Crece la tensión entre ‘indignados’ de LA

A la luz de los violentos desalojos de “indignados” en Oakland y Atlanta, que terminaron con decenas de arrestos, los manifestantes contra Wall Street de Los Ángeles han tomado con cautela el anuncio del alcalde Antonio Villaraigosa de que “no pueden permanecer indefinidamente” en los jardines del Ayuntamiento.

“Si el alcalde se atreve a llamar a la autoridad para sacarnos será un día negro en la historia de nuestra ciudad”, dijo Mario Brito, dirigente del movimiento que acampa afuera del edificio de la alcaldía desde hace 27 días. “Yo estaré dispuesto a ser arrestado”.

Mientras tanto, en Oakland un centenar de personas fueron detenidas después de que las autoridades ordenaron despejar la explanada del Centro Cívico donde acampaban indefinidamente; por su parte, la Policía de Atlanta evacuó ayer un parque donde se concentraban decenas de “indignados” y detuvo a 52, que se negaban a abandonar el lugar.

El gobierno de Los Ángeles había sido benevolente con los “ocupantes”, ignorando una ley que prohíbe pernoctar en zonas públicas, proveerles seguridad o prometerles que podían quedarse ahí el tiempo que desearan, como les dijo hace unos días el presidente del Concejo Municipal, Eric Garcetti.

Sin embargo, ayer cambió la postura de Villaraigosa, quien argumentó que los cientos de “indignados” que pernoctan en casas de campaña han dañado el césped, los árboles y el sistema de aspersores del Ayuntamiento.

Citando a inspectores del condado, el alcalde comentó al periódico Los Angeles Times que también existe preocupación por las condiciones sanitarias del lugar.

“Las autoridades municipales han estado en diálogo continuo y abierto con los organizadores de ‘Occupy LA’; sin embargo, los manifestantes deben respetar las leyes y reglamentos de la ciudad y aunque se les ha permitido acampar en el césped del Ayuntamiento, no pueden continuar indefinidamente”, señaló el alcalde, según la página de Internet del diario.

Ahora el gobierno de esta ciudad trabaja en la identificación de otro sitio donde se puedan instalar los “ocupantes”, quienes ya habían planeado extender su territorio a la plaza Fletcher Bowron Square, frente al edificio de la Alcaldía.La pregunta que ayer permanecía en el aire era dónde colocar a unas 1,000 personas, según calculos de los líderes del grupo, sin volver a tener los problemas a los que ahora se enfrentan.

Ayer, las palabras de Villaraigosa sembraron dudas en el campamento, porque el mensaje fue enviado através de los medios de comunicación y sin conversar directamente con ellos.

“Nos pueden sacar de aquí pero vamos a regresar”, afirmó Carlos Marroquín, quien instaló una carpa para atender a víctimas de embargos de viviendas. “Nos pueden sacar como lo hicieron en Oakland, pero se pondrá peor”.

A diferencia de las más de 70 ciudades donde se realizan protestas similares, el gobierno de Los Ángeles aprobó una resolución que considera legítimas las demandas de Occupy LA, pero desde hace unos días el movimiento ha empezado a perder simpatía. Primero cuando se calculó que la reparación del pasto costaría unos 400,000 dólares y luego con una declaración del procurador Carmen Trutanich, quien comentó a la prensa que la aplicación de la ley no debe estar basada en el motivo de una protesta, sino en la salud y seguridad de los residentes.

Para Brito, las autoridades locales deben ver lo que pasó en Oakland esta semana, donde hasta el cierre de esta edición se reportaba una persona herida en un entrentamiento entre agentes de policía y un grupo de “indignados”, para anticipar lo que podría ocurrir en Los Ángeles.

“Aquí también nos podemos duplicar si nos echan”, advirtió Brito en entrevista con La Opinión, poniendo como ejemplo las movilizaciones que prosiguieron a los arrestos del martes por la noche. “Si nos sacan regresamos”.

Aquí, el único incidente con los agentes del orden ocurrió hace unos días afuera de una sucursal de Bank of America, en el centro de la ciudad, que concluyó con el arresto de diez personas que intentaron cambiar un cheque de 673,000 dólares, cantidad que la institución ha recibido del gobierno federal.

A diferencia de los “ocupantes” de Oakland, dijo Marroquín, en Los Ángeles se han realizado reuniones con las autoridades y la Policía, lo cual impediría un choque violento en caso de mover el campamento a otro lugar. “Éste es un movimiento de paz. Lo que sí queremos es que se escuchen nuestras voces”.