Defensa a la Ley de Alabama

DUDLEY, Carolina del Norte.- El gobernador de Alabama, Robert Bentley, quiere evitar una imagen negativa de su estado tras su promulgación de la HB56 contra los indocumentados, pero esa ley ha creado una cultura de delación y de repudio contra todo inmigrante.

Bentley, que ha recibido amenazas de muerte, ha dicho en días recientes que quiere limitar su contacto con la prensa para no “añadir leña al fuego” y no dar abono a quienes lo critican por haber firmado la HB56, ahora en el ojo de una prolongada batalla legal en las cortes.Por ahora, es difícil cuantificar el verdadero impacto económico de la ley HB56, que criminaliza la presencia de indocumentados en Alabama, aunque un tribunal federal ha bloqueado dos de sus cláusulas mientras examina su constitucionalidad.

Sin embargo, los analistas no vacilan en señalar que Alabama comenzará a sentir pronto los efectos de la ley, particularmente en sectores que dependen en gran medida de la mano de obra indocumentada.

Desde ya surgen quejas de los agricultores que empiezan a perder mano de obra, y abundan informes de prensa sobre los efectos nocivos de la medida más allá de los barrios poblados por la comunidad inmigrante.

El gobierno y los legisladores estatales de Alabama saltaron a impulsar una ley sin medir bien sus consecuencias porque, al menos en el sector agrícola -que es la espina dorsal de la economía estatal-, pocos se prestan a reemplazar a los trabajadores inmigrantes. Ni los presos en programas de trabajo temporales han servido de reemplazo.

Según un artículo del diario “Birmingham News”, ni los latinos nacidos en EEUU se escapan de la discriminación en Alabama, solo por el color de su piel o por su acento extranjero.

Ese fue el caso de Mónica Torres, una niña de 12 años nacida en EEUU de padres puertorriqueños. Ella recuerda cómo fue acosada por sus compañeros, quienes le gritaban insultos, confundiéndola con una mexicana. “Es ciudadana estadounidense y ni siquiera habla español. La cultura que se está creando (por esta ley) es que esto es aceptable”, se quejó el padre de la niña, Héctor Conde, también estadounidense.

Grupos cívicos y comunitarios del área de Birmingham, como el Southern Poverty Law Center, dan cuenta de miles de llamadas de extranjeros, incluso con residencia legal, que han sido víctimas de discriminación.

Una inmigrante indocumentada víctima de violencia doméstica acudió a un juez en busca de protección cautelar pero, en vez de ayuda, recibió advertencias de que podría ser deportada si continuaba el caso.

Otro juez le aconsejó a una abogada de inmigración que denunciara a clientes “sin papeles”, lo que supondría una clara violación del código de ética de su profesión.

Bentley se preocupa por los estereotipos negativos que persisten de Alabama pero, al firmar la HB56, ya ha decidido la imagen que quiere proyectar de su estado ante el mundo, y no es halagüeña.

La discriminación que institucionaliza la HB56 sólo le acarreará pérdidas económicas a un estado que, por lo demás, intenta desligarse de su pasado de segregación y racismo.

Sobre el papel, la HB56, considerada la más dura contra la inmigración ilegal en EE.UU., fue fuente de orgullo para sus promotores, que critican la presunta inacción del Gobierno federal para poner coto al paso de indocumentados.

Sobre el terreno, sin embargo, va camino de convertirse en una vergüenza nacional para un país forjado por inmigrantes.