Los recortes a los servicios y programas de las personas con autismo, síndrome down y retraso mental serían tan severos que los defensores de los derechos de estas personas han demandado al estado de California.
La demanda pretende ilustrar la forma en que el estado ha abandonado a las personas con este tipo de discapacidades, lo cual supuestamente ha puesto en riego su salud y seguridad.
De hecho, la querella pide a la corte que obligue al estado a cumplir con las obligaciones que establecen las leyes federales.
Hay alrededor de 245,000 personas con estos males, que dependen de los fondos estatales.
Tim Hombecker, presidente de la organización sin fines de lucro The ARC. For people with intelectual and developmental disabilities, esta demanda representa la última opción que han encontrado para hacer que California cumpla con su responsabilidad y con las leyes federales.
“Nuestra preocupación es que estas personas no están recibiendo los servicios que establece la ley. Y hemos visto cómo una agencia en San Diego cerró por falta de recursos. Tememos que la congelación de fondos que quieren hacer haga que otras agencias también cierren sus puertas”, manifestó Hombecker.
Añadió que la demanda explica que en los últimos 10 años no ha habido un ajuste de los pagos, ocasionando que muchas agencias recorten las horas a sus empleados y de servicios a las personas con este tipo de discapacidad.
“Son personas que jamás se recuperarán. Son personas que tienen discapacidades de por vida, pero que con la ayuda adecuada pueden mejorar sus vidas”, manifestó Hombecker. Este año se estima que el recorte o “congelación” asciende a 174 millones de dólares.
Algunos de los programas que han sufrido recortes debido a la congelación de fondos son: clases ocupacionales; terapia de lenguaje; intervención temprana.
“Estamos hablando de la población más vulnerable de California”, agregó Hombecker.
Erick Mercado, padre de Callum, un niño autista de 5 años de edad, no ha logrado que su hijo reciba unas clases llamadas “análisis aplicado de comportamiento” o ABA, que ayudan a los menores con este desorden a socializar y a trabajar mejor con otras personas.
“Debido a que no hay suficientes fondos, nos piden que si tenemos seguro de salud lo ocupemos. Pero hacerlo a través del seguro significa copagos por cada clase y en algunas ocasiones no aprueban todas las horas que se necesitan”, dijo Mercado.
Callum tiende a correr inexplicablemente. Las clases de ABA sirven para que la persona con este tipo de discapacidades controle su comportamiento.
“Mi hijo ha recibido ciertas clases parecidas a ABA, pero no es exactamente lo que necesita. A mí me da miedo que por no recibir estas clases, él salga corriendo de la escuela y se pierda o lo atropelle un carro”, dijo el padre.
Mercado tiene comunicación con otras familias afectadas por discapacidades mentales de desarrollo, y dijo que anecdóticamente se ha dado cuenta que son muchas las personas afectadas, ya sea porque no reciben la cantidad de horas que necesitan o porque no son aprobadas.
“Como contribuyentes de California, sabemos la necesidad de reducir costos a nivel estatal, pero no podemos permitir que el estado ponga en peligro a sus ciudadanos y arriesgue sus libertades civiles básicas”, aseveró Tony Anderson, director ejecutivo de ARC California.
“Es ilegal mutilar los servicios de ayuda básica que permiten que los californianos con discapacidades de desarrollo vivan de forma segura en sus comunidades”, acotó Anderson.
