Jueces median entre bancos y dueños de casa en apuros

SANTA ANA.- El Tribunal Superior de California en el Condado de Orange cuenta con un programa que pone cara a cara a los compradores de casa y sus prestamistas para tratar de llegar a una solución en los casos de modificación de préstamo que han sido ignorados o rechazados.

Se trata de una iniciativa establecida desde hace dos años por el juez Kirk Nakamura y que podría ser un modelo a seguir por los demás tribunales, como una medida para supervisar judicialmente que las resoluciones de modificaciones de préstamos no sean rechazadas de manera arbitraria.

Nakamura y su colega, el juez Francisco Firmat, realizaron ayer un foro informativo sobre este programa que desde su inicio a atendido alrededor de dos mil casos con un alto índice de éxito en las resoluciones a favor de los ocupantes de las viviendas.

“El banco aprecia las intenciones del propietario de la vivienda de hacer sus pagos, porque muchas veces lo consideran como alguien que solo quiere habitar la vivienda de manera gratuita”, comentó el juez Nakamura.

Para este programa, los 25 jueces civiles que hay en el condado de Orange reciben el apoyo de unos 30 jueces asistentes, quienes de manera voluntaria y gratuita sirven como mediadores en el proceso para llegar a una solución rápida y que las demandas no lleguen a juicio.

“Este programa de mediación en las modificaciones de préstamos se estableció buscando eficiencia y justicia al ver la enorme cantidad de embargos que se estaban dando”, comentó el juez Firmat.

En sus 25 años como juez, Firmat no había llevado un caso de modificación de préstamo, pero de pronto empezaron a presentarse más y más. En junio del año pasado la corte atendía 264 casos de este tipo y para febrero de este año la cifra se elevó a 616.

“El propósito de este programa es para intervenir en un momento en que están en riesgo de perder la casa y con supervisión judicial llegar a resolver el problema”, mencionó Firmat.

Los propietarios de casa tienen la posibilidad de demandar ante una corte civil a su banco o prestamista cuando considera que su solicitud de modificación de préstamo no ha sido tomada en cuenta.

Tal es el caso de Marcos Morales, quien en 2004 adquirió su casa en Canoga Park, en el condado de Los Ángeles, pero en junio de 2010, debido a que perdió su trabajo en la industria de la construcción, ya no pudo realizar sus pagos.

Morales hizo dos solicitudes de modificación de préstamo, pero el banco Chase con quien tiene la hipoteca no le respondió y de pronto le llegó una notificación de que su casa ya estaba en venta.

Sin embargo, debido a que este programa no existe en el condado de Los Ángeles, es muy difícil que una demanda civil pueda prosperar porque Morales tendría que pagar por una abogado.

El juez Firmat explicó que los bancos están obligados a tener un diálogo con el propietario de la vivienda cuando se hace una solicitud de modificación de préstamo y en caso de no hacerlo hay cabida para una demanda.

En estos casos es cuando la iniciativa de Nakamura ha sido muy valiosa, ya que se llega a un acuerdo más rápidamente gracias al proceso de mediación y no se llega a lo que podría ser un tardado y costoso juicio.

Peter Kuhns, representante de la Alliance of California for Community Empowerment (ACCE), comentó que al no existir este tipo de programas en el condado de Los Ángeles muchos bancos no dan la cara.

Por ello estarán realizando una campaña para tratar de convencer a un juez angelino para que se comprometa y establezca un programa similar, ya que además la corte no tiene que destinar recursos porque se trabajaría con abogados voluntarios como mediadores.

“No hay dinero de por medio, yo lo hago por servicio a la comunidad”, comentó Michael Garey Balmages, uno de los mediadores voluntarios de Orange.

De acuerdo con este abogado retirado, se trata de un magnífico programa que está funcionando en rescatar del desalojo a muchos propietarios de vivienda.

“En el condado de Orange tenemos un problema terrible con las ejecuciones hipotecarias, especialmente en Santa Ana con la comunidad hispana”, dijo Patricia Pinto, abogada de la organización Legal Aid Society, la cual ofrece consejería dos veces al mes a quienes están en ese problema.