolerados” por el Ejército.

“Se justifica la acción de la Corte exclusivamente cuando un Estado no puede o no quiere ejercer acción penal para castigar ciertos crímenes detallados en el Estatuto de Roma”, detalló. “En nuestro país la sociedad no es víctima de un gobierno autoritario o de abusos sistemáticos por parte de las Fuerzas Armadas”.

El abogado de los demandantes, Netzaí Sandoval, respondió que es justamente porque en México los delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad no están tipificados por lo que acuden a la CCI.

Los abusos por los que piden cuentas, dijo, sí son sistemáticos y hay pruebas: entre 2006 y 2011 se presentaron 5,369 quejas por violaciones a los derechos humanos en contra de miembros de las Fuerzas Armadas.

“No es una cuestión de opinión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado estas violaciones por parte de elementos del Ejército, de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública: torturas, violaciones sexuales y asesinatos”.

Algunos de estos presuntos delitos fueron delatados por los inconformes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde mayo pasado, pero no tuvieron respuesta.

Hartos de las “omisiones”, “encubrimientos” y “negligencias”, anunciaron que el 25 de noviembre de este año presentarán en La Haya una denuncia contra Calderón, funcionarios responsables de la seguridad y capos del narcotráfico en el contexto de la violencia derivada de la lucha contra el crimen organizado.

La Cancillería respondió que las acciones por la seguridad nacional son “con apego al Estado de Derecho” con el fin de detener la actividad de los delincuentes, llevar a sus miembros ante la justicia y evitar la violencia e inseguridad que generan.

“De no haber actuado con la contundencia mostrada desde el inicio de la Administración, muchas familias en diversas comunidades del país estarían a merced de los criminales”.

En un recuento de los logros federales a favor de las garantías individuales, recordó la reforma que eleva a rango constitucional a todos los tratados internacionales ratificados por México en materia de Derechos Humanos y de nuevas leyes promovidas por su administración, como la de migración (que iguala a nacionales y extranjeros); las reformas en materia de justicia penal (para juicios orales), y la reciente creación de la Procuraduría de Atención a Víctimas del delito.

“El Estado Mexicano actúa contra las organizaciones criminales, así como contra aquellos servidores públicos que han dado la espalda a sus deberes constitucionales y legales en perjuicio de la sociedad”, manifestó en la nota de Cancillería.

Los demandantes calculan que en un año aproximadamente la CPI podría resolver si su solicitud de investigación es procedente; para ese tiempo, Calderón estaría en los últimos días de su mandato que concluye en diciembre de 2012.

“Es un proceso largo, pero pensamos que vale la pena para sentar un precedente”, detalló Sandoval.