Con los resultados del Censo 2010, los latinos parecían más que nunca preparados para ejercer una mayor influencia política en los Estados Unidos.
En los últimos 10 años, la población hispana creció un 43 por ciento, más de cuatro veces la tasa de crecimiento del 9,7 por ciento del país entero.
Pero a medida que los estados de California a Nevada y Colorado a Texas trazan los mapas para nuevos distritos electorales- un proceso realizado cada diez años que es mandado por la Constitución para asegurar de que las fronteras políticas reflejan cambios demográficos- es evidente que los hispanos están siendo estafados.
Aunque la población latina aumentó en 15,2 millones a nivel nacional, su poder político, medido por el número de distritos electorales en los que los hispanos son la mayoría, se ha mantenido estancado en muchos estados o incluso ha retrocedido.Los partidos y los políticos desesperados por mantener sus puestos tienen gran parte de la culpa,
“La redistribución de distritos casi siempre se reduce a la técnica de auto-preservación”, agrega el consultor político Andrés Ramírez, presidente del Grupo Ramírez con sede en Las Vegas.
La discriminación racial no es una razón importante para el lento avance en el proceso este año. “En general, hay muchos otros factores en juego para que el racismo importe en el proceso”.
Los defensores señalan a Texas, el estado de crecimiento más rápido en el país, como el ejemplo primordial de la estafa a la población hispana. Aunque los latinos llevaron el 65 por ciento del crecimiento del estado en la última década y ahora representan el 37 por ciento de la población, la Legislatura dominada por republicanos sólo produjo un distrito latino entre los cuatro nuevos distritos electorales que se crearon.
De los 36 distritos del Congreso federal, sólo un 19 por ciento son “distritos de oportunidad” latinos. Estos distritos no aseguran que se elija un latino, sólo que la población latina votante está contenida dentro de un área que le permite elegir a un candidato de su preferencia.
La ciudad predominantemente demócrata de Austin se ha partido en cinco distritos electorales, frente a los tres distritos de antes de la reasignación actual.
El único distrito en la ciudad donde un demócrata probablemente va a ganar la elección al Congreso es también el único con una concentración de hispanos.
Mientras tanto, en los mapas de la Cámara de Representantes, los latinos pierden dos distritos de oportunidad. Gold señala los mapas de redistribución de distritos en Texas entre los “peores” que ha visto.
Texas está bajo vigilancia federal desde hace una década por su historia de crear planes de distritos injustos. Debido a esa historia, cualquier mapa electoral – del Congreso, el Legislativo, o local – debe obtener la aprobación del Departamento de Justicia antes de su entrada en vigor.
En 2001 y 2006, los tribunales federales volvieron a dibujar los mapas de Texas para garantizar la conformidad con la Ley de Derecho al Voto.
Esta primavera, el Mexican American Legislative Caucus presentó una demanda acusando a la Legislatura de haber intencionalmente diluido la fuerza electoral de los latinos y los afroamericanos. Esa demanda, que se ha combinado con casi una docena de otras demandas de redistribución, llegó a juicio el 6 de septiembre. “Tiene que haber menos énfasis en el partidismo y más atención a la Ley de Derecho al Voto”, dice Luis Figueroa, abogado legislativo de MALDEF, Fondo México Americano para la Defensa Legal y Educación
Figueroa afirma ambos partidos en Texas contribuyeron a diluir la fuerza política de los latinos en los mapas de 2011.
¿Será la respuesta establecer un panel independiente encargado de la redistribución de distritos, como lo hizo California por primera vez este año? Figueroa no lo cree así.
Argumenta que ya sea un panel independiente o una legislatura estatal que conduzca la redistribución de distritos, la clave seguirá siendo el cumplimiento con la Ley de Derecho al Voto. Durante la redistribución de distritos, “Hemos visto grupos independientes rebanar a los latinos y empaquetarlos”, dice.
La Comisión elaboró solo un distrito de Asamblea y distrito Congresional en el Valle Central con mayoría latina.
En Nevada, donde los latinos ahora constituyen más de un cuarto de la población, el proceso de redistribución se detuvo en junio después que los demócratas y los republicanos en la legislatura estatal no se pudieron de acuerdo respecto a un plan.
Los demócratas acusaron a los republicanos de diluir el poder del voto de las minorías al “empaquetarlos” en un número limitado de distritos. Los republicanos, por su parte, acusaron a los demócratas de debilitar el voto latino mediante la difusión de las poblaciones minoritarias en todos los distritos.
En Colorado, la legislatura no pudo llegar a un consenso sobre un mapa para el Congreso a principios de este año. Esto llevó a legisladores republicanos y demócratas a presentar demandas legales en una corte federal en Denver, a las cuales se han unido grupos defensores de los latinos. Los hispanos representaron más del 41 por ciento del crecimiento de Colorado durante la última década, y los defensores tratan de proteger sus derechos electorales en el área de Denver, y los condados de Morgan y Weld, y el sur de Colorado.
En Arizona, los hispanos también se llevaron casi la mitad del crecimiento de la población del estado, resultando en un nuevo escaño del Congreso. Como la comisión de redistribución del estado, creada por los votantes en el año 2000, realiza las actualizaciones de las líneas electorales, los demócratas están presionando para que el nuevo distrito noveno congresional sea colocado en un área con una alta concentración de latinos.
Los republicanos, sin embargo, han acusado a la comisión, formada por dos demócratas, dos republicanos y una presidenta independiente, Colleen Mathis, de tendencia liberal, en parte porque el esposo de Mathis ha trabajado en la campaña de un legislador estatal demócrata. Algunos han pedido su destitución y otros han llamado a una elección especial para deshacer el proceso de la comisión de redistribución de distritos y devolver la autoridad a la Asamblea Legislativa.
Los republicanos de Arizona están en desacuerdo en particular con la elección que hizo el panel de un demógrafo que trabajó para la campaña de Obama en 2008 y están investigando si hubo violación a leyes de transparencia en las reuniones del grupo.
El Procurador General Tom Horne también ha presentado una demanda oponiéndose al mandato de la VRA de que el gobierno federal apruebe los mapas de redistribución de distritos en Arizona debido a su historia de discriminación contra los latinos. El gobierno federal ha rechazado los últimos tres planes de mapas del estado.
¿Reacción en las urnas? Ramírez dice que los legisladores que no abogan por la comunidad latina en el proceso de redistribución de distritos sentirán el peso de esa decisión en las urnas el próximo año.
“Para el momento que lleguen las elecciones de 2012, los latinos sabrán muy bien donde se encuentra cada partido y candidato en la redistribución de distritos electorales y sobre ampliar las oportunidades para los latinos”, dice.
“Es probable que los latinos castiguen a los candidatos frente a sus esfuerzos en los distritos clave”.
El Partido Republicano no le teme a la ira de los electores latinos, ya que todavía puede ganar sus campañas sin el apoyo de la mayoría de los votantes hispanos, dice Ramírez. Muchos republicanos no viven en distritos con altos porcentajes de latinos suficiente para afectar sus resultados electorales, agrega. “Y quieren que siga siendo así al empaquetar a muchos latinos en los menos distritos que sea posible”.
“Ningún partido político puede ganar sin una estrategia para llegar efectivamente a los latinos y los temas de interés para ellos”, dice.
